Drama humanitario

Deportaciones "en masa" y "cárceles flotantes": así endurece Europa sus políticas migratorias

La mayoría de las medidas están orientadas a agilizar las deportaciones o a poner trabas para conseguir visados de trabajo y de estancia

Un grupo de inmigrantes a bordo de un barco frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa.

Un grupo de inmigrantes a bordo de un barco frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. / EFE

Gemma Casadevall / Enric Bonet / Lucas Font

En los últimos meses, se han aprobado en diversos países europeos duras medidas contra la inmigración irregular que intentan contener con más restricciones el flujo de llegadas. La mayoría de ellas están orientadas a agilizar las deportaciones o a poner trabas para conseguir visados de trabajo y de estancia. Estas medidas van en paralelo a la negociación del pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea, en la que el reglamento de crisis para responder a llegadas masivas como las que se vivieron en 2015 es uno de los obstáculos que impiden su aprobación definitiva. Mientras, el Reino Unido mantiene su particular lucha contra la inmigración irregular e insiste en su plan para deportar a Ruanda a los llegados a su territorio sin permiso o visado. Estas son algunas de las leyes aprobadas o en discusión:

Scholz presiona para acelerar las deportaciones

El canciller alemán, Olaf Scholz, sorprendió a sus compatriotas el pasado octubre al anunciar, vía entrevista a 'Der Spiegel', un plan para acelerar las deportaciones de inmigrantes irregulares. Rompía así con la línea que marcó su antecesora, la conservadora Angela Merkel, quien mantuvo abiertas las puertas al asilo mientras otros socios las cerraban en la crisis migratoria de 2015. El plan del socialdemócrata Scholz se orienta a los cerca de 54.000 solicitantes de asilo que han visto rechazada su petición, pero siguen en el país. Alemania marcó este 2023 otro récord de llegadas de refugiados: al millón y medio de ucranianos recibidos desde el inicio de la invasión rusa se suman 304.500 solicitantes de otras procedencias, un 60% más que el año anterior, y unos 45.000 migrantes irregulares. Entre los 54.000 que el tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales de Scholz quiere deportar hay peticionarios rechazados con orden de expulsión, pero 'tolerados' hasta ahora en Alemania. En ese grupo hay desde miembros de bandas criminales a refugiados radicalizados o presuntos yihadistas. En la práctica, no se les ha podido entregar a su país de origen por razones humanitarias o porque las autoridades se niegan a recibirlos.

Berlín ha negociado con terceros países la agilización de los trámites de deportación, pero hasta ahora las cifras de las expulsiones son mínimas --unos 15.000 en un año--. Una cosa es el plan teórico y otra su plasmación en la realidad. Las presiones sobre Scholz son enormes: la oposición conservadora ocupa la primera posición en intención de voto, seguida de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el partido al que aupó el voto de protesta y xenófobo surgido de la acogida de asilados con Merkel en el poder.

A la consolidación de la ultraderecha como socio de gobierno en países nórdicos, como Finlandia, o como aliado externo, en el caso de Suecia, ha seguido un endurecimiento de las políticas migratorias. Finlandia ha optado por cerrar sus pasos fronterizos con Rusia, con el argumento de que se registraba un inusitado incremento de llegadas a través de sus 1.340 kilómetros de frontera compartida con ese país. Imputa a Moscú una "guerra híbrida" en forma de migración irregular hacia su frontera, como la que dos años atrás lanzó Bielorrusia hacia los países bálticos y Polonia.

Varsovia, tras los ocho años de gobierno ultraconservador y de rechazo a toda propuesta migratoria de Bruselas, se prepara para la transición a un gobierno más europeísta liderado por Donald Tusk. Se espera un reencuentro con las instituciones europeas bajo el liberal Tusk, aunque en cuestiones de asilo sus propuestas no difieren tanto de la línea del ultraconservador partido PiS. INFORMA: GEMMA CASADEVALL

Macron, cuestionado por limar las garantías legales

El Gobierno francés de Emmanuel Macron tiene entre manos desde hace meses una nueva ley migratoria. Presentado en febrero en el Consejo de Ministros, este proyecto de ley empezará a debatirse el 11 de diciembre en la Asamblea Nacional. Representa la 30ª iniciativa legislativa sobre cuestiones migratorias —un tema que genera acalorados y constantes debates en el país vecino— impulsada en Francia desde 1980. La conocida popularmente como ley Darmanin (en referencia al ministro del Interior) tiene como objetivo facilitar y acelerar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular, así como aquellas personas extranjeras que hayan cometido delitos graves.

