Una mañana en Ibiza para resolver las dudas de los inmigrantes sobre su regularización

Varios venezolanos que tuvieron que marcharse de su país por no apoyar al régimen, una mujer colombiana que está embarazada y ha estado trabajando durante los últimos meses o un joven argelino que no sabe cómo solicitar su NIE. Todos tienen en común su ubicación actual: Ibiza. Y un objetivo por cumplir: regular su situación. Algunas de estas historias se dieron a conocer ayer durante la charla ‘Principales vías de regularización mediante autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales’ celebrada en el auditorio del centro cultural Cervantes, en Sant Antoni y a la que asistieron cerca de medio centenar de personas.

La concejalía de Bienestar Social de Sant Antoni, en colaboración con la Oficina d’Informació i Orientació per a persones Migrades (OFIM), organizaron la actividad, que estaba destinada a profesionales de distintas organizaciones que trabajan en el campo de la migración, e inmigrantes interesados en esclarecer dudas sobre su situación.

Editorial: El drama humano de la migración

En lo que va de año, la OFIM de Ibiza ha atendido a 250 personas, con un equipo formado únicamente por la trabajadora social Beatriz Dorado y el asesor jurídico, Francisco Simó, ambos encargados de presentar la charla.

La historia de Hidaksue y Felipe

Entre los asistentes, Felipe Díaz e Hidaksue la Cruz, un matrimonio venezolano. Llevan en Ibiza seis meses y tenían preguntas sobre la situación a la que podrían acogerse. Ambos son abogados y se marcharon «por razones políticas» de su país. Ahora esperan «una ayuda» para demostrar sus conocimientos y poder trabajar: «Y no estar dependiendo del gobierno de aquí», comentó La Cruz sin dejar de agradecer la ayuda que reciben por parte de asistentes sociales de Cáritas y Cruz Roja, con quienes colaboran como voluntarios.

Durante la charla, se presentaron siete vías de regularización: por arraigo social, laboral, familiar o para la formación, además de por colaboración con las autoridades administrativas, por protección internacional o como mujer víctima de violencia de género o violencia sexual.

En las oficinas de OFIM de Ibiza y Palma, según se expuso, la mayoría de las consultas que reciben son sobre arraigo de formación y arraigo laboral. Para el primero, hay que acreditar permanencia continuada en España durante los últimos dos años, entre otros de los requisitos que se contaron, y principalmente sirve para cursos oficiales del SOIB o del SEPE. Según expuso Dorado, Ibiza dispone de poca oferta y poca variedad de cursos, principalmente centrados en el sector servicios, en este ámbito. Por otro lado, para el arraigo laboral se señaló la importancia de poder acreditar la existencia de relaciones laborales durante un mínimo de seis meses en los últimos dos años en España.

Huir de Venezuela

En el caso de La Cruz, tuvo que dejar su trabajo tras 29 años como coordinadora de un consultorio médico porque, con el cambio de gobierno en Venezuela, una joven con una formación diferente ocupó su puesto. Aguantó «humillaciones, maltrato verbal...», llegó a tener una parálisis facial y esperó un año: «Hasta poder salir sin decir nada» ni en su país ni en su trabajo, señaló. En el caso de su marido, la situación que acabó siendo insostenible «empezó con extorsión», porque llevaba la parte jurídica del Ministerio de Salud. Él fue uno de los participantes en la recolecta de firmas para la destitución de Hugo Chávez, cuyo listado se publicó en 2004 como Lista Tascón. A pesar del despido, pudo abrir una empresa privada y mantenerla durante 14 años, pero hubo un momento en el que empezó a recibir amenazas telefónicas. Le llegaban mensajes del frente armado, que demostraban que le habían seguido y visto junto a su hija: «Decían la ropa que llevaba en aquel instante», reveló Díaz. Su hija fue la primera en marcharse del país, y cuando llegó el momento en el que los negocios ya no recibían beneficios económicos porque «la gente ya no pagaba», ellos fueron los siguientes.

Situada detrás de ellos, Lina Marcela apuntó: «Lo que cuentan es realidad». Marcela no es venezolana pero tuvo una empresa en el país durante doce años y «empezó igual», aseguró sobre las llamadas que amenazaban con que se llevarían a sus hijos a «filas» si no colaboraban.

Durante la presentación los asistentes explicaron más casos, sobre todo de mujeres. Algunas de ellas ya con hijos en España y otras interesadas en acoger a algún familiar. Los profesionales respondieron con diferentes cuestiones a tener en cuenta e invitaron a trasladar cualquier duda y solicitar cita a través del 971 764 588.

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