El Govern cambia sus planes para salvar el edificio habitado de los Don Pepe

El Govern balear ha cambiado su hoja de ruta sobre los edificios Don Pepe, en es Codolar, en el Parque Natural de ses Salines. La consellera balear de Territorio y Vivienda, Marta Vidal, anunció ayer, en la sesión de control del Parlament, que se está buscando una solución urbanística para mantener en pie el bloque de apartamentos en el que todavía vive medio centenar de personas y derribar y construir uno nuevo en el solar previsto por Sant Josep, en la zona de Can Raspalls, para las personas que, ante el riesgo de derrumbe, fueron desalojadas.

Así, el nuevo Govern plantea ejecutar a medias el protocolo suscrito por el anterior gobierno de izquierdas con los vecinos afectados. Finalmente, la idea del PP pasa por derribar solo uno de los dos edificios de es Codolar y permitir la rehabilitación del que no ha sido desalojado. Este cambio supondrá un ahorro para las arcas autonómicas. La operación inicial tenía un coste inicial para el Govern de algo más de 20 millones de euros. La idea es que la edificación de vivienda libre en Cas Raspalls (en lugar de las previstas para el segundo bloque de los Don Pepe) contribuya a financiar la operación de permuta del que está declarado en ruina, según las fuentes consultadas por este diario. Para justificar la operación urbanística, el anterior Govern destacaba la importancia ecológica de borrar del mapa, en el corazón del Parque Natural, los dos edificios.

En respuesta a una pregunta de la diputada ibicenca de Vox Patricia de las Heras, la consellera balear de Vivienda explicó en el Parlament que «desde el primer momento» ha estado en contacto con el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, para buscar una solución al «drama» de los Don Pepe. Vidal dijo que los residentes que se han visto obligados a «salir a la calle» han sufrido «amenazas, miedo, engaños sobre engaños y protocolos absurdos». «Les puedo asegurar que nos vamos a volcar para solventar un problema de difícil solución para que estas familias tengan una vivienda digna», remarcó.

También indicó que ha pedido que le entreguen personalmente «los informes y el expediente para verificar la situación de legalidad originaria del edificio». «Parece que hay una autorización de Costas. Si el uso estaba permitido desde antes, algo se podría hacer», destacó, para insistir en que estudiará «pormenorizadamente» la situación urbanística. «Es vergonzante y sonrojante que cien familias se encuentren en esta situación durante tantos años y sin soluciones claras. A veces hay que ser valientes y tirar hacia adelante. Nosotros no nos vamos a reír de ellos», recalcó.

Por su parte, la diputada ibicenca de la utraderecha tendió «la mano» a Vidal para encontrar «una solución a esta injusticia y devolver a los propietarios su hogar». Destacó también que los propietarios compraron sus viviendas de «forma legal» y «muchos de ellos», además, «aún pagan la hipoteca». «Ahora ven cómo el sacrificio de toda una vida se derrumba, literalmente», dijo De las Heras, al tiempo que criticó que para efectuar la permuta pactada con el Govern para la construcción de sus nuevas viviendas, cada uno de los afectados deba pagar «40.000 euros».

Reforma legislativa a medida

La diputada de Vox recordó que la difunta diputada del PP Virginia Marí pidió en la pasada legislatura al gobierno de la izquierda que se aprobaran las modificaciones legislativas «necesarias» para que los vecinos pudieran rehabilitar los dos edificios. Incluso planteó, también infructuosamente, que se solicitase al Estado la legalización de los dos bloques por razones de «utilidad pública».

En este sentido, De las Heras remarcó que anteriores gobiernos del PP [en concreto el último presidido por Jaume Matas] aprobaron, aunque «sin éxito», medidas legislativas adrede para «evitar el derribo de determinadas edificaciones» como la mansión de «Cretu» en Santa Agnès y «el chiringuito de es Xarco».

Asimismo, el alcalde de Sant Josep se reunió ayer con los representantes de los apartamentos Don Pepe para explicarles el cambio de planes. Lo hacía a la misma hora en la que Vidal revelaba las intenciones del nuevo Ejecutivo balear en el Parlament. Pese a ello, un portavoz municipal indicó que hasta hoy, el Consistorio no se iba a pronunciar sobre los detalles del cambio en la operación urbanística y los motivos. La portavoz de los afectados tampoco atendió las llamadas de este diario.

En principio, pese a que Vidal anunció ayer que revisará la situación urbanística, el Govern asume que, una vez declarado en ruina, el edificio desalojado se tiene que derribar. El Consistorio no ha hallado ninguna licencia que amparase en los años sesenta su construcción, pero sí el pago de la tasa, según recordó De las Heras. Se encuentra «fuera de ordenación». El segundo bloque, aún habitado, sí cuenta con licencia, pero para un edificio de cuatro plantas y no cinco. Al tener una altura ilegal, este edificio también está fuera de ordenación, lo cual imposibilita la concesión de licencias de reforma. El Govern debe buscar ahora el encaje legal para que sí se pueda rehabilitar el edificio.

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