Años después (así funciona nuestra Justicia) el Govern deberá hacer frente al pago de casi 600.000 euros por impedir la construcción del campo de golf en Cala d´Hort y un desarrollo urbanístico en es Codolar. Un precio ridículo, a todas luces, dada la importancia medioambiental y paisajística de estos entornos naturales. Aunque tardía, la Justicia suele ser eso, justa, y ajusta (cielos, qué bucle lingüístico) a la realidad las reclamaciones privadas ante decisiones que, gusten o no, benefician al colectivo, al interés general. ¿Cuánto costaría recuperar estas zonas, de haberse construido en ellas? ¿Cuánto cuesta tenerlas, disfrutarlas e incluso poder ´venderlas´ turísticamente? No hay dinero suficiente. Y eso es algo que debería marcarse a fuego en el subconsciente de nuestros gobernantes. Se está demostrando que las reclamaciones particulares, aunque justas (el derecho a la propiedad es uno de nuestros principios fundamentales), en estos casos no deben ser un obstáculo para preservar el patrimonio natural. Y lo digo por Benirràs, Roca Llisa o Punta Pedrera.
