El despropósito de Ca na Putxa es de manual. Cuando sabemos que al vertedero le quedan menos de 8 años de vida útil, se construye una planta de triaje con un coste de 40 millones y se talan 35.000 m2 de masa forestal. Y como el objetivo será amortizar la inversión, es evidente que la empresa tratará de alargar tanto como pueda la vida de la explotación. Creo recordar, por cierto, que el pasado septiembre, en estos mismos papeles, ya se advertía sobre el colapso que en la isla podía tener, a corto plazo, la gestión de residuos. ¡Como si oyeran llover! Pasan los meses y el Consell hace lo del avestruz, esconde la cabeza debajo del ala. No sabe, no contesta y el problema sigue ahí. A nadie se le escapa que si se prorroga el final del vertedero lo único que estaremos haciendo es demorar la solución que necesariamente, más pronto que tarde, tendrá que afrontarse. En Ca na Putxa sumamos error sobre error. Y los errores se pagan. El problema es que no lo pagan quienes toman las decisiones en un despacho. Lo pagamos los ciudadanos y, muy especialmente, las comunidades que están a dos pasos del vertedero y tienen que soportar las ratas y los malos olores que provoca la instalación.
Como los políticos cambian, vienen y se van, lo de ‘qui dies passa, anys empeny’ les sale a cuenta. Pero el problema queda y es una bola que crece. La Administración sabe que encontrar una nueva ubicación no es algo que pueda hacerse de un día para otro.
A estas alturas, ya tendrían que estar sobre la mesa las posibles alternativas y las medidas necesarias que habrá que tomar para clausurar el vertedero en no más de 7 o 8 años. Y no sólo eso, también para preparar la restauración ambiental y renaturalización de Ca na Putxa, cosa que no conseguiremos en menos de otros 20 o 25 años. Estos días tenemos la noticia de la restauración del clausurado vertedero metropolitano de Barcelona en el Garraf, tras 30 años de explotación. Debería cundir el ejemplo y no esperar a que el problema se nos vaya de las manos, cosa que ya está sucediendo.
