Marta Vidal, consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad: «Los propietarios tienen miedo, prefieren tener la casa sin alquilar que destrozada»

Fue la apuesta personal de Marga Prohens para gestionar una de las carteras más difíciles y carga contra las decisiones de la izquierda: «Fue un disparate cambiar la ley y decir que potencialmente, en cualquier zona y en cualquier tipología, se podía hacer alquiler turístico»

¿Qué diagnóstico hacen de la situación de la vivienda en Balears?

La situación es crítica. Lo primero que pedí es que se identificara en todas las islas cuál es el suelo municipal vacante para saber de qué disponemos. Ahora se lo enviaremos a los consells y ayuntamientos para que comiencen a pensar qué quieren hacer. En base a las peticiones haremos una planificación integral del programa de desarrollo de vivienda protegida, ya sea en colaboración con el sector público.

Preparan un decreto de emergencia habitacional. ¿Cuáles serán las principales medidas?

Son medidas que suponen un coste cero para la Administración y consumo cero de territorio. Estamos cerrando el contenido con la abogacía. Son medidas que no pueden ser objeto de ningún tipo de crítica porque los resultados se destinarán a viviendas de VPO o viviendas a precio tasado. Buscamos satisfacer el interés público con el mejor coste económico y de consumo de territorio posible.

¿Por qué rechazan la limitación a los alquileres?

Estamos preparando una ley de vivienda y, en este momento, no puedo decir que rechazo algo. Tenemos una ley estatal que la abogacía de la Comunidad ha analizado y considera que hay invasión de competencias del Estado con Balears. A partir de aquí nosotros sacaremos adelante nuestra propia ley ejerciendo plenamente nuestras competencias.

¿Pueden dejar de aplicar la ley de vivienda estatal?

Nunca dejaré de aplicar una ley porque no corresponde, pero nosotros podemos desarrollar plenamente nuestras competencias en materia de vivienda porque están muy bien definidas en el Estatut. Si de nuestra regulación el Estado considera que algo incumple la norma estatal, habrá una comisión bilateral como ocurre siempre para analizar si existe una colisión de competencias y a qué nivel. No dejaremos de ejercer nuestra competencia y si, cuando redactemos nuestro articulado hay alguna colisión, el procedimiento es el de siempre para evitar tener que ir al Tribunal Constitucional. Aunque si tenemos que ir, iremos.

¿Ceder suelo público a promotores privados para hacer vivienda a precio tasado es una buena propuesta?

Es muy importante que la Administración no crea que es omnipotente. La política es el arte de gestionar lo escaso, que es el dinero. No podemos pretender que toda la política de vivienda se haga con recursos públicos porque es ineficiente. No tenemos los medios, ni suficiente dinero ni hay por qué hacerlo. Creemos en la colaboración público-privada, pero sin perder de vista nuestro objetivo: generar viviendas de máximo 300.000 euros para la gente joven y quienes lo necesiten. Para que los ciudadanos de Balears no se tengan que ir de las islas. Todas estas viviendas estarán sujetas a un régimen de protección pública para que todos estos inmuebles nuevos no estén en un mercado libre ni se genere especulación. Que una persona con 25 o 30 años se pueda comprar un piso.

Entiendo que seguirán construyendo vivienda pública.

Por supuesto.

¿Sus propuestas son una enmienda a la totalidad a lo que se ha hecho estos años?

No. Nada es una enmienda a la totalidad de lo que se ha hecho. Quien pretenda llegar y hacer el castillo nuevo fracasará. Pero se tiene que aceptar que cuando hay un cambio el nuevo gobierno tiene la legitimidad democrática de considerar que existe otra manera de hacer las cosas. Queremos satisfacer los intereses de la mayoría de la gente con el menor coste para la administración. No es que nos queramos cargar todo lo que se ha hecho, sino que consideramos que hay una forma mejor de afrontar el problema.

Balears tiene, según el INE, más de 100.000 viviendas vacías. ¿La solución sigue siendo construir más?

La pregunta es por qué hay tantos pisos vacíos. A lo mejor no estamos dando suficientes garantías o quizás nos olvidamos de que los propietarios tienen miedo de lo que pueda pasar con su propiedad si alquila. A lo mejor no tenemos que obligar a la gente a hacer lo que no quiere sino darle garantías e incentivos. La gente se asusta y prefiere tener la casa sin alquilar que destrozada. Si pasa alguna cosa, detrás estará el Govern para ayudarles, pero no delante para obligarlos.

