Antiguos concesionarios de chiringuitos «perplejos» ante los cambios de opinión de Sa Unió y GxF

Los seis afectados al Consell en que desista de la adjudicación de los quioscos «por infracciones no subsanables de las reglas del procedimiento»

Reunión reciente de Llorenç Córdoba con los antiguos concesionarios. | C. CONVALIA

Reunión reciente de Llorenç Córdoba con los antiguos concesionarios. | C. CONVALIA / Redacción. Ibiza

Un grupo de antiguos concesionarios de chiringuitos de playa de Formentera se han mostrado este viernes «perplejos» por los cambios de opinión de los integrantes de Sa Unió y Gent per Formentera (GxF) respecto a la adjudicación de los contratos de explotación de los quioscos: «Vemos con sorpresa cómo GxF hace dos años nos daba el apoyo en la manifestación mediante nota de prensa y presencia en la misma y ahora se muestran partidarios de la adjudicación cuando hay informes jurídicos que lo desaconsejan».

De la misma manera, critican los cambios de parecer de Sa Unió, ahora en el caótico gobierno encabezado por Llorenç Córdoba: «Se comprometió a revisar y contestar nuestras alegaciones, algo que seguimos esperando». La agrupación (formada por los quioscos de playa Bartolo, Piratabús, Lucky, 62, People y Saona) carga también contra el líder del PP de Formentera y, hasta su destitución por parte de Córdoba, vicepresidente tercero y conseller de Promoción Económica y Administración Insular, José Manuel Alcaraz: «Pide un informe a la prestigiosa consulta pública Feuib, la conclusión es que no se puede adjudicar, oculta dicho informe hasta que sale en la prensa». Un informe, detallan, que firma Felio Bauzá, catedrático de titular de Derecho Administrativo de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Los afectados no entienden que Sa Unió «no tenga en cuenta ahora dicho informe cuando ellos mismos presentaron en el pleno del Consell un informe de este mismo catedrático para solicitar la prórroga en mayo de 2022».

Los antiguos concesionarios señalan que «el largo tiempo transcurrido» en el procedimiento para la adjudicación del contrato de explotación de estos quioscos «obliga al desistimiento parcial de la licitación debido, no sólo a los cambios sufridos en los títulos concesionalesotorgados por Costas (...) sino también de la necesidad de que los proyectos se hayan redactado de forma que puedan obtener las correspondientes licencias de actividad».

En este sentido, los hasta ahora concesionarios de los chiringuitos de playa de la isla recuerdan que los cambios «se refieren tanto a la duración de la explotación como a las características de la instalación para permitir su desmontaje cada temporada e incluso, en algún caso, con un cambio sustancial de la ubicación».

Los afectados insisten en que el Consell debe desistir en la adjudicación «por infracciones no subsanables de las reglas del procedimiento» de la misma. «Se trata de una previsión de la ley para salvaguardar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia, que debe garantizar el Consell», insisten los afectados, que reclaman que en «ejercicio del deber de transparencia» les dejen acceder al expediente y a los informes jurídicos «ya emitidos».

Los responsables de estos seis chiringuitos insisten en que las oefrtas que se presentaron «no tuvueron en consideración los requisitos exigibles en materia de actividades o de subrogación del personal», aspectos que, recuerdan «eran objeto de puntuación» de cara a conseguir la adjudicación. Por esto, recalcan: «Es evidente ue las ofertas no tenían en cuenta los condicionantes legales».

Exigen a la mesa de contratación que «contraste la información facilitada por los licitadores» para asegurarse de que «las ofertas se ajustan a las bases de la licitación» y de que «la propuesta económicamente más ventajosa debe ser, además, viable, y satisfacer la necesidad que da origen al contrato». Y a la Junta de Gobierno que «conteste a las alegaciones presentadas para dotar de seguridad jurídica la actuación del Consell».

Los hasta ahora concesionarios de estos seis quioscos advierten al Consell de Formentera de que, «en el caso de que se adjudique con informes jurídicos negativos» tomarán «cuantas medidas legales necesarias» consideren oportunas para defender sus derechos.