Hace unos días fue detenido y encarcelado en Mallorca, de forma preventiva, Tolo Cursach, fundador del Grupo Cursach y uno de los más destacados empresarios de la noche, con discotecas y otros negocios en Palma y en la conflictiva zona de Magaluf. Se le imputan 16 delitos que van desde el homicidio a la corrupción de menores, pasando por narcotráfico, extorsión, amenazas, coacciones, tráfico de influencias y un largo etcétera. Le acusan, en definitiva, de regentar una organización mafiosa, sin escrúpulos y con ramificaciones en distintas zonas de la isla.

El auto del juez, al parecer, recoge el testimonio de distintas personas que aseguran que este grupo empresarial mantenía a un ejército de policías locales y funcionarios de distintas instituciones, que recibían sobornos no solo por proteger y ofrecer carta blanca al acusado, sino que además se empleaban a fondo en atosigar a la competencia, con el objetivo de arruinarles. La presión incluso habría permitido al Grupo Cursach hacerse con negocios rivales a bajo coste.

Los funcionarios policiales y burocráticos que componían la red eran recompensados con todo tipo de agasajos, incluidas fiestas privadas donde abundaban las drogas y las prostitutas. El expediente incluye, además, un informe policial que subraya que la práctica totalidad de las denuncias que se tramitaban en torno a sus discotecas y otros locales nunca generaban expedientes sancionadores; justo al contrario de lo que les ocurría a sus adversarios.

Otros testimonios aluden a que, supuestamente, manejaban a una cuadrilla de matones a sueldo y que incluso enviaban a sus empleados, a los que proporcionaban drogas para el autoconsumo, a amedrentar a los trabajadores de establecimientos próximos. Los detalles de los ángulos más turbios de esta historia -las acusaciones de homicidio, corrupción de menores y tráfico de drogas-, aún se desconocen.

A Cursach se le tenía hasta ahora por un empresario influyente y serio -el periodista que se atrevía a manifestar lo contrario recibía la correspondiente denuncia-. La web de este grupo empresarial, ahora calificado de supuesta organización mafiosa, afirma que «su compromiso es la búsqueda de la excelencia en los servicios, la promoción de nuevas ofertas de ocio responsable que aporten valor a Mallorca y el impulso de la sostenibilidad turística». En fin, la habitual palabrería hueca a la que nos tiene acostumbrados este tipo de negocios. Diario de Mallorca explicaba además que el empresario, que empezó de recogepelotas en un club de tenis, lleva cuarenta años en la noche, emplea a 1.700 trabajadores y atiende a 1,5 millones de clientes cada temporada.

El grupo, asimismo, es miembro destacado de la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone), que preside Jesús Sánchez. Es ese individuo que al empezar la temporada turística se desplaza a Ibiza y nos obsequia con una rueda de prensa donde critica a los alcaldes, denuncia la competencia desleal de los beach clubs y nos recuerda -por si acaso lo habíamos olvidado-, que las discotecas son prácticamente un servicio público, pues dan trabajo a mucha gente y constituyen un atractivo turístico sin parangón, cuya ausencia nos obligaría a volver a los tiempos de la recolecta de la algarroba y la crianza del cerdo.

La patronal discotequera se ha posicionado inmediatamente a favor de su asociado y, mediante un comunicado, ha reclamado públicamente «el esclarecimiento urgente de los hechos que se les imputan (a Cursach y a su lugarteniente, Tolo Sbert, también en prisión preventiva). Consideramos que el trato que se les está dispensando exige una rápida actuación de la Justicia, que tendrá que justificar sus decisiones de forma incuestionable».

Al propio Sánchez le hemos escuchado en la radio achacar este momento de crisis a «cierta animadversión hacia el señor Cursach -argumento que por aquí también nos suena-. La acusación va en contra de todos los criterios que le he conocido de su gestión profesional. Aunque, evidentemente, tampoco podemos esperar que el grupo Cursach sea una ONG». A Sánchez, desde luego, nadie podrá achacarle el no poner la mano en el fuego por sus asociados. Nos gustaría saber si las discotecas y establecimientos pitiusos asociados en Abone suscriben las opiniones de su presidente.

Suponemos que el escándalo desatado no obedece a un desvarío del juez y los investigadores, y que acusaciones de semejante calado están sustentadas en indicios sólidos y pruebas contundentes. En todo caso, nos asombra cuánta presunta mafia y corrupción proliferan por Mallorca en torno al mundillo de la noche; casi parece Sicilia. Por suerte, estamos en Ibiza y aquí no ocurren estas cosas.