Antoni Costa, vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación: «El presupuesto de Sanidad y Educación no bajará ni un euro»

Antoni Costa (Ibiza, 1976) ha llegado a la vicepresidencia del Govern después de dos años como portavoz parlamentario del Partido Popular. Profesor de Economía de la UIB, la izquierda siempre le recuerda que fue el director general de Presupuestos con José Ramón Bauzá.

Empiezan la legislatura con la supresión del Impuesto de Sucesiones. La crítica más repetida es que beneficia a los ricos.

Los realmente ricos no pagan este impuesto o el Impuesto sobre el Patrimonio porque buscan ubicaciones diferentes, ya sea Madrid, Andalucía u otras comunidades autónomas que tienen una tributación mucho más baja. Incluso otros países. También utilizan otras figuras societarias. Las que pagan este impuesto son las familias de Balears, las de siempre, que con mucho esfuerzo han acumulado un pequeño patrimonio. Algunas tienen una pequeña o mediana empresa. Han ayudado incluso a crear el patrimonio de los hijos. Se trata de un impuesto profundamente injusto desde nuestro punto de vista, que afecta de forma masiva a las familias de las islas. La supresión ha tenido una bienvenida muy buena por parte de los ciudadanos porque lo pagan las rentas medias y la gente de Balears.

Desde Més critican que un ciudadano pagará más de IVA que de Impuesto de Sucesiones.

Debe pagar más del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales respecto al IVA. La cuestión clave es que el impuesto en sí es una injusticia que tiende al desuso en la inmensa mayoría de países europeos porque grava la transmisión por causa de muerte y, en el caso de Balears, también en vida con los pactos sucesorios. Esta figura tan propia de nuestro Derecho Civil que permite anticipar la herencia en vida. No es una cuestión de comparación con otros impuestos, sino que es injusto porque grava el ahorro que una familia ha acumulado durante toda la vida. Un ahorro que, en muchas ocasiones, han ayudado a generar los hijos y luego tienen que pagar el impuesto.

¿Esto no afectará a la recaudación y a la financiación de servicios públicos?

Lo hemos dicho públicamente: el impacto de esta medida será de unos 75 millones de euros. Hay que recordar que tanto de IRPF como de IVA se recaudan más de mil millones con cada impuesto. También los impuestos especiales aportan unas cuantías importantes. Una merma de recaudación que estamos perfectamente convencidos de que el año que viene, como consecuencia del incremento de la actividad económica, se compensará aún más por la recaudación que tendremos. A partir del año que viene, prevemos que los otros impuestos que tiene la Comunitat Autònoma compensarán la bajada de recaudación que habrá por Sucesiones y Donaciones. Pese a la bajada, los ingresos a computar el próximo año serán mayores que en 2023. Podremos hacer un presupuesto que nos permitirá expandir el gasto e invertir en servicios públicos. Los ciudadanos pueden estar absolutamente tranquilos, los presupuestos de sanidad, educación y servicios sociales no bajarán ni un euro.

La anterior consellera de Hacienda asegura que se dejarán de recaudar hasta 500 millones en esta legislatura.

No sé cuáles son sus cálculos porque nosotros hemos anunciado que el impacto será de 75 millones de euros. No me cuadran las cuentas, pero entraré a valorar lo que se dice. El compromiso que hemos asumido no pone en riesgo, en ningún caso, ni un solo servicio público de Balears sino todo lo contrario. Pondré un ejemplo claro: Juanma Moreno en Andalucía ha demostrado que se puede eliminar perfectamente este impuesto, incluso el de Patrimonio, y los ingresos tributarios pueden aumentar a consecuencia de la captación de bases que se han ido de otras comunidades autónomas y al aumento de la actividad económica. Han dedicado más recursos a sanidad, educación y servicios sociales. Por mucha demagogia que se haga, la evidencia empírica demuestra que es perfectamente posible. Eso sí, en épocas donde haya una situación económica creciente. Es vital que tengamos un crecimiento económico sostenido en el tiempo para que la economía permita a las familias vivir mejor cada día y, a la vez, que la administración pública pueda recaudar los fondos necesarios para servicios públicos.

Marga Prohens aseguró que la izquierda no conoce la realidad de Balears.

No están entendiendo nada. Era una petición unánime en la calle, en los mítines y en los actos públicos. Era un clamor en todas las islas. Desconocen que afecta masivamente a los ciudadanos de las islas.

¿Cree que ha sido una cuestión determinante para ganar las elecciones?

Soy incapaz de decirlo, pero sí puedo acreditar que nos lo pedían en todos los lugares adonde íbamos. Nos preguntaban: «¿De verdad lo eliminarán? ¿No nos mienten?» Lo hemos hecho porque nos lo pedía la ciudadanía.

Aún tienen pendiente otra reforma fiscal.

Lo que haremos está recogido en el programa de gobierno del PP y en el pacto con Vox. Ahora hemos hecho una primera fase, pero no ha acabado. Queremos reformar el IRPF y crear nuevas deducciones por nacimiento, para residencias y centros de días, para arrendadores que pongan su vivienda en el mercado de alquiler de larga duración y queremos ampliar los beneficiarios de las deducciones por conciliación.

¿Cómo valora la gestión económica del Govern saliente?

