Opinión | Editorial

La crisis de Sa Unió no puede bloquear el Consell de Formentera

Un escueto y críptico comunicado del presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico, Llorenç Córdoba, que dejaba traslucir su malestar con el Govern balear de Marga Prohens y le advertía de que no debía dar por sentado su apoyo incondicional en el Parlament, ha acabado por desencadenar una crisis irreversible en el equipo de gobierno de la institución formenterense, apenas seis meses después de haber tomado posesión.

Todos los consellers y los dos partidos que integran la coalición Sa Unió -PP y Compromís- han pedido la dimisión de Córdoba, acusándole de presionarles a ellos mismos y al Govern con la única finalidad de lograr un sobresueldo para incrementar considerablemente las retribuciones que ya recibe del Consell y del Parlament, que rondan los 80.000 euros al año, y poder afrontar así su mala situación económica personal. El presidente de Formentera lo niega, se resiste a marcharse y dice que está siendo víctima de un chantaje orquestado por el PP desde Mallorca. El enfrentamiento ha llegado ya a un punto de no retorno y los consellers de PP y Compromís han hablado incluso con los de la oposición (Gent per Formentera y PSOE) para pedir su apoyo de cara a una eventual moción de censura para deponer a Córdoba «y restablecer la dignidad de la institución».

En apenas dos semanas, Llorenç Córdoba ha pasado de encabezar como independiente la coalición de centroderecha que logró la mayoría absoluta en el Consell y el escaño en el Parlament a ser desahuciado políticamente por sus propios compañeros. Todo indica que la crisis se ha precipitado ahora porque el propio Córdoba ha puesto ingenuamente en bandeja al PP y Compromís un argumento para socavar su credibilidad, pero que había ya una corriente de fondo que venía de lejos y cuestionaba seriamente su idoneidad para ocupar la presidencia del Consell. «El puesto le venía grande», ha dicho públicamente el líder del PP en Formentera y vicepresidente tercero de la institución, José Manuel Alcaraz. Y en su propio grupo se había barajado la posibilidad de sustituirle por otro conseller de Sa Unió antes de que difundiera el comunicado que desató las hostilidades.

Córdoba admite que pidió que se le compensara el dinero que tenía que poner de su bolsillo por gastos derivados de su actividad política, pero sostiene que ha actuado siempre para defender los intereses de Formentera ante el Govern. Sin embargo, este argumento hubiera sido más verosímil si primero se hubieran conocido sus reivindicaciones y después hubiera explicado si alguna de ellas había sido desatendida. Podría incluso entenderse que quisiera ir por libre y no compartir su estrategia negociadora con el PP de Formentera, pero para ello tenía que haber tejido otras complicidades sociales y políticas en la isla que hicieran asumible su actuación y pudiera contrarrestar ahora el relato de su interés en lograr un beneficio personal.

Si el presidente no dimite, su relevo a través de una moción de censura es prácticamente inviable. El artículo 197 de la Ley de Régimen Electoral General, controvertido jurídicamente, en su interpretación más restrictiva lo hace imposible y en la más permisiva exigiría el concurso de la oposición, que no ha dicho aún si piensa involucrarse o inhibirse en esta crisis interna de sus adversarios. Sin moción de censura ni dimisión voluntaria, la gestión del Consell de Formentera resultaría imposible si Córdoba se mantiene en el cargo y todos los consellers de Sa Unió deciden renunciar a sus áreas de gestión y abandonan el gobierno insular. Y finalmente está la peor pesadilla de Sa Unió: que Córdoba dimitiera o pudiera ser depuesto como presidente pero no renunciara a su acta de concejal/conseller y tuviera la capacidad de condicionar con su voto las mayorías necesarias para gobernar. La situación es endiablada, porque cualquier solución que no sea la dimisión voluntaria de Llorenç Córdoba de todos sus cargos tiene efectos desestabilizadores para el Consell. De ahí la presión encarnizada que Sa Unió y los partidos que la integran están ejerciendo sobre él con todos los medios a su alcance, incluidos los que socavan su ámbito más personal.

Llegados a este punto, conviene recordar que la misión esencial de los cargos públicos elegidos para representar al pueblo de Formentera es servir al interés general de la isla, de modo que hacer ingobernable el Consell sería precisamente todo lo contrario: ir en contra del interés colectivo.

PP y Compromís situaron a Córdoba al frente de las candidaturas de Sa Unió y ahora le han retirado su confianza, denuncian que su conducta pretendía sacar un provecho personal y le piden que se vaya; es verdad que son los primeros responsables del desaguisado, pero lo han asumido y han pedido disculpas por ello al pueblo de Formentera. Ambas fuerzas políticas y sus consellers son imprescindibles para garantizar la gobernabilidad del Consell; en cambio, Llorenç Córdoba, ya sin apoyos, aislado y en un entorno institucional y político completamente hostil, tiene muy poco margen de maniobra. Es lógico que trate de defender su honor y su dignidad, pero enrocarse en un cargo que no podrá ejercer no aportaría nada constructivo, sólo bloquear o dificultar la acción del Consell. Y en este caso los perjudicados no serían quienes le quieren defenestrar, sino todos los ciudadanos de Formentera.

DIARIO DE IBIZA