Luz verde del pleno municipal de Ibiza a la ampliación de la ‘escoleta’ de Can Cantó

Luz verde al proyecto de ampliación de la ‘escoleta’ de Can Cantó. Así lo decidió por unanimidad el pleno municipal de Ibiza este martes. «Ibiza necesitaba esta medida para poder ofertar plazas a las familias», expresó Sara Barbado, concejala de Infancia. Esta ampliación incluye ganar 67 plazas (122 en total) y nueve aulas.

La edil también señaló durante su intervención que se trata de una propuesta presentada en 2022 por el anterior equipo de gobierno y que el actual no ha introducido «ninguna modificación estructural ni de contenido». Al mismo tiempo, detalló paso a paso el trabajo final que ha llevado a cabo el actual gobierno municipal. «Paralelamente a la aprobación del proyecto, se han gestionado las excavaciones arqueológicas del solar, y a mediados del mes de febrero de este año la empresa adjudicataria inició las exacavaciones», agregó, detallando que el tiempo previsto de ejecución es de tres meses: dos de excavaciones y uno de realización de informes «y otros trámites burocráticos».

Unos cuatro millones de euros

Ahora el siguiente paso es trabajar en la redacción de los pliegos para la contratación de la obra, «con la previsión de un año de ejecución». «Si hablamos de dotación económica por parte de la conselleria de Educación, a través de las ayudas para creación y consolidación de plazas públicas, será de 844.200 euros con financiación de Next Generation con fondos europeos», detalló la concejala.

El coste previsto del proyecto es de alrededor de cuatro millones de euros.

Nuevo reglamento del servicio de autotaxi

Por otro lado, PP, Vox y Podemos aprobaron (con el voto en contra del PSOE) la propuesta de acuerdo del gobierno para aprobar inicialmente el reglamento de la prestación del servicio público de autotaxi. El cuarto teniente de alcalde Jordi Grivé defendió (al inicio del pleno el alcalde excusó la ausencia de Rubén Sousa, concejal de Transporte Público) que servirá para responder a las necesidades de los usuarios potenciales, proteger a las personas con necesidades especiales, con énfasis en los casos de movilidad reducida, reforzar el derecho de servicios con origen o destinación en ubicaciones de necesidad especial para los usuarios (como centros sanitarios) o proteger al sector para evitar la competencia desleal, entre otros aspectos.