El Govern aprueba la legalización de obras irregulares que hayan prescrito

Regularización de las construcciones ilegales pero cuyas infracciones hayan prescrito; desaparición de la Comisión Balear de Medio Ambiente; posibilidad de que los ayuntamientos creen aparcamientos temporales en cualquier tipo de suelo, incluido el rústico, durante las épocas de mayor afluencia de turistas, y la opción de pasar la gestión de la ITV a empresas privadas. Son algunas de las medidas que el Govern ha incorporado en el decreto ley de simplificación y racionalización administrativa que aprobó ayer.

El objetivo de este texto, que modifica unas 50 leyes y decretos es, según el portavoz del Ejecutivo, el ibicenco Antoni Costa, que «el exceso de burocracia deje de ser un obstáculo para los ciudadanos» y que «la Administración sea un aliado y no un problema». Se trata de simplificar la normativa y los trámites y de apostar por la digitalización, insistió.

La medida ha sido ya duramente criticada desde el PSIB. Su portavoz, Iago Negueruela, destacó su aprobación sin diálogo ni consenso, y además sin datos. Además, consideró que la legalización de construcciones irregulares en suelo rústico, que calificó de «la más importante de la historia», pone en juego el futuro de las próximas generaciones.

Desde Més, Lluís Apesteguía anunció que combatirá esta norma desde todos los frentes y la calificó de «vergüenza» y de llenar las islas «de cemento».

Regularizar casas ilegales. Entre las novedades que este decreto ley incorpora está la posibilidad de regularizar la situación de las construcciones ilegales pero sobre las que ya no se podía actuar por haber prescrito, para lo que se dispondrá de un plazo máximo de tres años.

A cambio, los propietarios deberán pagar las mismas tasas e impuestos que en las nuevas edificaciones, y además una penalización del 10% del valor del inmueble si éste se regulariza durante el primer año, del 15% si es en el segundo y de un 20% en el tercero. Sin embargo, en el caso de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales habrá una bonificación del 50% a través del impuesto sobre la renta, y del 25% cuando no se pase de los 52.800 euros.

Un aspecto sobre el que se hace hincapié es que las viviendas legalizadas por esa vía «nunca» podrán dedicarse al alquiler turístico, según remarcó Costa. Tampoco se podrán regularizar las instalaciones ilegales dedicadas a hoteles rurales o agroturismos, las que se encuentren en zonas de expropiación o en las de dominio público, entre otras.

ITV en empresas privadas. El decreto ley también contempla la posibilidad de que los consells insulars permitan que empresas privadas hagan las revisiones de la ITV, con el fin de paliar las esperas que ahora se registran en las instalaciones ya existentes.

Costa señaló que deberán ser estas administraciones locales las que determinen si en estos casos se podrá cobrar algo más al cliente que en las estaciones de inspección ya existentes, aunque dio como seguro que siempre serán precios regulados.

‘Parkings’ temporales. Otra de las medidas incluidas es la de permitir a los ayuntamientos que creen en cualquier tipo de suelo, sea rústico o no, y tanto en público como en privado, aparcamientos temporales (un máximo de ocho meses al año) durante los periodos de mayor afluencia turística, con el fin de que sean zonas disuasorias en las que dejar el automóvil para luego desplazarse en vehículos públicos lanzadera hasta los lugares que se quiera visitar, ya sean puntos de la costa, pueblos o el centro de las ciudades. Estos espacios deberán contar con estructuras provisionales que puedan retirarse para que el lugar pueda recuperar su estado original.

Un aspecto destacado es que en el caso de los terrenos privados se deberá contar siempre con la aceptación del propietario, con el que podrán acordarse fórmulas de compensación, como si fuera un alquiler.

Comisión medioambiental. En el decreto ley se suprime la Comisión Balear de Medio Ambiente, que deja de funcionar como un órgano colegiado y se transforma en un departamento cuyos informes pasan a ser estrictamente «técnicos», según subrayó Costa, que añadió que ese sistema está en vigor en otras autonomías y en el Gobierno central.

Este órgano se integrará en la dirección general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental y sus técnicos serán los mismos que estaban en la comisión que desaparece.

Licencias en entes privados. También se abre la puerta a que los ayuntamientos, de forma voluntaria, puedan externalizar en entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) la emisión de los informes técnicos y jurídicos en la tramitación de las licencias, con el fin de poner fin a las elevadas demoras que se registran en algunos municipios.

En cualquier caso, se trata de abrir una doble vía, ya que esos pasos se podrán mantener en manos de los técnicos municipales, y los alcaldes podrán reclamar una revisión de los expedientes realizados por las citadas entidades privadas.

Historial social único. En el caso de los servicios sociales, se crea un historial social único, es decir, un registro unificado que, por ejemplo, facilitará el acceso a las diferentes ayudas. También se evitan duplicidades en la documentación exigida.

Transición energética. Se establece la declaración de interés general para agilizar proyectos de transición energética, como puntos de recarga de coches eléctricos.

También se eleva de 100 a 500 kilovatios las instalaciones de placas fotovoltaicas que quedan exentas de la autorización administrativa previa. Se agiliza el pago de subvenciones con una simplificación de las comprobaciones.

Guía de simplificación. Se contempla la aprobación de una guía de simplificación para todas las administraciones del archipiélago.