Unos seis mil migrantes de Balears podrían acogerse a la nueva regularización

Unos 6.000 migrantes no regularizados en las Balears -aproximadamente-, según los datos de la Plataforma de Inmigración de Balears, podrían dar un giro de 180 grados a su situación administrativa tras el apoyo que el Congreso de los Diputados dio el martes a la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) que propone la regularización de 500.000 personas migrantes que, según los datos aportados por las 900 organizaciones que respaldan la iniciativa -entre las que se encuentra Cáritas Mallorca-, viven a día de hoy en España sin papeles y sin poder acceder a los derechos básicos.

Esta IPL, que cuenta con el apoyo de numerosas ONG y que logró recoger 600.000 firmas, comenzó su andadura hace ya más de dos años con una gran campaña de recogida de firmas y en febrero de 2023 la Junta Electoral Central ratificó que había conseguido el medio millón necesarias para iniciar su tramitación parlamentaria. Convertida ya en proposición de ley, su objetivo es simple: dar al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. Sin su regularización, sostienen sus promotores, se vulneran sus derechos fundamentales, se les impide contribuir económica y fiscalmente a la sociedad y no se pueden planificar ni dimensionar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos.

Sin embargo, según apuntan desde la Plataforma de Inmigración de Balears, la efectividad de esta iniciativa dependerá de las condiciones y del método a seguir para la tramitación de las solicitudes. Aseguran que, a día de hoy, existe un grave problema con los certificados de empadronamiento, que permiten iniciar los trámites para conseguir los ‘papeles’: «Se tiene que arreglar el problema de los empadronamientos. Hay ayuntamientos que directamente no quieren empadronarte, y como el es punto neurálgico de la tramitación de los papeles, no pueden acceder a nada más», lamentan.

Explican también que las largas listas de espera, que alcanzan en algunos casos los tres años, así como la complejidad de los trámites, dificulta para muchas personas iniciar el proceso de regularización. «Si no se estandarizan los requisitos previos para las personas que están en esta situación, no servirá de nada. Imagínate una regulación masiva, no darían a basto. Se deben revisar todas las administraciones locales para poder subsanar el problema», advierten.

Los datos en 2023

Según los datos que maneja Delegación de Gobierno, el año pasado entraron 33.497 expedientes, de los cuales 32.541 fueron resueltos. En estas cifras están incluidos cierto número de expedientes que fueron iniciados en 2022 pero finalizados en 2023. Además, todas estas personas llevaron a cabo la tramitación por iniciativa propia.

De este modo, se resolvieron una media diaria de 91 expedientes diarios durante el curso pasado.

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