Protesta en la cárcel de Ibiza: «Ir de noche, sin bus, no es seguro»

La plantilla de la prisión de Ibiza mostró ayer su «malestar por la decisión de los servicios centrales de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias de retirar el servicio de transporte de personal hasta el centro penitenciario», una decisión que califican de «unilateral y puramente económica», según expresó la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios durante la protesta convocada ayer por la noche.

Como medida de protesta, los empleados de la prisión ibicenca se concentraron a las puertas de la cárcel y acompañaron desde allí y hasta la rotonda de la gasolinera de Cases Barates (donde colocaron una pancarta) a los trabajadores que a las 21.30 horas salían de prestar su servicio. El propósito era «visualizar el recorrido» que tendrán que hacer «de noche para llegar desde la prisión hasta el núcleo urbano» de Ibiza.

Estos trabajadores recuerdan que el centro penitenciario de Ibiza se ubica en las afueras de la ciudad, «en un enclave de difícil acceso a pie en condiciones de seguridad y en ausencia de un servicio de transporte público a las horas de entrada y salida del personal».

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También comentan que el servicio de transporte se venía prestando «desde la construcción de la prisión» debido a su complicado acceso y por razones de seguridad, por lo que ya lo consideraban «un derecho adquirido».

Complementos de insularidad

Creen que se trata de «una vuelta de tuerca más del maltrato institucional» que denuncian que tanto «las administraciones públicas locales como estatales» infligen a los funcionarios de la Administración General del Estado en las islas, en referencia, entre otras cosas, a los insuficientes complementos de insularidad.

Asimismo, consideran que, en «un contexto mundial y local de compromiso de las instituciones y los actores sociales con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible», la decisión de la retirada del transporte colectivo hasta la prisión es «incongruente y supone un paso atrás en tal sentido, al obligar a los trabajadores públicos a usar sus coches particulares (el que lo tenga) para ir a su puesto de trabajo a diario, aumentando de esa manera el número de vehículos en circulación, con los inconvenientes de tráfico, ruidos, emisión de gases y aparcamiento que supone».

También recuerdan que España se encuentra «en un Nivel 4 de alerta en la lucha antiterrorista» y que los funcionarios de prisiones son un colectivo «especialmente protegido en tal sentido».

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