Negueruela advierte de que el decreto de impuesto de sucesiones es «una chapuza»

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Iago Negueruela, criticó ayer el decreto ley del impuesto de sucesiones aprobado por el nuevo Ejecutivo autonómico del PP y destacó que se trata de una «chapuza» que, según dijo, perjudicará a las familias «sobre todo en materia de vivienda». Por ello, el también exconseller balear de Turismo animó al vicepresidente del Govern balear, el ibicenco Antoni Costa, a ser «humilde y pedir disculpas» a los ciudadanos.

Negueruela recalcó que Costa debería «explicar a la ciudadanía que no la utilice porque les va a perjudicar». En este sentido, el portavoz del PSOE dijo que el Govern debería informar de que «hay que tener mucha prevención a la hora de usarlo porque tiene muchos fallos, de manera concreta en materia de vivienda».

Asimismo, asegura que «genera inseguridad jurídica» ya que se ha hecho «sin dirección general de Impuestos, ni interventor», por lo que, según su criterio, «se tiene que empezar de cero y con una exposición pública».

Por otro lado, en clave turística, el portavoz socialista recordó que el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, «hizo unas declaraciones en una entrevista sobre la moratoria de las plazas y luego en la comparecencia en el Parlament dijo lo contrario», por lo que «no se sabe lo que quiere hacer, más allá de que no le gusta la palabra ‘excesos’».

Sobre la ley contra el turismo de excesos, que afecta a Sant Antoni, Negueruela explicó que «el problema no es la palabra, sino que hay excesos» y que «la mejor manera de combatirlos es reconociendo que hay un problema». «Más allá de las palabras, lo que hay que hacer es legislar para evitar según que hechos y hacer las comisiones de seguimiento de las normativas de manera coordinada». También propone que «se escuche» al alcalde de Calvià, que «durante este verano ha salido varias veces a explicar cómo funciona el decreto en relación a los cierres y las sanciones».

Negueruela también criticó que el reciente anuncio de la conselleria de Vivienda de impulsar, mediante un decreto ley, medidas para generar viviendas nuevas a precio limitado «está consensuado con todo el mundo menos con los beneficiarios, que son la sociedad civil y los representantes de la parte de la población a la que va dirigida este tipo de vivienda».

En este sentido, acusó a la consellera Marta Vidal de tener una «actitud clasista y prepotente», por rechazar el uso de materiales concretos «por ser muy caros», y de «no querer que la gente normal, de clase media y trabajadora pueda tener casas que estén bien».