Llama la atención

Que después de 16 largos años, el caso Huerta de corrupción urbanística se haya cerrado con una sentencia judicial de conformidad en la que el hijo del fallecido arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta, del mismo nombre, y su exmujer, Pilar Fernández, han reconocido que participaron en la trama. Deben pagar algo más de 2.000 euros en concepto de multa y los 8.000 euros de las costas procesales. Además, se comprometen a «afrontar el futuro con plena consciencia de que tales comportamientos profesionales» no pueden volver a ocurrir. En Cala Molí, a modo de recordatorio, sigue en pie la estructura ilegal con la que comenzó el caso en 2005 sin que Sant Josep haya iniciado aún el proceso para su derribo.

Que las durísimas restricciones en el sector de la hostelería se reflejen con crudeza en los datos del empleo en Ibiza. De los más de 4.000 puestos de trabajo que la pandemia de coronavirus se ha llevado por delante en la isla, el 56% procedía del alojamiento y la restauración. Y eso, con el paraguas de los ERTE.

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