El Consell de Ibiza aprueba la concertación de 27 plazas de viviendas supervisadas
Los destinatarios deben un porcentaje de discapacidad igual o superior a un 33% y con necesidad de apoyo extenso y generalizado
![Fachada de la sede del Consell de Ibiza.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/66855964-1539-448a-9b44-7b2cfc601e58_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Fachada de la sede del Consell de Ibiza. / J.A.Riera
Redacción
El Consell Executiu del Consell de Ibiza ha aprobado la adjudicación de la concertación del Servicio de vivienda supervisada para personas con discapacidad intelectual, así como los diferentes apoyos complementarios asociados esta iniciativa. En total, se han adjudicado 27 plazas, lo que supone aumentarlas en 15 respeto las 12 que había concertadas hasta ahora. Se ha previsto un complemento de apoyo de alta intensidad a cada una de estas plazas.
Según ha informado la institución insular en un comunicado, 20 plazas del servicio y el complemento de alta intensidad han sido adjudicadas a la entidad Amadiba, por un importe máximo de 783.582 euros. Otras siete plazas han sido adjudicadas a Apfem por un importe máximo de 274.253 euros.
Igualmente, se han aprobado otros complementos asociados al servicio para cubrir posibles necesidades de apoyo por motivos médicos, conductuales o excepcionales, que se adjudicarán, si procede por resolución, con un importe máximo de 78.131 euros.
El Servicio de vivienda supervisada para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, es un oferta residencial para las personas con estas características y que necesitan supervisión y apoyo. Se organiza en viviendas ordinarias que constituyen el domicilio habitual de la persona.
Los destinatarios deben tener 16 o más años, con un porcentaje de discapacidad igual o superior a un 33% y con necesidad de apoyo extenso y generalizado.
Cartera de Servicios Sociales
Según el Consell, la concertación de estos servicios es una realidad gracias a la aprobación de la Cartera de servicios sociales que se concretó en marzo de 2023, haciendo realidad «el cambio de paradigma, pasando de un modelo conceptualmente basado en las subvenciones a la consolidación de derechos de las personas usuarias mediante la fórmula de la concertación social», aseguró la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, en una nota de prensa.
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