Los afectados por la Ley de Costas en Ibiza piden «consensuar» la norma

La portavoz de la Asociación de Afectados por la Ley de Costa en Ibiza, Aixa Torres, se muestra prudente a la hora de analizar el fallo del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, que modificaba sustancialmente la normativa anterior teniendo en cuenta parámetros referidos al cambio climático.

La suspensión por parte del Tribunal Supremo se debe a un fallo de forma, recuerda Torres, «sin entrar a valorar el fondo», algo que preocupa a los afectados ya que, «en realidad, este tipo de decretos legislativos se suelen hacer por la vía de urgencia y pueden volver a hacer otro, aunque no tenga mucho sentido».

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Así, el colectivo de afectados asegura que están con la «incertidumbre» de no saber qué pasará en el futuro y «no saber qué pasará en el horizonte temporal», mientras vuelve a entrar en vigor la Ley de Costas de 2014.

Por ello, desde la Asociación de Afectados de Costas en Ibiza, que se encuentran dentro del colectivo SOMOS Mediterránia, que aglutina hasta a 60 agrupaciones de afectados de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, reclama que se les «escuche» para poder llegar a un «consenso». «Lo que queremos es que se adapte [la normativa], que nos escuchen e intentar lograr un consenso», insiste Aixa Torres, que especifica que el Real Decreto hace «una norma general sin atender las peculiaridades de cada zona».

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Participación

Para la representante de los afectados de Ibiza, ahora es «el momento de decir qué queremos y de que nos hagan partícipes, lo que al final es lo que dice el Tribunal Supremo, que no se ha tenido en cuenta la participación ciudadana», apunta. Torres, que va con «cautela» y «paso a paso», añade que se deber tener en cuenta que el «litoral no es uniforme y cada uno tiene su casuística». De hecho, prosigue, hasta en Ibiza, donde según la Cámara de Comercio habría unas 1.500 empresas afectadas, «se debería estudiar caso por caso».

Torres avanza que la próxima semana se celebrará una reunión con los integrantes de la asociación con el fin de acordar los siguientes pasos y las próximas actuaciones.

E incide en que si bien el fallo de la sentencia del alto tribunal estima el recurso presentado por los afectados por el deslinde en Formentera por «omisión del trámite de consulta pública», es una decisión que afecta «a todo el litoral de España». Aún así, destaca que Formentera es un «caso muy especial».

En el dictamen del Tribunal Supremo aparecen un gran cantidad de colectivos y administraciones públicas que presentaron alegaciones, aunque en un momento posterior a la elaboración del proyecto. En este caso, aparecen tanto el Consell de Ibiza como el de Formentera y la agrupación Gent per Formentera.

Sin respuesta

Torres confirma que, actualmente, no se ha respondido a ninguna de las alegaciones realizadas en su momento a la normativa. «De hecho, creo que Formentera debe ser el único colectivo al que han contestado» , precisa.

En este sentido también se pronuncia el Consell de Ibiza que, tras interponer un recurso contra el Real Decreto en noviembre de 2022, aún no han recibido respuesta.

Por aquel entonces, la máxima administración insular tildaba la modificación normativa de «injusta» y «arbitraria» y alertaba de que afectaría a «la actividad económica de miles de personas de nuestra isla, rompiendo un modelo de gestión y de negocios tradiciones y de pequeñas familias que ahora se dejará en manos de la especulación», indicaba.

Los afectados por el deslinde de Formentera logran tumbar el reglamento de Costas

El presidente insular, Vicent Marí aseguraba por aquel entonces la necesidad de garantizar la «protección del litoral de Ibiza con la continuidad de la actividad tradicional que, lejos de perjudicar la costa, la cuida y protege».

Marí criticaba que se trataba de una ley hecha «desde Madrid, desde un despacho con motivos ideológicos pero sin tener en cuenta la realidad de nuestra isla».

Tras la resolución dirigida a los afectados del deslinde de Formentera, desde la máxima administración insular de Ibiza se mostraron ayer «contentos y confiados».

Ibiza y Formetnera: diferentes luchas para lograr el mismo objetivo

La lucha contra el Real Decreto que modificaba la Ley de Costas empezó el verano del 2022, cuando propietarios de concesiones en dominio público se unieron bajo una asociación e iniciaron movimientos para alertar de su situación. Los afectados por el deslinde de Formentera, por su parte, llevan mucho más tiempo luchando, concretamente desde hace más de dos décadas.

El Real Decreto dejaba claro que la reforma tenía como objetivo adecuar el reglamento de la Ley de Costas a la Ley del Cambio Climático. «(...) se hace prioritario progresar en la integración de las medidas que permitan anticipar su adaptación [del reglamento] desde la planificación y la gestión costera, necesarias para minimizar dichos impactos. Ese ha de ser el objetivo a perseguir por las normas que contengan el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre», se apuntaba en el texto normativo.

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