El secretario del Consell de Ibiza entrega al juez un escrito de 16 funcionarios de alto rango en defensa del presidente

El secretario general del Consell de Ibiza, Pedro Bueno, declaró ayer en el juzgado en calidad de testigo en la causa de ‘La vida Islados’ y, al final, entregó por propia voluntad un escrito, del pasado 8 de junio, en defensa del presidente, Vicent Marí, firmado por él y otros 15 funcionarios de alto rango de la institución, mayoritariamente jefes de servicio y alguno de sección además del viceinterventor.

El Juzgado de Instrucción número 4 instruye la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Marí por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones hacia la interventora, Marian Tur. Se trata de la causa por la contratación a dedo de la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’, por la vía de emergencia por el covid durante el primer verano de la pandemia, a Fuera de Escena Ibiza SL, cuya administradora entonces era Míriam Juan, concejala del PP de Santa Eulària entre 2007 y 2011, cuando Vicent Marí era alcalde.

El secretario no estaba aún en el Consell de Ibiza cuando se tramitó la contratación de la campaña, pero hizo un informe, a petición de la vicepresidencia, sobre el procedimiento administrativo que le sirvió de base para descartar la personación en la causa de la institución como perjudicada.

En su declaración, que se prolongó dos horas, Bueno ratificó las conclusiones de su informe y, a la salida de los juzgados, reiteró que, bajo su criterio, no hay base penal: «Bajo mi punto de vista jurídico, si hay alguna discrepancia puede ser administrativa. Para mí no la hay, pero de haberla, puede ser administrativa pero no penal».

Escrito de la interventora

El secretario del Consell, y también del Ayuntamiento de Sant Antoni, aportó al juez al final de su declaración el escrito firmado por los 16 funcionarios de alto rango que respaldan al presidente del Consell; en concreto contra la acusación de la interventora de supuestas coacciones que ha denunciado. Según explicó Bueno, la interventora remitió un escrito al Consell en el que señalaba que los funcionarios con responsabilidad estarían, en defensa de Vicent Marí, «faltando en general» a sus obligaciones. De hecho, en este escrito la interventora advertía de que se reservaba el derecho de iniciar acciones penales contra la institución por la presunta inactividad o inacción administrativa en favor de los intereses de Vicent Marí y, a su vez, advertía de que también haría lo mismo contra aquellas personas que pudieran, directa o indirectamente, contribuir o ayudar en la posible inactividad o la continuidad de los hechos supuestamente delictivos denunciados.

Tras tener conocimiento de ello, el secretario y otros funcionarios de alto rango se reunieron para hablar de ello y firmaron un escrito que concluye que ninguno de ellos ha presenciado nunca la situación de presunto acoso laboral que denuncia Marian Tur por parte del presidente Vicent Marí, ni contra ella ni contra cualquier otro trabajador de la institución. Además, agrega que se lamenta profundamente la imagen del Consell que se está transmitiendo al exterior con todo este asunto, que, según sostienen los firmantes, no se corresponde con la realidad laboral de la institución. «No nos gusta», indicó Bueno.

El secretario puntualizó que, pese a defender al presidente, el ánimo de estos funcionarios con responsabilidad de coordinación de servicios es que «nadie salga perjudicado». «La interventora es una compañera a la que siempre le deseo lo mejor», recalcó Bueno.

Más declaraciones en el juzgado

Aparte del secretario, también estaban ayer citados a declarar como testigos otros dos funcionarios. La próxima semana tienen que hacerlo el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, y la jefa del servicio de Presidencia, Conchita Rebollo, ambos como investigados. La declaración de ambos ha sufrido ya dos aplazamientos.

En su querella, la Fiscalía sostiene que el presidente, supuestamente, lanzó «amenazas constantes» a Marian Tur, entonces viceinterventora, que quería lograr su ascenso: «O te portas bien o no te nombro interventora». Así se refleja, según la querella, en los audios aportados por la ahora interventora y que ejerce la acusación particular por las supuestas coacciones.

Entre las presuntas amenazas del presidente, el Ministerio Público destaca la exigencia del presidente de revisar los informes de Intervención antes de los plenos. La funcionaria aportó mensajes de telefonía de la consellera María Fajarnés, que ya declaró en el juzgado como testigo, en los que ésta le pedía que antes de firmar los informes se los entregase al presidente para su revisión y evitar con ello que fueran desfavorables.

En cambio, el presidente de la institución no sólo niega haber coaccionado a la funcionaria sino que denuncia que fue ella la que lo amenazó para lograr su ascenso y que ahora denuncia el supuesto acoso por «venganza».

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