Reforma legal para el precinto de viviendas turísticas ilegales

Otra de las reformas legislativas que el nuevo gobierno del Consell de Ibiza reclamará al Govern balear también afecta a la lucha contra el intrusismo. El PP pretende una modificación de la ley que habilite al Consell para adoptar medidas cautelares, como la suspensión de la actividad (precinto, como en un restaurante), mientras se tramita un expediente de sanción a una vivienda turística ilegal.

La importancia de esta medida radica, según Mariano Juan, en que si el propietario hace caso omiso a la suspensión cautelar y sigue con la actividad ilegal, se enfrenta a «un delito de desobediencia», lo cual tiene «otra magnitud». «Esto ayudaría mucho a combatir ciertas redes organizadas y grandes explotadores», señala, al tiempo que añade: «Hay que articular mecanismos jurídicos, también penales para que no sólo se usen armas administrativas», justifica.

Precisamente, otra cuestión que se pondrá sobre la mesa para que «se analice» si es o no viable, es articular mecanismos legales para que los ayuntamientos, a través de las policías locales, puedan «colaborar en la lucha contra los pisos turísticos ilegales». Juan explica que «hace décadas» en la isla, la explotación de las antiguas viviendas turísticas se consideraba una actividad y, como tal, requerían licencias específicas.

«Esto ya no pasa. Sólo se tramita una declaración ante Turismo y los ayuntamientos no pueden hacer nada ni controlar nada», señala el vicepresidente, que recuerda que en Barcelona sí se considera una actividad la explotación de pisos turísticos. «No me atrevo a decir si se podrá hacer o no [modificar la normativa autonómica balear en este sentido] porque la legislación europea aboga por la reducción de trámites», indica. ¿Y por qué sí se puede en Cataluña? «En algunas comunidades autónomas se recurre y en otras no», justifica Juan.