El fiscal general del Estado prefirió que la junta rechazase la imputación de Puigdemont a pedirlo directamente al Supremo

La junta de fiscales de la sección primera de lo Penal del Tribunal Supremo -13 miembros- examinará este martes 6 de noviembre la exposición razonada del juez Manuel García Castellón que pide la Sala Segunda la imputación del eurodiputado Carles Puigdemont en las acciones de Tsunami Democràtic de 2019, a las que califica de posible terrorismo, con el fin de elevar el informe sobre ello a la llamada Sala de Admisión, presidida por Manuel Marchena, que lo ha solicitado. 

El fiscal Álvaro Redondo, que asumió la ponencia por la baja de su compañera María Ángeles Garrido, elaboró un borrador donde proponía aceptar el punto de vista del juez García-Castellón, ha presentado un borrador en el que modifica su posición y propone rechazarlo. Redondo acudió a reunirse la semana pasada con el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para despachar sobre el asunto. Fuentes judiciales señalan a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, que o bien Redondo ya había variado su postura antes de reunirse con su superior jerárquico, o a partir de la conversación decidió modificar su posición. En cualquier caso, el fiscal general del Estado (FGE) estaba en condiciones jerárquicas y técnico-legales para exponer el punto de vista de la FGE sobre el asunto. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por ejemplo, está en contra de la imputación de Puigdemont y de calificar las movilizaciones de 2019 como presunto delito de terrorismo y ha recurrido las decisiones del juez García-Castellón.

Uno de los dos jefes de la sección primera de lo Penal del Tribunal Supremo -Fidel Cadena, el fiscal del juicio del procés- anunció el martes de la semana pasada en la reunión semanal de los 13 fiscales que sería la junta semanal de este martes, día 6 de febrero, la que tomaría la decisión de informar sobre así aceptar o rechazar la imputación de Carles Puigdemont -y otro aforado- por un presunto delito de terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic. 

Cadena informó asépticamente, según pudo saber El Periódico de Catalunya, sin insinuar la más mínima opinión sobre el tema. En dos casos, citados por este diario, Cadena ha llevado adelante posiciones opuestas a la instrucción de investigaciones por la Sala Segunda del Supremo (Casos Baltasar Garzón y María Victoria Rosell). Ahora bien, habida cuenta de su actitud en el juicio del procés -fue uno de los cuatro fiscales que pidió condenar por rebelión y sigue pensando que así debió haber ocurrido- se le supone favorable a imputar indiciariamente a Puigdemont en el caso del Tsunami. Pero lo cierto es que no ha dado pista alguna de lo que estima oportuno.

El anuncio de Cadena en la junta del martes 30 de enero en el sentido de que sería la junta del martes 6 la que adoptaría la posición sorprendió a algunos fiscales consultados, quienes recuerdan que en muchísimos casos ha sido el antiguo teniente fiscal, Luis Navajas, quien por delegación del FGE, asumía la decisión. En este caso, la actual teniente fiscal Ángeles Sánchez, podía haberse encargado de elaborar y exponer el criterio.

Esas fuentes señalan que el fiscal general del Estado ha intentado no actuar “por arriba” -como jerárquicamente puede hacerlo- confiado en que la junta, en libertad, se orientaría a apoyar la ponencia del fiscal Álvaro Redondo. Pero esta estrategia no era necesaria ni preceptiva.

Alvaro Redondo se ha pronunciado públicamente contra la ley de amnistía –“no cabe duda de la inviabilidad constitucional de una ley de amnistía”, escribió en el mes de noviembre pasado- y ello se le apuntó en la junta del martes 2 de febrero. En ese contexto, el fiscal informó que se ha había reunido con Álvaro García Ortiz. No dijo cuándo ni reveló el contenido de la reunión. Redondo, en efecto, se había reunido ese mismo día 30 con el fiscal general del Estado.

La exposición razonada, según fuentes judiciales, le fue enviada a Redondo tras asumir la ponencia por la baja de la fiscal a la que le correspondía, María Ángeles Garrido. Un borrador preliminar que hizo circular de manera restringida exponía su posición favorable a aceptar la exposición del juez de la Audiencia Nacional. Más tarde, el fiscal general del Estado le llamó a su despacho, una conducta normal, para hablar sobre el asunto.

