El TSJB ratifica la multa de 651.000€ a la concesionaria de la autovía por negarse a retirar la tierra de Matutes

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la sanción de 651.000 euros que el Govern balear impuso a la UTE Accesos Ibiza, concesionaria de la autovía del aeropuerto de Ibiza, por negarse a retirar la tierra acumulada en dos parcelas propiedad de Fiesta Hotels & Resorts, del Grupo de Empresas Matutes. Se trata de las fincas 56 y 59 situadas al sur y al este de la balsa de drenaje, junto al hipódromo de Sant Jordi, que quedaron fuera del pacto de Matutes con la concesionaria para aprovechar la tierra obtenida durante las obras de la autovía para el campo de golf proyectado en esta zona.

En concreto, la conselleria balear de Territorio, Energía y Movilidad impuso a la UTE Accesos Ibiza, en febrero de 2019, una primera sanción coercitiva de 522.000 euros (3.000 euros diarios entre el 16 de agosto de 2018, cuando debía iniciarse la evacuación de los áridos, y la fecha de la resolución) por incumplir los requerimientos para que retirase la tierra. Posteriormente, en marzo de 2019, la Comunitat Autònoma impuso a la concesionaria una segunda sanción de 129.000 euros al constatar su inactividad.

Hay que tener en cuenta que el TSJB condenó en su día a la Comunitat Autònoma a ordenar la retirada de la tierra y a indemnizar con un millón de euros a Fiesta Hotels & Resorts al no haberse acreditado que estas dos fincas formaran parte del acuerdo entre la propiedad y la concesionaria para el campo de golf. Según este pacto, acreditado con sentencia firme, la constructora depositaba la tierra, pese a no tener permiso de la dirección de obra, en los terrenos donde Matutes proyectaba el campo de golf y se ahorraba, así, el coste del transporte y el vertido de la tierra en una cantera en vía de regeneración.

Argumentos de la concesionaria

La UTE Accesos Ibiza recurrió las sanciones por la vía contencioso administrativa defendiendo que no se había producido ningún incumplimiento contractual. En concreto, alegó, infructuosamente, en sede judicial que la orden de retirada de la tierra de abril de 2010 «ya fue ejecutada por la concesionaria» y el Govern balear dio «su conformidad» al dar por finalizada la fase constructiva y procediendo acto seguido a «devolver la garantía prevista en dicha fase del contrato». Además, sostenía que el requerimiento era «improcedente» porque no podía determinarse el origen de los depósitos de tierra al haberse ejecutado con posterioridad una nueva obra pública, en referencia a la balsa de drenaje, que supuso «importantes movimientos de tierra».

El tribunal descarta los argumentos de la concesionaria, que, además, ya habían sido desestimados por el mismo tribunal en el contencioso contra el propio requerimiento de la retirada de tierra. «Poco se puede argumentar contra un acto que impone una sanción por no retirar la tierra, cuando se ha constatado mediante sentencia judicial firme que se produjo un vertido ilegal y que procede su retirada», señala el fallo judicial, contra el que cabe recurso de casación.

Precisamente, la sentencia que avalaba la orden de la Comunitat Autònoma subrayaba que la concesionaria no se podía ver eximida de su obligación de retirar la tierra por haber recibido la devolución de la garantía de la obra. «Ocurre que se trata de un contrato de concesión de obra, que sigue vigente y en curso de ejecución, y queda todavía pendiente tanto la recepción, que se encuentra desplazada al desenlace o clausura de la concesión, como la finalización del plazo de garantía».

Concesiones hasta 2030

Tal como publicó hace unos días este diario, las concesiones de las autovías (la del aeropuerto y la de Sant Antoni) concluyen en el año 2030. Por ambas obras (construcción y mantenimiento desde la conclusión de las obras más el correspondiente beneficio), la Comunitat Autònoma ha pagado ya algo más de 352 millones de euros y aún debe 238 millones.

Tal como publicó este diario, a principios de 2021, la UTE Accesos Ibiza comunicó a la conselleria balear de Movilidad que finalmente iba retirar la tierra de las dos fincas de Matutes que habían quedado fuera del pacto del golf.

De todos modos, la evacuación de los áridos se inició en 2015, al margen de la concesionaria, en los terrenos donde sí estaba previsto construir el campo de golf, en la zona periférica de protección del Parque Natural de ses Salines. La propiedad, el Grupo de Empresas Matutes, dio permiso, «a cambio de nada», a la empresa Transportes Romero para que retirara y comercializara por su cuenta la tierra.

Sin embargo, poco después de que Sant Josep ordenase, al carecer de licencia, el cese de la retirada de tierra en estos terrenos, la actividad se trasladó al otro lado de la calle Gamba Roja, a las fincas afectadas por el requerimiento de la Administración autonómica. Entonces, el Consistorio también solicitó la correspondiente licencia y, ocho meses después, ordenó la paralización de los trabajos de extracción y cribado de los áridos, aunque después permitió su reanudación tras cambiar su criterio inicial y descartar que hiciera falta permiso alguno.

Retraso de ejecución del plan de ‘limpieza’ de los dos terrenos

El plan de trabajo que la UTE Accesos Ibiza presentó en la conselleria balear de Movilidad preveía la limpieza de las dos fincas de Matutes de Platja d’en Bossa en un plazo de siete meses. Más de dos años después del inicio de la extracción y cribado de los áridos para obtener tierra buena, los trabajos siguen adelante. Aún queda pendiente la retirada de la tierra de la finca 59, la que se sitúa al este de la balsa de drenaje, detrás de las instalaciones de Aquamar.

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