Sufrimos una pandemia y una fuerte crisis, que fue compensada con transferencias contundentes por parte del Estado y, sobre todo, por parte de la Unión Europea. La forma de gestionar esta crisis por parte de la UE y el Banco Central Europeo fue diferente a la de 2008, eso hay que reconocerlo y creo que ha sido bienvenido. El BCE empezó a comprar deuda de España y muchos otros países, lo que nos ha permitido financiar mejor nuestra deuda y poder hacer programas que han funcionado. Las comunidades autónomas han recibido importantes transferencias y se ha producido una salida contundente de la crisis de la pandemia. Esto ha supuesto una mayor recaudación para los gobiernos, y Balears ha sido una de las grandes beneficiadas.

¿Cuál es la perspectiva económica para los próximos años?

Ha habido un componente inflacionario que ha provocado un incremento de recaudación. Esto ha provocado que, de facto, la situación financiera de la Comunitat afortunadamente sea mucho mejor en 2023 que en 2011. No tiene absolutamente nada que ver. Por eso quiero tranquilizar a los ciudadanos: si había alguien que estaba preocupado por volver a esa situación, esto no tiene nada que ver. La situación financiera que prevemos para 2024 y 2025 es relativamente buena. El año que viene se hará la liquidación del sistema de financiación del 2022, cuando hubo un fuerte nivel de inflación e impuestos como el IVA tuvieron recaudaciones elevadas.

¿Qué importancia tiene conseguir un nuevo sistema de financiación autonómico?

Hay que tener en cuenta que otorga a Balears la inmensa mayoría de los recursos. Es clave en cuanto a los ingresos de la Comunitat Autònoma y, por tanto, es vital que funcione. Sin duda necesita una reforma. Se aprobó en 2009, se tenía que revisar en 2014 y estamos en 2023, así que el próximo Gobierno lo debe abordar en la próxima legislatura. Nosotros tenemos claro que jugamos en el equipo de Balears. Quiero dejarlo claro. Esto significa defender los intereses de los ciudadanos de aquí por delante de todo. Seremos exigentes porque hay que hablar de la España que se llena. El crecimiento poblacional supone un incremento de las necesidades de gasto y una mejora de las infraestructuras. Será una petición clara, además de la compensación de la insularidad. Estar rodeados de mar es un placer inmenso, pero ser islas tiene unas consecuencias porque la prestación de servicios es más costosa. El coste de la vida también es diferente. Incluso hay que pagar pluses de insularidad a funcionarios por esta disparidad entre comunidades. Y, sobre todo, la autonomía tributaria. Es inaceptable que un Govern como el de Pedro Sánchez se califique como federalista y, al día siguiente, apruebe el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Esto supone de facto una centralización del Impuesto de Patrimonio.

¿Eliminarán el Impuesto sobre el Patrimonio si hay cambio de Gobierno en Madrid [la entrevista se realiza antes del 23J]?.

Sí, progresivamente. Pero primero hay que eliminar el de Solidaridad. Solo Suiza, Noruega y España tienen este impuesto en Europa. José Luis Rodríguez Zapatero lo eliminó en 2008 y lo recuperó en 2011. Grava básicamente el ahorro que, tal y como sucede con el de Sucesiones, realmente quien lo paga son las rentas medias y altas. Han acumulado un patrimonio, seguramente con esfuerzo, y se les hace pagar este tributo. Las grandes fortunas no pagan Patrimonio, como he dicho antes. Si no está, se pueden atraer bases que luego pagan IRPF.

¿Qué entienden ustedes por renta media?

Una renta que esté entre 30.000 y 40.000 euros. Esto incluye poco más de un 80 por ciento de las bases de Balears. Medidas como deducciones vienen muy enfocadas a estos colectivos, también a jóvenes o familias numerosas. Es verdad que Patrimonio grava a las rentas altas, pero Sucesiones afecta básicamente a las rentas medias.

En julio se han alcanzado 45 grados. El cambio climático afectará directamente al turismo, principal sector económico de Balears. ¿Les preocupa?

Es un reto muy importante, sin lugar a dudas. En todo el mundo, no solo aquí. Porque podemos hacer muchos esfuerzos en las islas, pero si el resto del mundo no hace nada no resolveremos el problema. Continuaremos con las políticas de transición energética que se han hecho en los últimos años en las islas. Antes de estar en el Govern dije que hemos avanzado en la implantación de energías renovables y tenemos que continuar en estamisma línea. Reducir la dependencia de combustibles fósiles es un objetivo muy deseable porque la dependencia externa de España en materia energética se reducirá si conseguimos generar el máximo nivel de energía renovable.

Nueva ley. No prevén expropiaciones de viviendas en Balears

Costa explica que habrá una nueva ley de Vivienda en la que no prevén expropiaciones a grandes tenedores. Tampoco aplicarán la nueva norma estatal porque estas medidas «producen un efecto muy contraproducente al generar miedo» entre los propietarios que, finalmente, deciden no poner sus inmuebles en el mercado: «Hay que ponérselo fácil con incentivos fiscales y dando seguridad jurídica, además de dar una solución si el arrendatario no paga o destroza la vivienda. Cuanto más intervienes, amenazas y fuerzas a que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado, lo único que consigues es que haya menos casas disponibles. Los pequeños propietarios, que son la inmensa mayoría, deciden cerrarlos con esta estrategia».

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