En concreto, la ley ampliará la posibilidad de expulsar del territorio galo a aquellos extranjeros que llegaron a Francia antes de los 13 años, y también a los que viven desde hace más de una década en el país, en el caso de que hayan tenido "comportamientos que amenacen el orden público" o de violencia machista (o intrafamiliar). El texto también reducirá de un tribunal colectivo a un único juez los encargados de aceptar o rechazar las demandas de asilo. Se trata de una medida destinada a acelerar la gestión de esas solicitudes, pero criticada por las asociaciones humanitarias, quienes temen que disminuirá las garantías legales y aumentará el porcentaje de peticiones denegadas.

Para compensar estas políticas duras, la iniciativa legislativa incluía en un principio la creación de un permiso especial de residencia para aquellos trabajadores en profesiones con escasez de mano de obra. Durante su discusión en el Senado, esa medida fue suprimida. Y, finalmente, la versión de la ley que se debatirá en la Asamblea incluye un dispositivo bastante menos ambicioso. INFORMA: ENRIC BONET

Ruanda, barcazas para solicitantes de asilo y menos visados de trabajo

El Gobierno británico está tratando de reducir las llegadas de inmigrantes al Reino Unido a cualquier precio para cumplir con una de sus principales promesas, la de acabar con la inmigración irregular. Por ahora tan solo ha logrado reducir la cifra un 30% respecto al año pasado, cuando se alcanzó un récord con más de 45.000 llegadas.

El primer ministro, Rishi Sunak, confía en que el plan para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda sirva para frenar en seco las llegadas irregulares de inmigrantes. El objetivo es que el país africano tramite las solicitudes y acoja a los refugiados en caso de que estas sean aprobadas, aunque por ahora la justicia británica ha frenado estos planes por el riesgo de que las autoridades ruandesas deporten a solicitantes de asilo legítimos a sus países de origen o a otros países en los que puedan sufrir persecución. El Ejecutivo ha firmado esta semana un tratado internacional con Ruanda para blindar su compromiso y confía en que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que incluye cláusulas para evitar que los tribunales, tanto nacionales como internacionales, puedan frenar las deportaciones.

El Gobierno también se ha propuesto reducir los costes de alojamiento y manutención de los solicitantes de asilo que se encuentran en el Reino Unido, con el uso de barcazas antiguas bases militares, aunque los planes están avanzando mucho más lento de lo previsto. El Ejecutivo también ha endurecido los requisitos para acceder a visados de trabajo y familiares, con el objetivo de reducir la inmigración legal en 300.000 personas, más de una cuarta parte del total anual. INFORMA: LUCAS FONT

Meloni abona los pactos con Albania y Túnez

Sin lugar a dudas, la medida que más está dando de qué hablar en lo que a Italia se refiere es el plan del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni de instalar centros para migrantes en Albania para trasladar allí a los rescatados por los barcos estatales en el mar. No obstante, pese a que tanto Tirana como Roma ya han firmado el acuerdo, no está nada claro que realmente la medida se pueda llevar a cabo. La razón son sus estratosféricos costes, más de 100 millones de euros, según ha desvelado la prensa transalpina, que ha tenido acceso a documentos internos. Este sería el gasto para acoger a unos 800 migrantes al mes en los próximos años. Tanto la prensa como diversos analistas y la oposición han criticado duramente una medida que consideran ilegítima.

El plan de Meloni llega en un año en el que los desembarcos irregulares en el país han sido particularmente altos hasta el pasado mes de septiembre, tanto que hasta la fecha el número de migrantes llegados supera los 150.000, unos 50.000 más que el año precedente. Esto se debe principalmente a la reactivación de la ruta desde Túnez, país con el cual Meloni ha estado negociando para frenar las salidas de sus costas. De ahí también que, en el pasado mes de octubre, el Gobierno italiano anunciara su intención de acoger 4.000 trabajadores tunecinos como parte de los esfuerzos de Roma para aliviar la crisis económica y la presión migratoria que sufre el país magrebí.

Además, desde diciembre de 2022, el Ejecutivo italiano endureció las reglas para las oenegés que rescatan migrantes en el mar, prohibiéndoles también las operaciones de salvamento múltiples y obligándoles a dirigirse inmediatamente a los puertos tras un rescate, exponiéndose a multas de hasta 50.000 euros y a la inmovilización de la embarcación en caso de no cumplir la norma. INFORMA: IRENE SAVIO