Con motivo de la pandemia que asola a nuestro país, estamos viviendo desde hace más de un año una situación tremendamente dura; los acontecimientos se suceden velozmente, lo que vale para hoy posiblemente no valdrá para mañana, lo que unido a la vertiginosa rapidez de los cambios y a unos políticos «líquidos» (recojo la teoría del filosofo Zygmunt Bauman, en su ensayo ‘Modernidad líquida’, que sostiene que los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan una forma durante mucho tiempo y están dispuestos siempre a cambiarlos) hacen de los tiempos que vivimos una situación caótica, con ideas y valores cambiantes, en función de por dónde soplan los vientos, que recuerda la famosa frase de Groucho Marx «estos son mis principios, si no les gustan tengo otros».
La avalancha de noticias en estos tiempos de locura colectiva es tal que lo que escribo hoy, posiblemente mañana habrá cambiado y mi artículo, cuando se publique, dejará de tener interés, pero aun así no me resisto a escribir estas líneas, a modo de recordatorio porque la memoria es frágil y no es conveniente olvidar, por lo que, para una mejor comprensión, he dividido lo acontecido en España en tres partes: pasado, presente y futuro de la pandemia.
El pasado
El 2 de marzo de 2020, en un informe del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades se hizo hincapié en que, dentro de las medidas de distanciamiento social que debían promover los estados miembros de la Unión Europea, una de las principales era «evitar acudir a actos multitudinarios». Sin embargo, incomprensiblemente, el Gobierno no sólo desoyó el consejo sino que animó a los españoles a acudir a las manifestaciones, (solo en Madrid fueron cincuenta y cinco) que se celebraron con motivo del 8 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Se habían aplazado las Fallas de Valencia, la Final de la Copa del Rey, la Feria del Libro, se había cerrado el Museo del Prado, la Universidad Complutense, pero aun así Sánchez, para esquivar el desgaste político y contentar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la vicepresidenta Carmen Calvo, que mantenía que las mujeres debían asistir porque «les va la vida en ello», consintió la manifestación y centenares de asistentes, entre ellas ambas ministras, resultaron contagiadas.
Que el coronavirus es agresivo y contagioso, nadie lo duda, pero dicen los expertos que con la prevención y una respuesta rápida y adecuada se podría haber frenado. Lo cierto es que, como recoge la propia Organización Mundial de la Salud a través del informe encargado a un Comité de Expertos Independientes, febrero de 2020 fue un mes perdido en el que se podrían haber tomado medidas para contener la propagación del virus y prevenir la catástrofe sanitaria, y no se hizo.
El 13 de marzo, cinco días después de las citadas manifestaciones, el presidente del Gobierno declaró el Estado de Alarma mediante el Real Decreto 463/2.020, de 14 de marzo.
No voy a entrar a día de hoy a valorar la constitucionalidad del citado decreto de 14 de marzo, ni de la sucesiva e ingente normativa aprobada durante el mismo. Aunque a mi modesto entender se utilizaron instrumentos jurídicos equivocados, pienso que o bien se trataba de un estado de excepción encubierto (lo más probable) o de un estado de alarma extralimitado, porque permitió al Gobierno de la Nación restringir derechos como el de movilidad, manifestación o reunión y, además, efectuar contratos sin licitar y sin publicitar, gobernar a golpe de decreto o de orden ministerial, eludir la Ley de Transparencia, poner filtros a las preguntas que la prensa hacía al Gobierno, restringir los mensajes, evaluar la verdad o falsedad de las noticias y minimizar el control parlamentario, dictándose normas de inmenso calado económico y de todo tipo que nada tenían que ver con cuestiones sanitarias ni de orden público.
La propagación del virus, el alto numero de vidas perdidas, el temor al contagio propio y ajeno, la amargura de la soledad, la pérdida de trabajo, la ruina de los negocios, convirtieron a la sociedad española en una sociedad cautiva, silente, y paralizada, lo que no evitó afortunadamente, la interposición de varios recursos de inconstitucionalidad contra normas dictadas aprovechando la situación y el pánico de la sociedad. En la mesa del Tribunal Supremo quedan catorce recursos de inconstitucionalidad planteados, uno de ellos el 8/2.020, ya ha sido resuelto por el Pleno que declaró inconstitucional la disposición del Gobierno que incluía a Pablo Iglesias e Iván Redondo en la cúpula de los servicios de inteligencia (CNI), por contravenir el Art. 86.1 de la Constitución que fija que sólo para extraordinaria y urgente necesidad puede el Gobierno dictar decretos leyes.
Tuve el honor de ser consejera de Estado durante cinco años bajo la presidencia de José Manuel Romay Beccaría y allí pude comprobar no solo la valía humana e intelectual de quienes allí trabajan, sino el rigor jurídico de quienes velan por la observancia de la Constitución y del conjunto del Ordenamiento Jurídico, emitiendo dictámenes con plena independencia, objetividad e imparcialidad. Seguramente fue por eso por lo que el Gobierno obvió al máximo solicitar dictámenes, con malabarismos tales como la utilización de las proposiciones de ley a través de grupos parlamentarios, en vez de proyectos de Ley y poder así escapar de la opinión ajustada a derecho del Consejo de Estado. Así se hizo durante el primer Estado de Alarma, de tal forma que ni el Decreto de 14 de marzo, ni la Orden que regulaba la cogobernanza, ni el Plan de Desescalada, ni el Decreto de Nueva Normalidad fueron sometidos al criterio del Consejo de Estado.
