Opinión

Una buena dosis de ibuprofeno

«La interferencia sin precedentes del TC en la actividad del poder legislativo ha tenido efectos múltiples»

La tormenta que ha provocado la decisión del Tribunal Constitucional de impedir que el Senado vote la reforma de la ley que facilitaría su renovación ha encapotado de tal modo el debate político que la Cámara Alta aprobó sin mayor jaleo la eliminación del delito de sedición y una modificación del de malversación que, según a quien se escuche, beneficiará a los corruptos o, por el contrario, dificultará que el dinero público se utilice con fines espurios. Ambas reformas constituyen esa dosis elevada de ibuprofeno que el presidente Pedro Sánchez había prometido aplicar para desinflamar la situación catalana, tan enconada por el ‘procés’ y tan necesitada de un bálsamo que la vaya calmando. De momento, y pese a todas las críticas, el doctor Sánchez parece estar acertando con el tratamiento prescrito. No hay más que ver los sondeos del CEO.

La interferencia sin precedentes del TC en la actividad del poder legislativo ha tenido efectos múltiples. Ha impedido al Senado continuar la tramitación de una ley y sienta, por ello, un grave antecedente, pero ha procurado una unanimidad en el Gobierno y en el bloque de la investidura inimaginables una semana antes. Ha conseguido también que se aplacaran las críticas internas en el PSOE a lo que algunos barones consideraban una cesión al independentismo, que podría perjudicar sus aspiraciones electorales.

Que las reformas se aprobaran finalmente sin polémica pública no fue, como se quejó el popular Maroto, porque el debate y la votación quedaran opacados por el sorteo de la Lotería de Navidad. Más bien ha sido la consecuencia del recurso al TC presentado por el PP, al que le ha salido el tiro por la culata: ha eclipsado las críticas; lejos de sembrar cizaña entre los socialistas, los ha consolidado; y en lugar de generar desafectos entre los votantes de izquierda, los ha movilizado a favor del Gobierno. De rebote, ha dejado nítidamente claro que nada preocupa más a los populares que mantener el control de las instituciones judiciales. El Tribunal Constitucional, particularmente.

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