Vino Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales del Govern, y dijo que la prioridad era construir siete centros de día en este mandato, dos en Vila, tres en Santa Eulalia y dos en Sant Jordi, y que ya tenía cuatro millones para ello. Ahora vuelve y dice que ni sabe cuántos ni dónde se tienen que hacer, que de construir nada, que los ayuntamientos ya pueden aportar locales si quieren centros. No es fácil entender a Fina, parece decir lo contrario de lo que piensa y un arúspice etrusco no sabría desentrañar sus verdaderas intenciones. Es esta Fina la misma que hace meses nos endosó esa ley por la que todo el que pisa Baleares puede exigir a la autoridad techo, comida y vestido por vía judicial. Tan oportuna se mostró su ley que de inmediato vino la crisis que satura los servicios de la Cruz Roja y Cáritas que Fina quería dejar obsoletos.
A Fina sí la entiende su homóloga en el Consell ibicenco, Patricia Abascal, y en el lío de contradicciones en que andan llegan a la conclusion más sorprendente que imaginarse pueda en dirigentes progresistas: se percatan de las bondades de dar el dinero directamente a los cuidadores de las personas dependientes, convencidas de que nadie mejor que ellos para gastarlo en las necesidades reales de la persona que cuidan. Con esto aceptan que cada persona tiene necesidades y soluciones específicas que no son las mismas que las de otro. Es insólito que ambas reconozcan ingenuamente que el dinero lo gasta con mayor eficiencia el ciudadano que el Estado, que siempre quiere igualarnos y darnos lo mismo a todos. En conclusión darán un cheque a las familias, como es la preferencia de éstas. Sería loable que Fina y Patricia sigan el hilo de su razonamiento, coherente con el natural del ser humano, y arriben a que igual sucede con otros servicios públicos, la enseñanza el primero. Si los poderes del Estado dan a los padres un cheque para que paguen el colegio de sus hijos, temblarán algunos problemas de la enseñanza porque asignaremos el dinero al colegio de nuestra preferencia, que se verá obligado a obtener resultados académicos decentes si quiere tener alumnos y seguir abierto. Y además evitaremos con nuestro cheque que nuestros hijos sean adoctrinados política e ideológicamente en colegios e institutos gobernados desde conselleries politizadas, últimamente en manos de partidos nacionalistas, ideología que de ser honestos no propagarían a costa de la educación de nuestros hijos.
Fina y Patricia se percatarán también de que por el camino de la eficiencia y la libertad de elegir, del cheque de dependencia, cheque escolar, y otros cheques, pronto se llega a nuevas conclusiones: el ejército de asesores y burócratas de sus conselleries, que las llevó a la conclusión del cheque, sobra. Los sueldos, oficinas, luz, calefacción y gastos que provocan, sobran. Lo que es magnífica noticia: todo lo que enflaquece la burocracia improductiva lo engorda el cheque destinado a dependencia o educación de la gente. Y si sobra aún, se bajan los impuestos de donde procede el dinero. Sólo el mejor arúspice etrusco podía prever que las contradicciones de Fina-Patricia las llevaran a apreciar, en las antípodas de su querido progresismo, que lo mejor para el ciudadano es devolverle su dinero y que lo use bajo su responsabilidad y libertad como mejor entienda. El partido de la oposición, cuando nuestro dúo inicia esta política de sensatez, debe congratularse y animarlas a continuar por el buen camino.