También se sorteó mediante los citados malabarismos el informe del Consejo de Estado en leyes tan importantes como la Ley de Educación, conocida como ley Celaá, la ley que regula la eutanasia, la ley que pretende restringir las competencias de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial cuando se hallan en funciones, etc, etc… Es cierto que sí que se solicitó informe sobre el Decreto Ley sobre Fondos Europeos, que se emitió el 21 de diciembre de 2020, pero el mismo fue retenido por la vicepresidenta del Gobierno hasta que el Partido Popular, después de mucho insistir, consiguiera que se hiciera público en marzo de 2021, de tal forma que no fue conocido por los diputados hasta dos meses después de su votación en el Congreso el 28 de enero de 2021. Es decir, que los diputados emitieron su voto sin haber podido quedar enterados del contenido del dictamen.
El presente
Ante la pandemia que nos azota, Sánchez, haciendo plena dejación de funciones, abdicó de sus competencias y optó por lavarse las manos dejando que fuera las Comunidades Autónomas las que tomaran las decisiones.
Sánchez anunció con antelación que el Estado de Alarma finalizaba el 9 de mayo, lo que lógicamente no significa que finalizara la pandemia, por lo que se debía buscar una solución, tal y como había aconsejado el Consejo de Estado, diversos grupos parlamentarios y el propio jefe de la oposición, Pablo Casado, que aconsejaron al Gobierno la necesidad de actualizar la legislación sanitaria que sirve a las Comunidades Autónomas como marco jurídico para tomar medidas contra la pandemia, cuando no estuviera vigente el Estado de Alarma; pues bien, el aviso de Casado se produjo en abril de 2020, ofreciendo también la alternativa de poder trabajar en una nueva ley, por el procedimiento de urgencia que confiriera a las Comunidades Autónomas mecanismos jurídicos suficientes para acometer la pandemia.
La legislación sanitaria a la que se refirieron y a la que me refiero es la Ley Orgánica de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que debidamente mejorada, concretada y modernizada debería ser el marco jurídico para afrontar los riesgos para la salud pública con los que nos encontramos.
Sánchez no ha aceptado ninguna de las soluciones propuestas, a pesar de que no pueden adoptarse medidas que limiten derechos fundamentales al amparo de la legislación sanitaria vigente, puesto que tanto la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública como la Ley General de Sanidad no dan cobertura a esa limitación de derechos.
Ante esta caótica situación Sánchez ha optado por endosar la gestión de la pandemia a los jueces, como si a ellos les correspondiera gobernar, de tal forma que las decisiones que, sin marco jurídico, adopten las Comunidades Autónomas deberán ser revisadas por los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes, y sus decisiones podrán ser recurridas ante el Tribunal Supremo para que unifique doctrina sobre las medidas de restricción sanitaria no aprobadas por las Comunidades Autónomas. Todo esto supone un auténtico despropósito, una vez más el Gobierno de la Nación ha vuelto a abdicar de su responsabilidad en la lucha contra la COVID-19, dictando otro decreto ley de forma unilateral y sin consultar a la judicatura, para que el Tribunal Supremo, mediante la creación de un recurso de casación exprés, unifique la doctrina sobre las medidas de restricción sanitaria que no sean aprobadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, con el fin de evitar la fragmentación de las respuestas. Lógicamente este decreto no ha sido del agrado del Tribunal Supremo, que se va a ver obligado a resolver sobre cuestiones políticas y sanitarias, que no le corresponden, en el breve plazo de cinco días. El Tribunal Supremo no ha tardado en calificar la situación de «confusa, ambigua y equívoca», cuestionando también que se haya efectuado por decreto ley, cuando invade derechos fundamentales y supone una judicialización de la vida pública subvirtiendo el orden constitucional, con burla a la separación de poderes, básica en una democracia.
El futuro
Hace unos días el presidente del Gobierno manifestó que el Estado de Alarma es el pasado, el presente ni lo mencionó y sobre el futuro dijo que consiste en: vacunación, vacunación y vacunación, a modo de mantra, olvidándose de los más de 120.000 fallecidos por la pandemia y a la espera de salvar nuestra maltrecha economía con la inyección millonaria de la Unión Europea, mareando la perdiz y anunciándonos la presentación en breve de un interesantísimo documento sobre ‘La España de 2.050’, que dudo interese a alguien.
Se me olvidaba mencionar, las últimas apariciones de Pedro Sánchez, nuestro presidente escapista, de visita por los laboratorios farmacéuticos, con bata blanca, gafas de protección, aunque eso sí, sin tubos de ensayo ni fonendo.
Espero que el batacazo electoral de Madrid sea el comienzo del declive de un Gobierno que no gobierna y que sigue dependiendo para sobrevivir de los independentistas, de los filoterroristas de Bildu y de los podemitas. En esas manos estamos.
