El Consell de Ibiza insta a ayuntamientos y taxistas a decidir si debe haber una gestión insular

Una vez aprobada la ley que regula el servicio del taxi y los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), el Consell de Ibiza deja en manos de los ayuntamientos y el sector del taxi el impulso, si así lo consideran, de la gestión insular del servicio a través de la creación de un área de prestación conjunta. La nueva normativa determina el procedimiento, aunque, según apunta el director insular de Movilidad, Roberto Algaba, «ya se podía haber hecho con la legislación estatal».

Precisamente, el presidente de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), Antoni Riera, criticó ayer, en declaraciones a Radio Ibiza, al Consell y a los ayuntamientos por no haber avanzado en una propuesta, lo cual dificulta que, a tres meses del inicio de la temporada turística, pueda estar operativa para entonces.

La nueva ley del taxi reduce de cuatro a dos años la explotación de VTC de Ibiza en Mallorca

En todo caso, Algaba apuntó que la reclamación de urgencia de los taxistas sobre la creación de un área de prestación conjunta con la intención de frenar la oferta de las VTC con las que operan las plataformas Uber y Cabify (al obligarles a obtener una licencia urbana), «ya no es tan necesaria». Se refiere a que la nueva normativa balear obliga, al margen de que haya o no área de prestación conjunta, a que todas las VTC obtengan una licencia urbana. No obstante, todas las ya concedidas por el Consell de Ibiza (unas 300) cuentan con licencia urbana porque así lo acordó el Govern balear en un decreto de marzo del año pasado.

En todo caso, Algaba defiende que los ayuntamientos y los taxistas se pongan de acuerdo en que la gestión del taxi pase a ser de ámbito insular porque supondría «una mejora en su competitividad y el servicio». El director insular de Movilidad tiene claro que son los ayuntamientos y los taxistas los que deben «dar el paso», ya que la nueva ley otorga al Consell Insular un papel de «apoyo y coordinación» en su constitución.

«No invade competencias»

Su aprobación se debe hacer a través de una orden del conseller balear con un informe, no vinculante, del Consell Insular. El diputado de Més per Menorca Josep Castells afirmó el martes en el Parlament que es «un atropello» a las competencias que ostentan las instituciones insulares de Menorca y las Pitiusas. Sin embargo, Algaba entiende que no es así y defiende que la posición del Consell no sea vinculante. «No se puede hacer de tapón y coartar la voluntad de los ayuntamientos, que es lo que prima aquí. Estos son los que han de ceder sus competencias», argumenta el director insular de Movilidad del PP.

Algaba dice que desconoce si todos los ayuntamientos están por la labor de crear esta área de gestión insular, lo que supondría que la decisión sobre la forma de funcionar o la concesión de licencias dependería de un órgano supramunicipal que se debería crear. «Si los taxistas han dicho que lo quieren, me imagino que lo habrán hablado con los concejales de sus ayuntamientos», se limita a apuntar, sin hacer mención a las reticencias, tal como publicó este diario, de Sant Josep.

El director de Movilidad califica de «positivo» el resultado de la nueva normativa por haberse alcanzado «un amplio consenso» con el sector. «Si beneficia al sector e impide la entrada masiva de VTC es positiva», apunta, al tiempo que destaca que se haya conseguido, tal como reclamaba Ibiza, que se permitiera el movimiento de VTC entre islas «al menos durante un periodo de transición. Tras la presión de los taxistas de Mallorca, este se ha quedado en dos años, la mitad de lo inicialmente previsto.

Asimismo, niega, en contra de las acusaciones de los taxistas y grupos de la izquierda de Mallorca, que el Consell fuera «laxo», en el pasado mandato, a la hora de otorgar las 300 licencias de VTC que tuvo que tramitar por orden judicial. «Se dieron conforme a lo que decidieron los técnicos. No hubo directrices políticas», dijo.

Javier Torres, de Cs, critica la ley

Las críticas de los taxistas de Mallorca se dirigen hacia el anterior conseller de Movilidad, Javier Torres, de Ciudadanos. Precisamente, Torres remitió ayer un comunicado en el que, en defensa de la liberación del mercado, critica la nueva ley. «Es una oportunidad perdida y supone un perjuicio para los usuarios». El exsocio del PP en el Consell critica que se haya legislado «de espaldas a las necesidades de los usuarios» con la finalidad de «defender los intereses del taxi».

Torres destituyó a Algaba como director insular de Movilidad en el pasado mandato. El vicepresidente primero, Mariano Juan, ha recuperado a Algaba, que, dejó Ciudadanos y se afilió al PP, y desde hace unas semanas, ocupa de nuevo el cargo del que fue apartado por Torres.

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