Ibiza y Santa Eulària se plantean limitar el aumento de alturas de edificios y el cambio de usos de locales

Los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària ya han expresado al Govern balear su voluntad de limitar la aplicación del nuevo decreto de materias urgentes en vivienda, el que permite, entre otras cosas, aumentar alturas de los edificios, el cambio de uso de locales comerciales en bajos a residencial (para alquilar a precio tasado, por debajo del precio de mercado) o la división de viviendas. Así lo han expresado los representantes de ambos ayuntamientos en la reunión convocada, en la sede del Consell de Ibiza con el director general de Vivienda y Arquitectura el Govern balear, José Francisco Reyes, para tratar la aplicación del decreto, que ya está en vigor, pero que se tramita en el Parlament como proyecto de ley, por lo que aún se puede modificar.

Precisamente, una de las propuestas que ha recogido el director general de Vivienda y Arquitectura es la de que el decreto habilite a los ayuntamientos directamente para permitir el uso residencial en terrenos de uso turístico para la construcción de viviendas temporales para trabajadores de establecimientos turísticos. Se trata de extender la medida que, tal como ya publicó este diario, pretende aplicar el Ayuntamiento de Sant Josep a través de sus Normas Provisionales de Planeamiento (NPP). En concreto, debido a la demanda de dos cadenas hoteleras, el nuevo gobierno municipal del PP ha introducido ahora en las NPP consensuadas por el anterior gobierno de izquierdas con el Consell que en los terrenos urbanos de uso turístico sin desarrollar se puedan construir «residencias temporales para trabajadores».

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Al término de la reunión, el director general de Vivienda y Arquitectura ha calificado de «positiva y razonable» esta propuesta lanzada desde Ibiza que se puede incorporar al decreto ley a través de las enmiendas que presenten ahora los grupos parlamentarios. También ha dicho que debería ser para uso temporal, «nunca permanente, y dirigido sólo a los trabajadores de los establecimientos turísticos». Tampoco se descarta, según ha señalado Reyes, que esta medida se aplique «sólo en Ibiza», y no en el resto de islas del archipiélago. «Se ha hecho [en otras ocasiones] legislación específica para una isla. No se puede descartar», ha insistido.

Limitaciones del decreto en Ibiza y Santa Eulària

Sobre las limitaciones en la aplicación del decreto que pretenden Vila y Santa Eulària, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, ha recordado que se trata de «un decreto flexible y escalable» y que cada ayuntamiento «puede decidir dónde [zona del municipio] o qué disposiciones aplica y cuáles no». Vila y Santa Eulària han explicado, en este sentido que están «estudiando» la aplicación del incremento de alturas y el cambio de uso de los bajos comerciales; en concreto, permitirlo sólo en algunas zonas del municipio. Por ejemplo, Juan ha indicado que, aunque no lo hayan verbalizado los representantes municipales, resulta «lógico» que en una calle con un uso comercial consolidado, el Ayuntamiento no quiera que ahí se pueda aplicar la reconversión de algunos de estos en vivienda. «Y, en cambio, en otros barrios los locales están infrautilizados y cerrados, y, por tanto, se pueden convertir en vivienda. Creo que va en este sentido, y es comprensible», ha explicado. Otros ayuntamientos están esperando a ver cómo responde la demanda de los ciudadanos, según ha indicado Juan.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el decreto ya se puede aplicar, por lo que en el momento que cualquier promotor o propietario presente un proyecto con la correspondiente solicitud de incremento de altura o de cambio de uso ya supone un derecho adquirido. En todo caso, el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern ha puntualizado que las previsiones es que hasta dentro de seis meses no empiecen a entrar en los ayuntamientos solicitudes de este tipo. «Es el tiempo prudencial para la redacción de proyectos de este tipo», ha justificado.

Viviendas a precio limitado: 180% por debajo del precio de mercado

Asimismo, en la reunión también se ha hablado sobre cómo se deben gestionar los proyectos para la construcción de viviendas a precio limitado (un 180% por debajo del precio de mercado) para determinados colectivos, como pueden ser efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado u otros funcionarios para cubrir el déficit de personal que afecta a la isla, en terrenos destinados a equipamientos. En concreto, se ha planteado si, en estos casos, deben tener prioridad las personas apuntadas en las listas el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi), aunque Mariano Juan ha destacado que los proyectos de VPO que impulse el Govern balear son distintos, e independientes, a esta nueva tipología vivienda a precio limitado que se introduce en el decreto.