¿Consideran que la okupación es un problema real?

Es un problema de primer orden porque nadie tiene el derecho de okupar la propiedad de otro. Hay personas que lo hacen porque no tiene otro remedio y otros que lo hacen porque quieren. A los primeros tenemos que ayudarles a buscar una solución y acceder a una vivienda sin cometer un delito, pero con los segundos tenemos que evitar que cometan delitos.

¿Por qué rechazan la limitación a la compra de viviendas por parte de no residentes?

Considero que no es legal y, además, no hay por qué. No hay que disfrazar los problemas diciendo que la culpa es de otro. La culpa del problema de la vivienda no es de los extranjeros que vienen. Ellos compran otro tipo de mercado, que no es el que preocupa a la clase media. La culpa no es de quien compra una propiedad de lujo. Que lo haga. A mí no me afecta que lo haga con persona de clase media . A mí, como persona de clase media, no me afecta que venga un señor y se compre una propiedad de lujo, un chalé en primera línea o un ático en el centro de Palma. Nosotros tenemos que procurar, consumiendo el mínimo territorio, generar la creación de viviendas para la clase media y no puedan entrar en un mercado especulativo. Tenemos que hacer de una vez por todas un Observatorio de la Vivienda para tener datos reales. Además tenemos que ir a saco contra el alquiler turístico ilegal. Fue un disparate cambiar la ley y decir que potencialmente, en cualquier zona y en cualquier tipología, se podía hacer alquiler turístico. Con la Ley 6/2017 se cometió un disparate y ahora pagamos las consecuencias de una masificación y de una imposibilidad para acceder a una vivienda. Ahora se puede hacer alquiler turístico en cualquier zona y tipología, esto ha disparado el alquiler ilegal y ha generado un incremento de 100.000 plazas turísticas cuando teníamos 300.000. Estas 100.000 solo representan el 10% de todo el alquiler turístico ilegal. La culpa no es del extranjero que viene a comprar, sino de unas malas políticas.

La ley de vivienda estatal incluye que las inmobiliarias cobren los honorarios al arrendador y no al inquilino. ¿Qué le parece?

No creo que el Estado deba meterse en una cuestión como esta. Me parece una medida absolutamente absurda.

¿Por qué decidieron llevar la compra de pisos a Metrovacesa a la Fiscalía?

Procuro no hacer valoraciones porque considero que no me corresponde. Hago lo que tengo que hacer, aunque no siempre me guste. Llegar y encontrarme esta situación cuando llevo diez días me resulta muy incómodo, pero tengo que afrontarlo con celeridad. Se está forzando a escriturar una operación que compromete absolutamente la política del IBAVI y de Puertos IB. Además había una medida cautelarísima tomada por un juzgado. Si esta medida se levanta tras el periodo perentorio nosotros ya no podemos hacer nada porque ya se habría escriturado. Por eso lo revisé el primer día personalmente. Los informes técnicos eran desfavorables al ser una operación que nace con déficit de casi 6 millones y hay que gastar casi 400.000 euros en rehabilitar los pisos. Además no es el producto destinado a los usuarios finales y el mantenimiento de un edificio así cuesta una fortuna. Forzaron a Metrovacesa a ir al notario para hacer la escritura pública el mismo día en que se investía a Marga Prohens. No existía la supuesta urgencia porque la ley de urbanismo establece que solo puedes ocupar una casa cuando tiene licencia de primera ocupación, pero no la tenía porque llegaron 15 días después de que entrásemos en la conselleria. Tengo que dar traslado de todo esto a la Fiscalía por obligación legal. Si no, me convierto en un posible sujeto que debe ser investigado y no estoy dispuesta.

El anterior Govern defiende que había un informe favorable que sitúa el plazo de recuperación de la inversión en 46 años si era para alquiler social.

No le damos validez a ese informe porque coge 46 años, pero podría calcularlo a 50, 70 o incluso 350 años. Los informes del acuerdo de revocación son más claros que el agua: no hay interés general y se adoptó en contra de los criterios económicos aprobados por el consejo de administración del Ibavi. No es un capricho mío. Me ha tocado hacerlo, me guste o no.

¿El fondo privado interesado contactó con usted?

