El Govern impone las sanciones mínimas a la residencia Colisée por sus dificultades

La consellera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, aseguró ayer que velará por que la situación en las residencias de Ibiza sea la misma que en centros de Mallorca o Menorca, y afirmó que no responsabilizará al Consell de Ibiza de los problemas de Colisée. La consellera detalló en el Parlamet balear que en Colisée se realizaron inspecciones y «cada situación fue objeto de una sanción», sanciones estimadas en un grado mínimo y con una cuantía inferior estipulada al tenerse en cuenta la dificultad de cumplimiento riguroso de la normativa, por las dificultades para encontrar personal por los problemas de vivienda en la isla, sobre todo especialistas en atención a los mayores.

Como Govern, aseguró que velarán por la problemática de este centro mientras se completa el traspaso de la gestión de las residencias de Ibiza. Cirer reconoció durante el pleno del Parlament que la situación «óptima» sobre la residencia Colisée de Ibiza es que no se detectara ninguna infracción «nunca», ni en este centro, ni en otros.

Según detalló, el pasado octubre se reunieron con las familias y se comprometieron a mantener un contacto continuo con la dirección del centro, realizando un seguimiento de los usuarios. «Es cierto que hemos recibido comentarios positivos respecto a algunos cambios que se han hecho en las áreas de dirección», añadió.

Críticas del PSOE

Así contestó la consellera a la diputada socialista Irantzu Fernández, quien preguntó por las infracciones detectadas en inspecciones laborales realizadas en la residencia Colisée.

La diputada afirmó que la situación en Ibiza «es anómala» puesto que el Consell no quiere asumir las competencias en la gestión de las residencias, lo que ha provocado que la isla esté «bloqueada y sin nuevas plazas».

Ante ello, lamentó la «total inacción del Consell» y pidió a Cirer que actúe como intermediaria ante el presidente insular en este tema y actúe en consecuencia. Cirer se cuestionó sobre si la pregunta de la diputada pretendía «desacreditar» al presidente y a su equipo de gobierno.