Comisión del Congreso
Prohens niega contactos con la trama Koldo
La presidenta asegura que «ningún» informe de la UCO apunta a cargos del PP balear
La presidenta del Govern, Marga Prohens, niega «tajantemente» contactos de los investigados en la ‘trama Koldo’, que ella denomina ‘trama PSOE’, con algún miembro de su gobierno y acusa a los socialistas de elaborar una «estrategia de confusión, distracción y barro» con el objetivo de «embarrar el debate público y protegerse».
La líder del PP asegura que «ningún informe» de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apunta a miembros del PP de Balears en la extensa investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional, si bien los pinchazos de la Benemérita aportan conversaciones entre los presuntos cabecillas de la trama (Juan Carlos Cueto, Koldo García e Íñigo Rotaeche) en los que señalan que hubo presiones e influencia «sobre algún responsable en la Administración Balear» para que desistiera de la reclamación de 2,6 millones de euros.
Según se puede leer en el informe de la Guardia Civil, los investigados por la trama de presuntas mordidas en contratos de pandemia intentaron concertar una reunión con el Govern del PP para tratar la reclamación por el contrato de mascarillas. En una de las conversaciones telefónicas se cita de forma indirecta a Prohens. «Ella es de la línea de Pablo Casado, ¿vale? Pero que ya está hecho. O sea, vamos a esperar que me diga cuándo os tiene que ver. (...) El recado está dado, ¿vale?», asegura Koldo.
Según la UCO, las conversaciones que se produjeron entre octubre y noviembre de 2023 indican que el exasesor de Ábalos trató de comunicarse, a través de un intermediario «de las islas», con el funcionario público anteriormente encargado de este asunto, a pesar de que finalmente menciona que, a través de un amigo suyo, ha logrado hablar «con la persona que actualmente desempeña ese cargo».
En distintas ocasiones de la comparecencia de ayer en el Congreso, la presidenta negó por completo cualquier contacto con intermediarios de la empresa para llegar a un acuerdo ni recibió presión alguna para que dejara caducar el expediente, como sostiene la Audiencia Nacional.
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