La ley universitaria levanta ampollas por la neutralidad política de los campus

La nueva ley que regulará el sistema universitario, la Losu, todavía no ha sido aprobada y ya ha levantado ampollas. No solo educativas y laborales, sino también políticas debido a un artículo que capacita a los claustros a "debatir temas de especial trascendencia". ¿Está en juego la neutralidad ideológica de los claustros? Algunos profesores y rectores piensan abiertamente que sí. Otros afirman lo contrario y enarbolan la bandera de la libertad de expresión y la sana convivencia de ideas. La Conferencia de Rectores (Crue) prefiere no emitir opinión. Algunos rectorados de Euskadi, Andalucía, Madrid y Galicia consultados por este diario también esquivan la pregunta. Y solo el de Salamanca defiende abiertamente su postura contraria a la enmienda en cuestión. Es, a todas luces, un debate espinoso.

La ley orgánica del sistema universitario (Losu) aumentará la financiación de las facultades, reducirá la temporalidad del profesorado, luchará contra la brecha de género y mantendrá un equilibrio entre la docencia y la investigación. Hasta ahí, todos de acuerdo. En uno de sus últimos trámites parlamentarios y tras una enmienda de ERC y Bildu, el texto se modificó para añadir, en su artículo 45.2, que los claustros estaban capacitados para "debatir temas de especial trascendencia".

En aquel momento, la modificación levantó sospechas entre algunos miembros de la comunidad universitaria. Advirtiendo de que podría ocurrir algo parecido a lo que sucedió en los campus catalanes en 2019, más de mil profesores universitarios han firmado una carta dirigida a senadores y diputados para que la nueva ley -que todavía tiene que ser aprobada en el Senado- consagre "la neutralidad política e ideológica" de los claustros.

En opinión de los firmantes de la carta, la enmienda aprobada es vaga y da pie a que puedan repetirse posicionamientos políticos como los que tuvieron lugar en las universidades catalanas contra las condenas de los políticos del 'procés' en octubre de 2019. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del acuerdo del claustro de la Universitat de Barcelona, de 21 de octubre de 2019, por el que se aprobó el 'Manifiesto conjunto de las universidades catalanas en rechazo de las condenas de los políticos presos y a la judicialización de la vida política'.

Universitaris per la Convivència ha pedido que se incluya expresamente en la Losu el deber de neutralidad ideológica de las universidades públicas y de todos sus órganos de gobierno y representación. "Solo así -añaden- se zanjará cualquier duda al respecto y se aprobará una ley plenamente respetuosa con la Constitución, tal como ha sido reiterada y consistentemente interpretada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (TS). Leyes claras y válidas es lo mínimo que los legisladores les deben a los ciudadanos". 

Debate

La enmienda, en todo caso, desencadena posiciones encontradas en los campus. Los rectores de varias facultades catalanas, como la Universitat de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF) o la Politècnica de Catalunya (UPC), la defienden y la enmarcan dentro de la normalidad democrática y la libertad de expresión. La cúpula de la Conferencia de Rectores (en la que están representadas las 76 universidades que hay en España, 50 públicas y 26 privadas) prefiere no opinar. Lo mismo sucede con los responsables de varias universidades repartidas por España, desde Santiago de Compostela hasta Granada, Madrid o Euskadi, consultados por este diario.

En contra

Uno de los pocos que sí ha hablado es el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega. Jurista de formación, asegura que, a pesar de la (neutra) literalidad de las palabras de la enmienda, el texto "tiene la finalidad de que se repita lo que sucedió en Barcelona". El rector de Salamanca opina que existe un "alto riesgo" de que se repita aquel pronunciamiento de los campus catalanes a partir de una interpretación de la ley.

Rivero Ortega recuerda que el Supremo, tras dos sentencias previas de dos instancias judiciales, anuló el acuerdo "porque había una vulneración de los derechos fundamentales". "Eso no se debería volver a repetir", insiste. "La enmienda es innecesaria", concluye tras resaltar que "la autonomía universitaria significa que los políticos no deben interferir en la universidad". "Tomar partido por una cuestión que divide a la sociedad es algo que violenta la autonomía universitaria. Cuando hay opiniones discrepantes, un claustro no puede adaptar acuerdos de naturaleza política e ideológica", sentencia.

A favor

Sin embargo, Joan Guàrdia, rector de la UB, opina que "la universidad nunca hace política de partidos, pero eso no la convierte en una institución indiferente". Los claustros siempre se han posicionado abiertamente en aquellos temas en los que, de oficio, se sienten concernidos, admite. Y cita como ejemplo la polémica sentencia de 'La Manada', el feminismo, la guerra de Irak o la invasión de Ucrania. ¿Dónde deben, en su opinión, estar los límites? "El límite debe estar en que la declaración debe ser respetuosa y defendida con argumentos", concluye.

Daniel Crespo, rector de la Politècnica de Catalunya y nuevo presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públiques (ACUP), asegura que si se vetan los asuntos de especial trascendencia no se podrían debatir temas que son importantes socialmente y que también tienen su vertiente política, como el cambio climático o la investigación genética. "La universidad es un foro de debate, un espacio donde se discute. Pero no es un espacio político porque los políticos hacen leyes. De lo que estamos hablando ahora es de libertad de expresión. Una universidad trabaja para toda la sociedad, con independencia de que realice una declaración", concluye.

En la misma línea, el vicerrector de la Pompeu Fabra, Pablo Pareja, también entiende la enmienda dentro de la normalidad democrática y la libertad de expresión, más teniendo en cuenta que, históricamente, las facultades han sido espacios "afortunadamente" plurales. "Las universidades no debemos convertirnos en lugares donde se opine de todo, pero sí debemos cumplir nuestro papel y discutir asuntos que nos conciernen o con los que nos sentimos interpelados. Debemos ejercer ese derecho de manera responsable. Es un derecho y no se debe anular. Está claro que apostar por un partido político no corresponde a la universidad. De lo que hablamos es de una invitación al debate, no hay que entenderlo como "como una anulación de la diversidad".

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