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Pablo quiere ser jardinero y no le dejan

Pablo tiene 18 años y quiere ser jardinero. Además de ilusiones, un futuro, sus propios gustos y preferencias, Pablo también tiene una discapacidad intelectual moderada. Un informe del orientador del instituto donde estudia dice que Pablo puede cursar la Formación Profesional básica de jardinería -que es lo que quiere- si cuenta con un auxiliar técnico educativo de apoyo. Pero hay un muro contra el que Carmen, la madre corajuda, y la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (Apies) se están dando de bruces desde 2020: la conselleria de Educación, la Administración que debería velar por que los chavales con necesidades educativas especiales tuvieran los apoyos que requieren para formarse y hacer lo que les gusta. A Pablo le encanta la jardinería, pero los burócratas de despacho han decidido que no puede seguir estos estudios y le ofrecen los de cocina. O que vaya a un programa de transición a la vida adulta para aprender a hacer cosas que ya sabe, como la cama. Ni Pablo ni su madre ni la asociación, tampoco yo, entendemos por qué Pablo no puede estudiar jardinería, por qué la conselleria se niega a ponerle el auxiliar que necesita, por qué Carmen tiene que romperse la cabeza contra un muro y recoger firmas y poner recursos para que su hijo pueda estudiar lo que le gusta.

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