No he tenido ninguna relación con ningún fondo privado, ni en relación con este expediente ni en toda mi vida profesional. Yo soy abogada y hay un señor, que es libre, que trabaja y hace cosas. Me contrató hace un año y medio para llevar un expediente de una revocación de oficio de Felanitx. Un expediente puramente jurídico que llevaba mi despacho. Me llamó un día porque quería hablar conmigo ya que tenía unos cuantos temas más sobre los que hablar. Eran expedientes jurídicos para que llevara yo. Este señor y yo quedamos cuando Prohens no era presidenta y era un rumor que podía ser consellera. Me sacó el tema de Metrovacesa. Yo no sé ni a quién representa. Ni lo sabía entonces ni lo sé ahora.

¿Le conocía de antes pero no sabía que le plantearía este tema?

Ni sé ni me interesa qué relación tiene este señor con la otra empresa, que no sé ni cómo se llama. Le dije que Prohens no era presidenta y podía no llegar a un acuerdo con Vox para ser investida. Podía haber una repetición electoral. Yo en ese momento no soy consellera y me lo estoy pensando porque tengo dos despachos y tengo mucho lío. Me hace ilusión, pero puedo cambiar de opinión. Le recomendé que escribiera un email a la conselleria donde aún estaban los otros para pedir una cita con el conseller que estuviera. Le dije que ni me hablara de este tema porque no tenía nada que ver. Cuando llegó la petición de reunión dije que no me sentaría con nadie hasta que no lo hiciera con presidentes, alcaldes, asociaciones y colectivos. Aún estoy en ello. Se ve que hubo más peticiones de reunión de las que yo no tenía conocimiento porque no me lo comunicaron ya que estaba ocupada. No le hice ningún caso hasta que salió este follón y contestamos que no tendríamos ninguna reunión con ellos porque no tenían ningún interés en el expediente que debíamos tramitar. 

¿Mantendrán la gratuidad de bus y tren?

He pedido que me preparen todos los datos para conocer qué está pasando. Hasta ahora lo único que sé es que la gratuidad del transporte depende de 43 millones que en teoría debían llegar del Estado pero solo han llegado tres. Hay transportistas que no están cobrando y están financiando ellos el transporte gratuito. Se ha aumentado muchísimo el número de usuarios pero no se aumentó ni la flota ni las frecuencias. Tenemos hasta el 31 de diciembre para ver qué hacemos. Estamos recopilando los datos para tomar una decisión fundamentada.

¿Proyectos como el tren de Llevant se llevarán adelante? ¿Son una prioridad?

He pedido que me hagan un diagnóstico de cada posible proyecto y cuántos usuarios se podrían ver beneficiados. También otros factores como la falta de otro tipo de transporte público en algunas zonas. No descarto nada porque ahora mismo no conozco los proyectos ni las necesidades, pero hacer una inversión muy potente en una zona que beneficia a menos usuarios a lo mejor se puede satisfacer con otro tipo de transporte público y que sea menos costoso.

Consubal critica al Govern por «beneficiar» al especulador

Denuncia que no debe «delegar» en empresas privadas la solución al problema de la vivienda

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal) critica «duramente» al Govern por «delegar en la empresa privada su obligación» de solucionar «el problema de la vivienda» en las Islas y advierte que las últimas medidas anunciadas por la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, «sólo benefician a promotores inmobiliarios y especuladores». Consubal interpreta que las propuestas del nuevo Ejecutivo autonómico «denotan la falta de ideas y de interés para poner en marcha medidas encaminadas a paliar el grave problema que sufre Balears».

En este sentido, la organización considera que «el Govern no puede ni debe delegar en la empresa privada su obligación constitucional de poner a disposición de los residentes en las Islas viviendas adecuadas y a precios asequibles, en especial para jóvenes y familias con menos ingresos».

El presidente de la Asociación, Alfonso Rodríguez, explica que «ceder suelo público a promotores privados solo hace alimentar la especulación y regalar beneficios extras a los que, en gran medida, son los responsables de que el acceso a la vivienda sea tarea imposible en la Comunidad».

También afirma que «regalar» suelo a promotores, legalizar viviendas ilegales ya construidas o prometer incentivos fiscales por la compra de viviendas a precios que no existen «no van a contribuir a la solución del problema, sino todo lo contrario». Por último, hace mención a la situación de los alquileres, que hace que las familias gasten de media «más del 65 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler y los suministros de la vivienda», afectando «sobre todo a colectivos vulnerables».

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