La votación al límite de los decretos evidencia la volatilidad de los socios del Gobierno: "Con estos bueyes hemos de arar"

La coalición de Gobierno en minoría asumió tras los acuerdos de investidura que esta legislatura sería “más compleja” que la anterior. La imposibilidad de recurrir a una geometría variable, como con la reforma laboral, o de prescindir del voto de alguno de sus socios, vaticinaba una mayor inestabilidad. A ello se suma la heterogeneidad del bloque de investidura, con actores en competición entre sí y sin afinidades ideológicas, que limita la vía de una acción de Gobierno netamente progresista, informa EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Pese a la complejidad, el Ejecutivo confiaba en que los pactos de investidura tomasen forma de pactos de legislatura. El propio Pedro Sánchez así los presentó. Sin embargo, el acuerdo sobre la bocina con Junts para levantar su veto a los tres primeros decretos del Gobierno, junto a al alcance de las contrapartidas y el golpe de autoridad de Podemos, tumbando uno de los textos, ha evidenciado una debilidad mayor de la esperada por la volatilidad de los socios. Fuentes cercanas a las agónicas negociaciones se resignan y asumen que “con estos bueyes hemos de arar”. Ni cabe “soñar con mayorías absolutas”, añaden, ni “con tener las manos libres”.

El Gobierno intenta diluir las cesiones a Junts en un ‘café para todos’ para el resto de CCAA

El PSOE todavía hace evaluación de daños y Pedro Sánchez convocó este sábado a todos sus ministros a una suerte de retiro en la finca toledana de Quintos de Mora. Una reunión de trabajo sin los formalismos de las que se celebran en el Palacio de La Moncloa y que ya estaba prevista antes de la votación de este miércoles. Según fuentes de Moncloa, se trató de una reunión de “prospectiva” y de "puesta en común” para marcar “hitos y prioridades” de cara a la legislatura. La resaca del último pleno estuvo presente por asentarse una nueva doctrina negociadora para al resto de la legislatura. Todo ello a las puertas de que Hacienda mande al Congreso el proyecto de Presupuestos para 2024. La principal prueba de fuego del Gobierno para medir el alcance de la legislatura.

El protagonismo de los posconvergentes, junto a la cuota que reclaman los morados para negociar como un actor más tras su ruptura con Sumar, marcan los nuevos equilibrios del bloque de investidura. Para mantener la cohesión, al Gobierno ya no le vale con poner el acento progresista a su acción de Gobierno. Las cesiones a Junts no van precisamente en la línea de avances sociales o materiales. ERC no ha escondido su malestar, tratando de minimizar los acuerdos alcanzados por sus principales rivales electorales. En el afán por equilibrar, al día siguiente de los acuerdos con Junts el Gobierno regalaba al Govern la bandera de la regulación de alquileres.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reunía con la consellera de Territori, Ester Capella, para trasladarle su compromiso de publicar este mes de febrero el Índice de Precios de Referencia de Alquiler con el que la Generalitat podrá declarar zonas tensionadas y limitar los precios. De este modo, el Govern se precipitó en anunciar que regularán los alquileres a partir del mes de febrero.

Este mismo viernes, el Gobierno acordó con el Govern de Pere Aragonès mejoras en equipamientos culturales y nuevas medidas para "proteger y promover" el catalán. La lógica de no favorecer a unos socios sobre otros determina una nueva relación del Gobierno con el bloque de investidura, pero también refuerza la espiral competitiva alejando la posibilidad de que los acuerdos de investidura sean de legislatura. La negociación de los Presupuestos visibilizará hasta qué punto.

Equilibrios con el PNV

En este contexto, el PNV tampoco tardó en subir el listón de sus reclamaciones. Tras el acuerdo para delegar a la Generalitat las competencias “integrales” de política migratoria, los jeltzales avanzaron que si se materializaba también lo pedirían para Euskadi. El PSOE pactó con el PNV en el acuerdo de investidura ceder en un primer paquete de transferencias las competencias relativas a fijar los itinerarios de inclusión del sistema estatal de acogida. A las puertas de las elecciones vascas, donde EH Bildu amenaza la hegemonía del PNV, los jeltzales ya están incrementando la presión.

Primero, para que se apruebe cuanto antes la prelación de convenios vascos sobre los estatales, que decayó al no convalidarse el decreto del paro donde iba incluido este punto. Una reivindicación histórica de los sindicatos vascos y por la que en su día ya votaron en contra de la reforma laboral tanto PNV como EH Bildu al no atenderse esta demanda. Segundo, para que el Gobierno “cambie de actitud a la hora de negociar con los grupos parlamentarios que lo apoyan y que ofrezca un debate sereno y con el tiempo necesario para alcanzar acuerdos”. Este aviso fue compartido por todos los socios y desde el Gobierno aseguran que recogen el guante.

Para garantizar la estabilidad, el PSOE admite que deberá cambiar las “formas” de negociación. Limitar al máximo los decretos, que en la pasada legislatura fueron protagonistas para sacar adelante las reformas comprometidas con Bruselas, y en cualquier caso “atar” los apoyos antes de someter sus iniciativas a votación. Un cambio de rasante que da cuenta de la mayor debilidad del Ejecutivo de coalición en minoría en los primeros compases de la legislatura.

“Convertir cada votación en un vietnam”

Los aprendizajes de la anterior legislatura, con el primer gobierno de coalición desde la Segunda República y en minoría parlamentaria ya no valen. “Hay que cambiar de actitud”, señalaba un diputado durante el pleno. “Hemos actuado igual que la pasada legislatura, como si Junts fuese ERC, pero no es lo mismo. Primero, porque no se mueve con las mismas lógicas de izquierda. Y después, porque busca siempre diferenciarse de los republicanos”, argumentaba. Desde Cataluña, el líder del PSC, Salvador Illa, celebraba la aprobación de dos de los tres primeros decretos del Gobierno al mismo tiempo que lamentaba, en referencia a Junts, que “le guste convertir cada votación en un Vietnam”.

Como con los acuerdos de investidura, en las filas socialistas la prioridad es gobernar y evitar un Ejecutivo de PP y Vox, aun con contrapartidas costosas como la amnistía. La principal voz crítica dentro del PSOE sigue limitándose al barón manchego Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha cargó con intensidad contra el Gobierno de Pedro Sánchez por “mercadear” con Junts, tras su acuerdo para delegar a la Generalitat las competencias de inmigración.

Desde el Gobierno destacan como nota positiva su capacidad de tejer pactos entre diferentes y de llevar al terreno de la gobernalidad a Junts tras una legislatura instalado en el “no a todo”. “Tenemos que articular puntos de encuentro. No como antes, en el que las mayorías se abrían camino por simple afinidad”, confesaba la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al día siguiente de la votación de los decretos. Los equilibrios obligan y la volatilidad de los socios llevará al Gobierno a limitar el número de leyes y suavizar la carga ideológica de sus iniciativas.