La chapuza del mercadillo

Platón dejó escrito que «allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber buen gobierno ni reinará la concordia». Si trasladamos esta reflexión al reducido territorio pitiuso, no hallaremos plaza más disputada que la de Sant Joan de Labritja, un Reino de Taifas las pasadas elecciones, ni manera más discordante de iniciar una legislatura. Aquello que debía de ser una noticia positiva, como es la recuperación del popular mercadillo dominical tras once meses de inexplicable cierre, ha acabado convirtiéndose en un lío monumental donde, según los afectados, predominan la injusticia y la falta de iniciativa para corregirla.

El Ayuntamiento aprobó unas bases reguladoras para conceder las preceptivas autorizaciones a los vendedores ambulantes, que no solo están trufadas de subjetividades, dicen ellos, sino que además contienen baremos objetivos que se han incumplido flagrantemente. El resultado es que se han otorgado puestos a quien no los merece y se ha dejado fuera a vendedores históricos, cuyos productos figuraban entre los más exitosos.

Me explican dos miembros de la Asociación de Vendedores del Mercado de Sant Joan, que aglutina a más de 70 comerciantes, que, aunque ellos sí han logrado entrar, están disconformes con que 30 de sus colegas hayan quedado apartados inmerecidamente. Las bases no han tenido en cuenta la realidad del mercadillo y, además, por culpa de errores no solventados a la hora de puntuar, han sido incumplidas por el propio consistorio.

Dichas bases establecían un máximo de 100 puntos para cada vendedor, que se repartían en cuestiones como el tipo de producto (hasta 40 puntos), la formación (30 puntos), ser residente en el municipio (20 puntos) y la antigüedad en el mercadillo (10 puntos). Según estas personas, se han producido errores tan sangrantes como que residentes en el municipio no hayan recibido los 20 puntos por este concepto o que a vendedores históricos no se les haya concedido antigüedad.

Explican también que se han producido innumerables errores en la asignación de la tipología de producto. Había un número determinado de plazas para ropa, bisutería, joyas, artesanía, etcétera, y cada vendedor debía señalar su categoría. Sin embargo, el consistorio ha acabado adjudicándoles otra distinta, de manera aleatoria, cuando, si se hubiese respetado la indicada, sí habrían obtenido la puntuación necesaria para la plaza.

A ello hay que sumar las cuestiones que sí son subjetivas, como la valoración de los productos presentados por los vendedores, donde, según manifiestan, se han producido injusticias como que géneros prácticamente similares registren la puntuación máxima de 40 puntos en unos casos y cero en otros. Los vendedores incluso afirman que, cuando en una reunión le preguntaron a la concejala responsable que con qué criterios se otorgaba la puntuación a los productos de cada vendedor, ésta les respondió, literalmente, que lo valoraba ella, con su equipo, dependiendo de cómo le sentara el café de la mañana. El resultado, según apostillan, es que se han calificado como ecológicos productos que no lo son y se ha dejado fuera algunos de los más emblemáticos y originales. Consideran, con toda lógica, que quien debe valorar el género deben de ser expertos y no personas sin conocimiento.

Lamentan, asimismo, que la antigüedad puntúe solo un máximo de diez y que la reciban tanto quienes llevaba un año en el mercadillo como aquellos que lo iniciaron una década atrás, con toda la incertidumbre que supuso. Otro aspecto conflictivo es la concesión de 15 puntos por tener carnet de artesano, cuando el resultado es que algunos beneficiarios de esta condición exponen un par de artículos autoconfeccionados para disimular y el resto son piezas adquiridas en otros lugares. Y lo mismo sucede con productos supuestamente fabricados en Ibiza, que en realidad son importados.

Los propios afectados han ofrecido una solución razonable al problema, que consiste en ampliar el cupo actual de 95 puestos a 110, algo que el Ayuntamiento ya indicó en su momento que podía estudiarse. Las 15 plazas restantes se cubrirían con rotaciones, de forma que cada vendedor descansaría un domingo cada dos meses. Conviene no olvidar que todas estas peticiones las plantea una asociación que representa a casi el 80% de los vendedores y que, además, llueve sobre mojado, ya que el colectivo del mercadillo se encuentra muy afectado económicamente tras once meses de cierre y varias temporadas a trompicones por la pandemia.

No tengo duda respecto a las buenas intenciones por parte del nuevo equipo de gobierno, pero el resultado es el que es. La equidad y la justicia son valores esenciales en cualquier Administración y en Sant Joan, según denuncian los afectados, no se están cumpliendo. Procede afrontar el problema, aunque suponga un galimatías burocrático, y traer paz y estabilidad a un mercadillo que constituye un medio de vida para un centenar de familias, además de uno de los principales atractivos de la isla durante todo el año.

@xescuprats

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