El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, se ha visto obligado a cambiar sus planes de pactar con la televisión local TEF un contrato por una cantidad desproporcionada que no se justifica con su audiencia: en total, 152.000 euros para este año y los cinco primeros meses de 2023 (hasta mayo, cuando se celebrarán las elecciones). Serra ha decidido reducir a la mitad el importe del contrato, no porque se haya convencido de que era una decisión arbitraria, inmoral y con visos de ilegalidad, sino para evitar que su socio de gobierno Joan Torres, de El Pi, contrario a ese gasto, votara en contra de los presupuestos y los tumbara, lo que habría abierto una grave crisis y un escenario muy complicado para el PP. En esa tesitura, no le hubiera quedado más remedido que destituir a Torres, lo que habría dejado en minoría al equipo de gobierno el año y medio que queda de mandato.

El alcalde sigue defendiendo el contrato original con la TEF y ha dejado claro que si lo recorta es para garantizar la gobernabilidad, no porque sea un escándalo dedicar el 80% de la partida destinada a la publicidad institucional este año a una televisión local cuya audiencia no se corresponde en absoluto con este porcentaje. Un ayuntamiento no puede gastar el dinero reservado para la publicidad institucional como le venga en gana a sus responsables políticos, ni en los medios más afines ni primar a unos soportes sobre otros sin tener en cuenta la cuota de audiencia de cada uno de ellos. Cualquier otra interpretación de la Ley de Publicidad Institucional de Balears, como la que hace el alcalde, es defender la discrecionalidad y la arbitrariedad, y retorcer el espíritu de la norma para justificar una decisión que no se sostiene en criterios objetivos.

Alega el alcalde que el Ayuntamiento puede elegir el soporte que quiera para la publicidad municipal, y luego repartir el dinero, dentro de cada soporte, en función de la audiencia. Pero destinar el 80% de la partida a la única televisión local, que tiene una audiencia muy inferior a la de la prensa (tanto en sus ediciones impresas como digitales) o la radio, es una decisión que solo se explica por el interés partidista de beneficiar a un grupo de comunicación, Prensa Pitiusa, en detrimento de los demás medios de Ibiza.

La publicidad institucional, pagada con dinero público, se ha utilizado tradicionalmente para castigar a los medios más independientes y menos afines a los responsables políticos de turno, y al mismo tiempo para premiar a los que se prestan a ser un instrumento de propaganda al servicio de intereses partidistas. No es nada nuevo, tampoco en esta isla.

La rectificación del alcalde, forzada por Joan Torres y no porque él crea que había sido un error, no es suficiente. La mitad del contrato original con TEF sigue siendo una cantidad desorbitada que no tiene correspondencia con la audiencia de esta televisión local. Marcos Serra no ha querido explicar nunca en qué cifras se basa para hacer el reparto de la publicidad institucional del Ayuntamiento, más allá de su preferencia personal por la televisión, para justificar el gasto en TEF. La negativa del alcalde a aprobar un plan de medios que garantice que la distribución de la publicidad institucional se hace de acuerdo con criterios objetivos de audiencia, y no por decisiones subjetivas y arbitrarias, tampoco es una buena noticia, porque demuestra que Serra no tiene intención de corregir su política y de introducir unas normas y una transparencia necesarias para evitar el favoritismo en la distribución del gasto en publicidad institucional.

Diario de Ibiza seguirá defendiendo que el dinero de los ciudadanos que las instituciones quieran gastar legítimamente en comunicación pública no puede servir para favorecer intereses particulares, de partido o de empresas afines, sino que debe invertirse con arreglo a unos criterios rigurosos y objetivos, basados en audiencias acreditadas. Se trata de hacer el uso más eficiente de esos recursos, no de malgastarlos caprichosamente y tratar de vestir luego el apaño con interpretaciones insostenibles y cierta apariencia de legalidad.