Opinión | Editorialopi

El precinto de los pisos turísticos ilegales es clave

La posibilidad de precintar los pisos dedicados de forma ilegal al alquiler turístico es una medida clave en la lucha contra esta actividad, que ha distorsionado por completo el mercado de la vivienda en Ibiza y Formentera, hasta el punto de convertirlo en un drama para gran parte de la población y un grave obstáculo para el correcto funcionamiento de empresas, administraciones y servicios públicos.

La posibilidad de clausurar pisos arrendados a turistas para impedir que los promotores los sigan explotando y haciendo caja mientras se tramita la denuncia y se impone correspondiente sanción es una reivindicación más que justificada del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, desde la anterior legislatura. Ahora el Govern balear, gobernado también por el PP, ha incluido la reclamación de Marí en el decreto de medidas encaminadas a reducir el precio de la vivienda en Balears, cuya efectividad se podrá comprobar en breve, pues aunque la temporada ya está acabando, la vivienda turística sin licencia que se promociona en las grandes plataformas de internet, especialmente Airbnb, también se mantiene en invierno.

A priori, y a falta de ver cómo y con qué medios se ejecuta, el precinto de los pisos arrendados ilegalmente debería marcar un antes y un después en la lucha contra esta oferta ilegal que supone además una competencia desleal con respecto al sector de alojamientos turísticos que opera legalmente. El garantismo propio de los procedimientos administrativos sirve a los infractores para dilatar sine die la resolución de los expedientes y las posibles multas, que cuando finalmente se pueden cobrar, mucho tiempo después de la denuncia, representa una cantidad mínima en comparación con el dinero que los arrendadores han podido seguir ganando mientras tanto.

Esta misma semana hemos conocido un dictamen del Consell Consultiu en el que detalla la estrategia de dilación y las triquiñuelas que utilizan los infractores para evitar la multa o retrasarla una y otra vez. El informe de este organismo relata el caso de un expediente sancionador iniciado por el Consell en abril de 2020, a raíz de una denuncia recibida por mail en noviembre de 2017, y que todavía, seis años después, no se ha podido cerrar, después de que el infractor utilizara todo tipo de artimañas para evitar ser notificado. Mientras tanto, nada ha impedido que el piso siguiera usándose ilegalmente para el alquiler turístico, y generando de esta forma cuantiosas ganancias.

A partir de ahora, los consells tendrán la posibilidad de aplicar medidas cautelares como el precinto del piso, que es lo que realmente puede hacer daño a quienes se dedican clandestinamente a esta actividad, no sólo porque no podrán continuar con el negocio, sino porque romper el precinto e ignorar el cierre abrirá la vía penal y la eventualidad de enfrentarse a un delito de desobediencia.

Habrá sin duda quienes quieran poner a prueba al Consell manteniendo el arrendamiento ilegal a turistas a pesar de los precintos, de manera que la institución tendrá que ser ágil y contundente para que la medida surta el efecto disuasorio que persigue. El cierre y precinto de los pisos turísticos ilegales es un instrumento que puede ser muy efectivo y supone un importante avance en la lucha contra esta plaga; sin erradicarla será muy difícil lograr por otros medios que haya más viviendas al mercado del alquiler para residentes y trabajadores de temporada a un precio más asequible.

El combate contra la especulación a costa de la vivienda debe ser una prioridad de las administraciones, puesto que los perniciosos efectos que tiene se agravan año tras año y sólo la intervención de las instituciones puede poner un freno o revertir la tendencia, que ha dinamitado la economía y la estabilidad social de las Pitiusas. En este objetivo trascendental, es imprescindible también que los consells pongan a trabajar un número suficiente de inspectores, técnicos y personal administrativo para detectar, tramitar y sancionar con mayor celeridad los pisos turísticos ilegales. En este sentido, resulta sorprendente que el Consell de Formentera anunciara esta semana que ha contratado a su primer inspector de turismo para controlar el alquiler turístico ilegal, cuando en esta isla el problema de la vivienda, provocado también por el desvío masivo y fuera de la ley de viviendas a este mercado, provoca una acuciante falta de trabajadores (tanto en el sector privado como en el público), y aboca a la más absoluta precariedad vital a docentes o sanitarios, por poner solo dos ejemplos de personal indispensable para la sociedad. Es inaudito y lamentable que Formentera no haya tenido hasta ahora ni siquiera un inspector en este ámbito, cuando se trata de un problema que se arrastra desde hace décadas.

El Govern ha proporcionado una herramienta muy útil a los consells que puede suponer un punto de inflexión en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, pero ahora dependerá de las instituciones aplicarla y dar un nuevo impulso a la inspección y sanción de esta actividad ilegal que tanto daño está haciendo a nuestras islas.

DIARIO DE IBIZA