El Gobierno nombra a Delgado para Memoria Democrática aunque las asociaciones advierten de nulidad

Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, un puesto de nueva creación en cumplimiento de la ley del mismo nombre cuya puesta en marcha ha levantado una importante polvareda. La razón, la fuerte oposición que gran parte de la carrera ha mostrado por la elección para el puesto de la exministra socialista y exfiscal general.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que la designación de Delgado no es un ascenso, y ha defendido que se ha producido a través de "un procedimiento transparente".

Rodríguez también ha indicado que el Gobierno ha actuado en el marco de la ley y ha recordado que con el nombramiento se cumple la ley de memoria democrática, que creó esa fiscalía especializada para atender a las víctimas. "Lo correcto es no privarlas de esa fiscalía", ha concluido.

La polémica ha sido tal que la ministra de Justicia ha querido asegurar el paso de llevar esta designación al Consejo en pleno periodo preelectoral mediante una consulta a la Abogacía del Estado, que le ha respondido que no tenía margen legal para no elevar la propuesta una vez ésta ya había sido realizada por el fiscal general, Álvaro García, tras el polémico Consejo Fiscal de la pasada semana.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, se dirigió este lunes a la ministra por carta para instarla a no dar traslado de dicha propuesta al Consejo argumentando que siete vocales del órgano consultivo habían optado por no participar en la deliberación y votación sobre el citado puesto, lo que hace que la elección de Delgado sea nula de pleno derecho al no haberse cumplido el trámite legal. Para estos vocales, su no participación no puede tenerse como un voto contrario a Delgado sin más.

La posición de la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal se justificó en una posible causa de incompatibilidad de Delgado para ejercer en la nuva Fiscalía de Sala, denominada de Memoria Democrática y Derechos Humanos, dada su relación sentimental con el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación y un despacho de abogados dedicados a esta materia concreta. Denuncian que el ahora abogado es el que "ha promovido la ley de memoria democrática y la creación de una fiscalía de sala competente en la materia”.

Tras conocer la decisión del Gobierno, la presidenta de la Asociación de Fiscales se ha mostrado "poco sorprendida" y ha señalado que el nombramiento "compete y mucho la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Fiscalía” además de “dañar mucho el prestigio de la Institución”.

Posible recurso ante el Supremo

Las asociaciones contrarias al nombramiento ya advirtieron de que, si el Gobierno seguía adelante con la designación de Delgado, esta podía acabar recurrida en los tribunales. Una vez conocida la decisión, desde la asociación mayoritaria se ha manifestado que ahora "se debatirá y se reflexionará sobre la posibilidad de impugnarlo vía jurisdiccional en defensa siempre de la Institución”.

De hecho, el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, ya recurrió en su día ante el Supremo el ascenso de la ex fiscal general del Estado como fiscal de sala de lo militar, una plaza por la que él también había competido. Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que el asunto sigue tramitándose, y aún no se ha señalado la fecha para resolverlo.

Lo que sí está previsto en breve es la resolución los recursos también presentados ante el Tribunal Supremo contra uno de los nombramientos que Delgado realizó siendo fiscal general, el que situó por segunda vez a Eduardo Esteban en la Fiscalía de Sala de menores. Fueron presentados por la Asociación de Fiscales y el aspirante de esta asociación al puesto después de que una primera anulación de este nombramiento, por falta de motivación, fuera subsanada.

Delgado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar (togada) del Supremo tras un Pleno celebrado el pasado 22 de septiembre donde la mayoría del Consejo (Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría de la carrera, asegurándose un puesto en la Junta de Fiscales de Sala.