El vacío legal de la salmuera que vierten al mar las desaladoras

Los efectos de la salmuera que vierte la desaladora de Ibiza desde s’Illa Plana, en la bahía de Talamanca, son claramente visibles en las imágenes aéreas de los últimos años. La regresión de la pradera de Posidonia oceánica debido el exceso de salinidad y la manera de mitigar y revertir este proceso es el origen del estudio de dos expertos en Derecho ambiental, Esteban Morelle y Pablo Serra-Palao, avanzado ayer en la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Ibiza en un acto organizado por el Foro Marino.

Los dos investigadores ponen de manifiesto que no existe ninguna normativa en estos momentos, ni comunitaria ni estatal, que regule el vertido sobrante de las plantas de potabilización de agua de mar y aborde los daños ambientales que causa.

En algunas zonas de Alicante. la salmuera ha provocado una regresión del 25% de la superficie de las praderas de esta planta marina

Como ejemplo, repasaron algunos estudios científicos que revelan que el exceso de salinidad reduce el crecimiento de las hojas de posidonia o que en algunas zonas de Alicante ha provocado una regresión del 25% de la superficie de las praderas de esta planta marina. En el caso de Ibiza, recordaron el reciente trabajo del GEN-GOB que alerta de que el 40% de la posidonia de Talamanca está muerta aunque, en este caso, se incluye los efectos de los fondeos incontrolados.

Conceptos

Dado que se trata de juristas, su ponencia, más que en aspectos científicos, se centró en fundamentos como la «teoría de la justicia ecológica» o «justicia restaurativa ecológica» para que se pueda regular el caudal de salmuera que acaba dañando los ecosistemas marinos. A efectos prácticos, su intención es animar a la creación de un grupo de trabajo entre administraciones y políticos, un objetivo del que ya da alguna pista el título del estudio: ‘Análisis ecocriminológico de la salmuera sobre ecosistemas acuáticos: impactos sobre la Posidonia oceánica y búsqueda de soluciones desde la justicia restaurativa’.

Entre las soluciones presentadas ayer, en primer lugar defienden que se fije un índice máximo de salinidad de los vertidos de las desaladoras, consensuado científicamente, así como un seguimiento regular de estos caudales. Para evitar sus daños, proponen que se aplique la «minería de salmuera», con técnicas que permiten extraer los elementos que se extraen el proceso de potabilización. Es el caso de minerales como el cloruro sódico, fósforo, cloruro potásico, rubidio o indio, que posteriormente pueden ser empleados en la producción de yeso o carbonato cálcico para la construcción. Para determinar el coste de esta «minería de la salmuera» se necesitan informes económicos, y Morelle señaló que sería económicamente viable. Por último, se encuentran las medidas para regenerar las zonas donde la posidonia ha desaparecido o se encuentra en regresión por los efectos de la salmuera, como el transplante de plántulas a partir de las semillas de esta planta.

En las intervenciones del público, uno de los asistentes advirtió de los efectos demonizadores que acarrea un concepto como ecocriminología, que puede echar atrás a los sectores invitados a participar en este debate. En este sentido, Morelle insistió en que la ecocriminología es un enfoque social y multidisciplinar para evaluar los daños ambientales, también los de las actividades autorizadas.

"Absoluta obviedad"

Los efectos de la salmuera arrojada en s’Illa Plana fueron detallados, en el turno de intervenciones del público, por el ingeniero Pedro Puigdengoles, el delegado en Balears de la empresa que gestiona la desaladora de Vila, Aqualia. El vertido afecta a siete hectáreas y «está estabilizado, según el seguimiento del sistema bentónico» que lleva a cabo la compañía. «Esto supone menos del 5% de la superficie de toda la bahía de Talamanca», subrayó.

«Son una absoluta obviedad los efectos que causa la salmuera», apuntó Puigdengoles. La ponencia partía de la base de que nadie se cuestiona la necesidad de la desaladora, sino de cómo mitigar sus efectos. Así que incidió en que el enfoque no debe limitarse a la flora y la fauna, sino que cabe poner en el otro lado de la balanza los beneficios que aporta. «Todas las actividades suponen un impacto», recordó.

En el caso de la desaladora de Vila, crear un emisario que aleje el vertido de la costa y evite así el efecto de la salmuera, «costaría cinco o diez millones de euros de las arcas públicas». «Ese es un aspecto que cabe valorar en la balanza», sentenció.

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