Los policías víctimas de Tsunami Democràtic se oponen a que la causa se envíe a los juzgados catalanes

Los dos policías personados como acusación particular en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic se han opuesto al recurso interpuesto por el fiscal Miguel Ángel Carballo contra la decisión del juez Manuel García-Castellón de dirigir la acusación contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont e imputar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras 10 personas. Con ello, la acusación se opone a remitir la causa a los juzgados de Cataluña donde se produjeron los altercados concretos investigados, al defender que se trata de terrorismo y no de desórdenes públicos, como argumenta el ministerio público.

En su escrito, de 11 páginas, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, los agentes se basan en un escrito presentado el pasado verano por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuando el representante del ministerio público adscrito al caso estaba de vacaciones, en el que el compañero que le sustituyó informó en contra de la inhibición a los juzgados catalanes, por la que ahora aboga Carballo.

"Es cuanto menos una contradicción palmaria -y llamativa a todas luces a esta representación procesal-", asegura la acusación que ejerce José María Fuster Fabra, que destaca que "no ha existido una sola diligencia de investigación que pudiera dar motivo o argumento para representar un giro en la tesis del ministerio público y que por ende pueda considerar un cambio de postura por motivos jurídicos".

En opinión de la acusación particular, "han existido motivos 'extra procesales' y situaciones totalmente ajenas al poder judicial, que han podido suscitar intereses en algunos actores de la sociedad o incluso del poder ejecutivo, si bien, eso no es una argumentación, ni motivación jurídico-lógica para aquellos que, en el marco de la independencia judicial, deban tomar las decisiones sobre elementos que se están investigando y por ende están judicializados".

Los policías reproducen los informes de la Guardia Civil existentes en la causa en los que se argumenta la existencia de una organización criminal con reparto de tareas con el objetivo de subvertir el orden constitucional, lo que considera constitutivo de un delito de terrorismo.