¿Había variado ya antes de la reunión su posición y ahora se mostraba, frente a Álvaro García Ortiz, favorable a rechazar lo que en el borrador aceptaba? Es decir, que no modificó su postura por mor de la conversación. Es lo que sostiene el fiscal Redondo.

Un comentario realizado a este periódico por un fiscal refleja el ambiente. “Es una posición marxista de los hermanos Marx: tengo mis principios pero si no le gustan tengo otros”, señaló.

Lo que es un hecho es que en el nuevo borrador rechaza la exposición razonada y es el documento que ha sido distribuido después del martes 30 para debatir en la junta de este martes 6 de febrero. En cualquier caso, no hubiera sido excepcional que entrara en el despacho con una postura contraria a admitir la imputación y saliera de él con una favorable a ello. 

Si hubiera estado en desacuerdo con lo que le expuso el fiscal general podía haber pedido la aplicación del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Artículo veintisiete. Uno. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe... Si la orden fuere dada por el FGE, éste resolverá oyendo a la junta de fiscales de sala”).

Es posible que en el ambiente alta sensibilidad existente con la tramitación de la ley de amnistía, donde el juez García-Castellón, después de mantener cuatro años silente la causa del Tsunami Democràtic, sin nuevas diligencias, con un informe solicitado a la Guardia Civil en noviembre de 2023 y con personaciones sobrevenidas de dos policías heridos, ha empujado de hecho a Junts per Catalunya a exigir cambios para no dejar cabos sueltos de los cuales se podría agarrar la justicia para convertir la amnistía en papel mojado, el fiscal General del Estado prefiriese conseguir el objetivo de rechazar las medidas propuestas por el juez de una manera normal, sin forzar las cosas, a través de la propia junta de fiscales.

El viernes pasado llovía sobre mojado con la explicación en Bruselas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el viernes 1 de febrero: “Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas”.

La atención de los fiscales, según ha podido compulsar este diario, se centró en otros dos detalles de la intervención de Sánchez ante los medios. El primero fue cuando tras señalar que no se trataba de terrorismo añadió “por tanto, con este proyecto de ley”. Es que la ley se tramita como proposición de ley porque si fuera proyecto de ley ello requeriría informes y dictámenes que en el caso de la amnistía no se han solicitado. Y el segundo punto más relevante cuando precisó: “Con este proyecto de ley que yo estoy convencido así lo van a concluir y así lo van a concluir al final los tribunales que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Si esa es la convicción de un proyecto de ley que ha sido muy laborioso…”. Estas afirmaciones cuando precisamente esos tribunales están estudiando -la junta de fiscales este martes sin ir más lejos- las alegaciones contra Puigdemont y otro diputado y miembro del Parlament, Ruben Wagensberg, han provocado irritación.

La junta de fiscales de la sección primera cuyos jefes son Cadena, según se ha apuntado, y Javier Sánchez-Covisa, está integrada por otros 12 miembros (con una fiscal de baja y puestos vacantes). Ellos son: Álvaro Redondo, Juan Carlos Lopez Coig, José Antonio del Cerro, Olga Sanchez, Salvador Viada,Jose Martínez, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Salvador Viada, Manuel Doltz, Fidel Cadena, Javier Sanchez-Covisa y Justino Zapatero. ¿Es vinculante lo que decidan? No lo es. Influye. Pero la decisión la toma la Sala de Admisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sala que siempre, según la norma vigente, preside Manuel Marchena. En este caso, forman sala con él otros cuatro magistrados: José Ramón Berdugo, que será ponente, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Carmen Lamela y Eduardo Porres.

Si la Sala de Admisión estima que hay indicios para imputar a Puigdemont se hará cargo de la instrucción de las diligencias para profundizar el ponente, el magistrado Berdugo. De lo contrario, la Sala devolverá a García-Castellón la exposición y le pedirá que siga adelante con su investigación. Sea cual sea la decisión, el caso no se acaba con esa decisión.

