El Gobierno tramitará de nuevo la Ley de Costas «respetando» la sentencia del Tribunal Supremo

La ministra Teresa Ribera defiende en el Senado, a preguntas del senador pitiuso del PP Miquel Jerez, que la sentencia que anula el real decreto de 2022 «no modifica una sola coma del reglamento»

La ministra, durante la sesión del pasado martes en el Senado. | KIKO HUESCA

La ministra, durante la sesión del pasado martes en el Senado. | KIKO HUESCA / Efe. Madrid

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La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, asegura que revisarán la Ley de Costas y se tramitarán de nuevo «respetando» la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el Real Decreto de 2022 que modifica el reglamento general de costas.

Ribera respondió así a una pregunta del senador ibicenco del Partido Popular Miquel Jerez, quien perguntó en laCámara a la ministra sobre la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de febrero, porque el reglamento «no tomaba en cuenta a los ciudadanos y afectados por la Ley de Costas».

Según la ministra, la sentencia del TS «no modifica una sola coma del reglamento», un reglamento dictado precisamente para «dar seguridad jurídica» a todas las personas, vecinos o titulares de cualquier concesión o uso en dominio público y zonas de servidumbre «que quedaron desamparadas con la ley Cañete».

Ribera hacía referencia a la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la Ley de Costas del exministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Miguel Ángel Cañete, «precisamente por las barbaridades de ses Salines de Formentera». La ministra se refería a los daños en esa zona del litoral balear donde existen praderas de posidonia y de gran riqueza biodiversa.

La vicepresidenta asegura que está más de acuerdo con la interpretación que hacen dos de los cinco magistrados de la sentencia del TS, que «es mucho más correcta que la del voto mayoritario». «La consulta pública se representa en un cambio de criterio por parte de esta sala, y por primera vez se considera que una modificación puntual del reglamento debe pasar por consulta previa», subraya.

Según la ministra, hubo consulta previa prolongada «más allá del plazo que exigía la ley» y se integraron los comentarios, las observaciones pertinentes y, «obviamente, lo tramitarán de nuevo respetando la sentencia del TS», porque este Gobierno «seguirá haciendo lo que ha hecho desde el primer momento, respetar y defender el dominio público terrestre pensando en las personas y en la legalidad».

La ministra durante su intervención en el Senado.

La ministra durante su intervención en el Senado. / Kiko Huesca

Señaló que el Gobierno «respeta la legalidad» y lo que no va a hacer en ningún caso es «ser irresponsable, ni prender fuego a nadie como parece que tiene interés la presidenta de Balears », Marga Prohens.

Ribera subraya el respeto por el medioambiente y ha citado el «alicatado peligroso del litoral balear» con licencias urbanísticas «sin ningún control» y que existen ejemplos a lo largo de los años durante los gobiernos de Gabriel Cañellas (1983-1995) y Jaume Matas (2003-2007) en Balears.

«Restaurar la legalidad»

Ribera indica que van a seguir cumpliendo con las normas y sacar adelante «lo que merecen los españoles» que es «la restauración de la legalidad después de que el Tribunal Constitucional tumbara la ley de costas del exministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Miguel Ángel Cañete, precisamente por las barbaridades de Formentera y ses Salines».

A la petición de Jerez de reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la ministra dijo que mantiene reuniones con «todo el mundo».

El Tribunal Supremo declaró nulo el real decreto de 2022 que modificó el reglamento general de costas por omisión del trámite de consulta pública en una sentencia en la que estima el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas.

La sentencia tuvo el voto particular de dos de los cinco magistrados del Supremo, partidarios de desestimar la petición de nulidad del decreto por omisión del trámite de consulta pública.