Huelga de ambulancias en Ibiza

Los empleados en las Pitiusas denuncian que la Administración no les paga lo pactado en el convenio

Imagen de archivo de unas ambulancias

Imagen de archivo de unas ambulancias / Ángela Torres

E.P.

José Manuel Maroto, el presidente del comité de empresa de Gsaib (Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares) en Ibiza y Formentera, anuncia que los trabajadores convocarán una huelga los días 21, 25 y 27 de este mes marzo. Esas jornadas organizarán paros parciales entre las 10 y las 12 horas y desde las 16 hasta las 18 horas y están previstas a nivel autonómico. Esta compañía pública está a disposición de SAMU 061 y engloba al personal técnico en emergencias sanitarias.

El representante de los empleados afirma que protestarán contra los retrasos en la aplicación de gran parte de un convenio firmado hace más de un año. Maroto afirma que los empleados se encuentran «desamparados» ante la «desidia de la Administración», ya que comenta que se niega a proseguir las negociaciones para pagar el salario pactado.

«Como saben que tendrían que aplicar el convenio, no quieren convocar reuniones. Se están riendo de los trabajadores», lamenta. Además, indica que los profesionales pitiusos deberían cobrar «un plus por área de difícil cobertura que consta en el convenio».

Según señala, las instituciones a las que se dirigen le responden que tan solo puede percibir ese suplemento «el personal estatutario». Sin embargo, el representante indica que el personal de residencias de ancianos cobra esta retribución extra sin cumplir esta condición.

Maroto recuerda que los trabajadores anunciaron una huelga a principios de enero y que finalmente la desconvocaron ante la promesa de avanzar en las negociaciones sobre la parte retributiva del convenio. «Después de casi dos meses, se niegan a sentarse a hablar», denuncia ahora.

El representante asegura que la Administración y Gsaib, a quienes responsabiliza de la situación, tienen un «desinterés puro y duro» en aplicar lo negociado en un convenio «que salió en el BOIB, como toca». A pesar de todo, Maroto no espera modificaciones en la actitud de los responsables públicos en las negociaciones: «Llevamos un año intentando llegar a un acuerdo y es difícil que cambien».

Los sindicatos implicados critican la «nula predisposición» de la empresa para abordar el plan de Acción Social, que desde el 1 de enero de 2023 está presupuestado. Del mismo modo, protestan por el trato que recibe el comité de empresa a la hora de solicitar una reunión para tratar los desencuentros.