 Como es habitual, es un secreto a voces que todo dependerá, en una medida muy amplia, del plan que tenga el presidente de la Sala Segunda y de la Sala de Admisión, Manuel Marchena. Todo esto puede ser una tormenta en un vaso de agua. Ya que se está hablando de unos indicios y calificaciones jurídicas que muy probablemente, retorcimientos mediante, se queden en agua de borrajas. Eso sí con ríos de tinta.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se reunió con el fiscal Álvaro Redondo, encargado de elaborar la ponencia sobre la exposición del juez Manuel García-Castellón que propone imputar al eurodiputado Carles Puigdemont por delito de terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic, y modificó su borrador inicial, según información confirmada, en el que proponía aceptar el criterio del juez, por otro en el que propone al Tribunal Supremo rechazarlo. Su ponencia se debatirá, según adelantamos en exclusiva este domingo, mañana martes 6 de febrero a partir de las 10.00 horas.

Redondo había confeccionado un borrador que consultó con varios fiscales. En ese borrador, el fiscal consideraba que había un gran número de hechos e indicios y que, por tanto, había que continuar la investigación con aquellos que hasta ahora, por ser aforados, tienen que pasar por una decisión del Tribunal Supremo para obtener primero el suplicatorio al Parlamento Europeo -caso de Puigdemont- y después ser conminados a prestar declaración en calidad de imputados.

La idoneidad de Redondo para elaborar el informe que le ha tocado por turno no se ha cuestionado en la junta de fiscales de la sección primera de lo Penal del Supremo celebrada el martes de la semana pasada. Pero, como señaló El Periódico de Catalunya, el fiscal es contrario a la ley de amnistía, sobre la cual se ha manifestado en medios de comunicación. Según estima "respetando la posición política que cada sector de opinión prefiera asumir, desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de la inviabilidad constitucional de una ley de amnistía, salvo la actualmente vigente de 1977. Sería necesaria una reforma constitucional reforzada, con la aprobación de la misma por dos tercios de ambas cámaras, en dos sucesivas legislaturas, y aprobación por referéndum de tal acuerdo, para que la referida ley fuera constitucionalmente viable, al afectar la reforma al título segundo de la Constitución".

Tan tajante rechazo llevó a la junta, según fuentes solventes, a plantearse la posibilidad de que Redondo no fuera el fiscal más adecuado para realizar la ponencia, habida cuenta de que precisamente el juez García Castellón está poniendo en aprieto de facto, con su exposición razonada, la tramitación de la ley de amnistía. Precisamente, Junts per Catalunya, ha votado en contra de la proposición la semana pasada en el pleno del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la posibilidad de la abstención quedó diluida y no hubo decisión al respecto. El fiscal Redondo informó que había mantenido una conversación con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin dar explicaciones sobre su contenido.

Pero fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya han señalado que Redondo modificó su posición inicial, favorable a aceptar la exposición razonada, para asumir el planteamiento de la Fiscalía General del Estado. La ponencia contraria a la exposición razonada no es garantía de que los 15 fiscales de la sección primera (son 12 o 13 si se computan las bajas y puestos vacantes) vayan a aceptar el punto de vista de Redondo. Hay malestar entre los fiscales por las afirmaciones del presidente de Gobierno, el viernes pasado en Bruselas, en el sentido de que “así al final lo van a concluir los tribunales que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas”.

Esa referencia a los tribunales, según ha recogido El Periódico de Catalunya, ha sido recibida con irritación cuando precisamente la junta de fiscales debe tomar una posición sobre si la resistencia de Tsunami Democràtic en 2019 es terrorismo o no. Todos estos elementos -cambio de posición de Redondo, declaraciones de Sánchez, intervención del fiscal general del Estado- van a influir en la decisión. Los fiscales debatirán y votarán. Pero serán los jefes de la sección segunda -Fidel Cadena y Javier Sánchez-Covisa- quienes una vez oídos sus compañeros plasmarán en un informe la posición.

El fiscal general del Estado podía haber asumido la responsabilidad directa de informar al Supremo delegando en la teniente fiscal, Ángeles Sánchez, pero prefirió hacerlo a través de la junta de fiscales, una opción que asombró a no pocos fiscales. La decisión sobre la exposición razonada la adoptará la Sala de Admisión de la Sala Segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena. Esta sala puede devolver la exposición para que García- Castellón siga investigando sin llamar declarar a Puigdemont y otros aforados, o admitir la exposición y encargar al instructor ya designado, Juan Manuel Berdugo, que asuma las múltiples diligencias a realizar.

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