AMNISTÍA

El PSOE desdobla la negociación de investidura para repartir el protagonismo entre Junts y ERC

La última palabra en la ley de amnistía la tendrá Puigdemont

Los posconvergentes se garantizan su sello al posponer las negociaciones tras el pacto entre PSOE y ERC

El PSOE ha tratado de mantener los difíciles equilibrios entre ERC y Junts para no privilegiar a uno sobre el otro

Una imagen de la reunión del Comité Federal del PSOE, el pasado 28 de octubre.

Una imagen de la reunión del Comité Federal del PSOE, el pasado 28 de octubre. / EFE

Iván Gil

El PSOE dejó en manos de Junts el protagonismo de "ultimar" el pacto sobre la ley de amnistía al mimo tiempo que cerró con ERC un acuerdo global de investidura con el traspaso de Rodalies, la condonación parcial de la deuda de la Generalitat o la continuación de la mesa de diálogo. Un reparto de banderas forzado por la decisión de los posconvergentes de prolongar las negociaciones después de que Carles Puigdemont se reuniese con la cúpula del partido en Bruselas. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, reconocía en rueda de prensa desde Barcelona, tras sellar el pacto con ERC en la tarde de este jueves, que todavía no había un acuerdo "completo" para registrar el texto de la ley a falta cerrar detalles.

El escollo se centra, según fuentes conocedoras de las negociaciones, en el "alcance" de la amnistía. En causas penales “más subjetivas” en su relación o no con el 'procés', según concretan las mismas fuentes. Para los posconvergentes también es crucial el reconocimiento de Cataluña como nación. El Tribunal Constitucional ya validó en el preámbulo del Estatut los términos "nación" y "realidad nacional" referidos a Cataluña por "carecer de eficacia jurídica interpretativa". De superarse estas diferencias, Junts se garantiza capitalizar la ley ante el electorado independentista.

La batalla por la hegemonía electoral entre Junts y ERC ha planeado todo el proceso de negociaciones. Una “pugna” reconocida desde el día después del 23-J por parte de los socialistas y ante la que siempre buscaron hacer equilibrios para no favorecer a un partido sobre el otro.

La intención era cerrar el acuerdo con Junts y ERC de forma paralela para evitar una peligrosa carrera por quien era el último y, por tanto, el más relevante. De ahí que fuentes socialistas señalen que la falta de un acuerdo global con todos los socios este jueves se deba más a la competición o “problemas” entre Junts y ERC que entre los encargados del PSOE de negociar con Carles Puigdemont. Pese a todo, el ánimo de alcanzar un pacto global sigue intacto y desde Ferraz aseguran que mantienen sus planes respecto al calendario y los acuerdos. Se sigue trabajando en una investidura para la próxima semana, concretamente los días 8 y 9 de noviembre.

El quiebro de Puigdemont, que llegó a habilitar una sala para comparecer ante los medios en el hotel bruselense donde se reunió con la cúpula de Junts, dejó en cuarentena los acuerdos del PSOE con PNV y BNG. El objetivo es que el texto de la amnistía vaya firmado por todos los socios potenciales de investidura y ninguno de ellos pudo recibir el documento definitivo por la falta de acuerdo con Junts. Sus respectivas negociaciones, además, siguen abiertas con puntos todavía por concretar. "Seguimos trabajando para alcanzar un buen acuerdo porque, de conseguirlo, Galicia saldría ganando", indican anoche fuentes de los nacionalistas gallegos tras pactar nuevas de rebajas de peajes y mejoras en infraestructuras incluidas en su agenda gallega.

La última palabra en la ley de amnistía la tendrá así Puigdemont. Los posconvergentes se garantizan su sello al posponer su acuerdo al alcanzado por los republicanos. Estos últimos avanzaron su pacto la noche del martes, tras una llamada telefónica de Pedro Sánchez al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Un día después de que se escenificara en Bruselas el acercamiento entre el PSOE y Junts con una reunión entre el número tres de los socialistas, Santos Cerdán, y el expresident.

En la citada conversación telefónica, según se trasmitió en sendos comunicados, Sánchez y Aragonès desbloquearon “los últimos detalles de la futura ley de amnistía” tras considerar “colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos sobre esta norma”. En el acuerdo de investidura sellado ayer, se recogió el compromiso de “culminar la desjudicialización a través de la aprobación de una la ley de amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para afrontar un diálogo y una negociación en unas condiciones óptimas y equilibradas con las que abordar los retos del futuro inmediato”.

Pugna por el relato de la aminstía

El president Pere Aragonès incluso realizó una declaración institucional para capitalizar la ley de amnistía, pese a estar pendiente de cerrarse con Junts, al igual que previamente lo había hecho el líder de su formación, Oriol Junqueras. "Una vez lograda la amnistía es hora de avanzar en la autodeterminación, es hora de avanzar hacia el referéndum", aseguró tras celebrar la medida como “una gran victoria”. El líder de los republicanos, por su parte, manifestó su esperanza de que "todos se comprometan y acompañen", en referencia a Junts, tras poner en valor un acuerdo sobre una "amnistía para todos, sin excepciones ni exclusiones".

El PSOE ha tratado de mantener los difíciles equilibrios entre ERC y Junts para evitar sustos. Su objetivo ha sido el de no privilegiar a uno sobre el otro, lo que en gran medida pasa por repartir el protagonismo en su particular batalla para capitalizar los pactos, principalmente en lo referente a la ley de amnistía. Este es el principal escollo que ha quedado coleando y del que depende el pacto definitivo para desencallar la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana.

La previsión era que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, anunciase este viernes su fecha de investidura, una vez registrada la ley de amnistía. Los socialistas, con mayoría en la Mesa del Congreso junto a Sumar, podrían calificar así la medida en la reunión de hoy del órgano rector. El pago por adelantado reclamado por los independentistas, a través de la luz verde para arrancar la tramitación de la ley con la que borrar los delitos del 'procés'.