Durante décadas, en Ibiza imperó una ley no escrita que castigaba alzar la voz contra cualquier actividad turística que constituyera un abuso, ya fuera legal o ilegal, bajo la pena del rechazo social y la acusación automática de turismofobia. Quienes protagonizaron los movimientos ecologistas de hace algunos años lo sufrieron virulentamente, por defender unas ideas que después se han asimilado de manera generalizada, como, por ejemplo, la protección de la costa y el paisaje.
Aún hoy, todo aquel que osa poner en el disparadero un agravio social o territorial perpetrado por alguna de las compañías que lideran el entramado turístico pitiuso, agrupadas en poderosos lobbies con tentáculos en agrupaciones empresariales y partidos políticos, sigue sometido a presiones y campañas de desprestigio, sobre todo a través de las redes sociales. Las amenazas, tergiversaciones y descalificaciones son frecuentes en el medio digital, y las vierten personas a cara descubierta, a menudo vinculadas profesionalmente a estas corporaciones, sin el menor disimulo. Así, quien se atreve a criticar, manifestarse o contradecir la voluntad de estos negocios sabe que se expone a recibir una ración de odio, visceralidad y exabruptos personales, además de otras maniobras de desprestigio por detrás.
En Ibiza convivimos con esta atmósfera gansteril, de la misma forma que hemos asimilado ver matones en discotecas, puertos, playas y hasta en las subastas de las concesiones de hamacas; y aquí no pasa nada. No hay límite que no se traspase si lo exige el todopoderoso turista, y su poder es directamente proporcional a los ceros de su cuenta corriente. Es lo que hay. Prevalece el dictado del dinero, por encima de la sociedad, la cultura y el territorio.
El colmo, sin embargo, es que la legión de piratas que operan en la isla en la más absoluta clandestinidad se manifiesten aún con más descaro y chulería. Da igual que ejerzan de camellos o taxistas en furgonetas negras, que manejen negocios opacos vinculados al sector ocio o party boats, o que gestionen alquileres turísticos o embarcaciones ilegales. El día que no la emprenden a golpes con un policía, lo hacen con el cliente al que no satisfacen sus servicios o el residente que les recrimina sus acciones. Son una plaga que viene a la isla a hacer el agosto y luego se marcha, sin pagar impuestos y generando una feroz competencia desleal. No aportan nada más que molestias y una creciente tensión, que acabará estallando por algún lado el día menos pensado.
La última en probar la medicina de estos energúmenos ha sido María José Estarellas, activista medioambiental y Premio al Mérito Ciudadano del Consell Insular en 2017 por su infatigable labor de información a los yates que fondean sobre posidonia. Hasta ellos acude a entregar folletos informativos, sola, remo en mano, sobre una tabla de paddle surf y con toda la educación del mundo. El pecado de María José ha sido personarse junto a dos amigos en la playa de ses Salines para grabar cómo los chárters -yates de alquiler para turistas-, tanto legales como ilegales, tienen tomada una parte sustancial de la orilla con las neumáticas con que trajinan clientes, pese a estar prohibido. También ponen en peligro a los alumnos de la escuela de vela, al utilizar su canal para dichas operaciones, pese a que el ayuntamiento ha habilitado otro para evitarlo. La penitencia para ella ha sido recibir los insultos, las agresiones e incluso el acoso de uno de estos matones, que además la siguió durante unas horas y verbalizó que la perseguiría hasta su casa para seguir amargándole la vida.
María José Estarellas, como todo hijo de vecino, seguro que prefiere estar en la playa o en el campo con su familia, en lugar de andar denunciando los continuos abusos de estas empresas náuticas. Si la Demarcación de Costas y demás autoridades competentes hicieran su trabajo e impidieran esta piratería desmadrada, nadie tendría que jugarse el tipo poniendo estos hechos en conocimiento de la opinión pública y así presionar a las administraciones para que cumplan con su obligación.
Sin embargo, en esta isla desnortada casi nunca es así y ella ha pagado las consecuencias, ante la indiferencia de las instituciones pitiusas, que no han abierto la boca a pesar del maltrato. Por suerte, todo lo sucedido está grabado y ya obra en poder de la Guardia Civil. Esperamos que sus agentes hayan localizado e interrogado al hampón de turno con la misma celeridad y diligencia con que han apresado a los inmigrantes llegados en patera estas últimas semanas. A los ibicencos ya se nos suben a la chepa hasta los clandestinos. Impera la ley del cafre. ¡Mucho ánimo, gracias y adelante, María José!
@xescuprats
