«En el caso de ‘La vida islados’, para mí no existen indicios de prevaricación»

En la quinta planta de la sede del Consell, donde tiene su despacho, Pedro Bueno (Valencia, 1981) termina de imprimir las cinco hojas de su abultado currículo, escrito con letras mayúsculas. No tiene desperdicio: es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, «especialidad en Política y Administración local», y en Derecho por la UNED. Tiene el curso superior de Dirección Pública y ha sido militar y policía local e inspector antes que, desde hace una década, secretario de ocho consistorios y del Consell de Ibiza. Tiene un par de medallas militares y cuando repasa su currículo añade con bolígrafo dos anotaciones: una se refiere a que ya tiene el título de capitán de yate; la otra, a que desde hace unos meses es secretario acumulado del Ayuntamiento de Sant Antoni y que ya es secretario definitivo del Consell de Ibiza (tacha que está en comisión de servicios).

Normalmente es muy complicado, por no decir imposible, acceder a un secretario de una corporación. Pero Pedro Bueno es muy accesible (dice de sí mismo que es un secretario 3.0), no tiene pelos en la lengua, habla claro y sus respuestas no son monosílabos, al contrario.

«En Sant Antoni —explica mientras añade su reciente cargo en ese municipio— no puedo ser secretario definitivo porque es de segunda categoría y yo soy de primera. Nos regimos por categorías. Puedo estar allí acumulado, pero para puesto definitivo en propiedad sólo puedo concursar en los de primera».

Dos licenciaturas, pero empieza a trabajar como soldado profesional en el Ejército de Tierra, destinado en el grupo de Inteligencia número 1, compañía de la plana mayor de mando.

Tras acabar el COU, lo que realmente me atraía era el Ejército. Vengo de una familia modesta. A mi padre le dieron la invalidez a los 56 años, de manera que a los 18 años me quería poner a trabajar en cuanto pudiera y seguir estudiando. Con 18 años y dos meses accedí a ser soldado profesional. Y estando de soldado en Valencia estudié y preparé la oposición de la escala de oficiales del Ejército. La aprobé al año siguiente. Esa oposición es la misma para Tierra, Mar, Aire y Guardia Civil. Como más joven de la promoción, me dieron la Armada. Y fui a Marín (Pontevedra) a estudiar a la Escuela Naval Militar. Estuve allí un año de los tres que tendría que haber estado.

¿Por qué?

Porque la especialidad que me dieron era máquinas navales [energía y propulsión]. Iba a estar destinado como jefe de máquinas en un navío. A mí eso se me hacía un mundo, así que lo dejé, volví a Valencia y saqué, en cuatro meses, la plaza de policía local.

¿Y cuándo se saca esas dos carreras?

Siendo policía. Empecé de agente en Catarroja (Valencia) y mientras tanto estudiaba en la UNED las dos carreras. Trabajar y estudiar, se puede. Pero trabajar, estudiar e ir a clase se me hacía un mundo. Por eso fui a la UNED.

¿Y cómo da el salto a secretario de la Administración local?

Al sacar la diplomatura en Ciencias Políticas (2007) ya podía ascender en la escala de la Policía. De Catarroja (2002 a 2007), aprobé ser inspector jefe de Policía en Borriol (Castellón, de 2007 a 2008). Empecé entonces a preparar las oposiciones de jurídico (grupo A1). Aprobé para ser letrado jurídico en la Vall d’Uixó (Castellón), como director del área de Personal e Interior (2008 a 2011). Hubo un momento en que tuve que decidir si seguía el camino de la Policía, que tenía un recorrido un poco difícil, o me pasaba a la parte jurídica. Me decanté por esto último. Y seguí estudiando para ser secretario.

Que debe ser, según cuentan, casi tan difícil como para ser notario.

Había que estudiar más de 200 temas orales.

Un antiguo secretario del Ayuntamiento de Ibiza, antes y durante los primeros compases de la democracia, Mariano Llobet, contaba que, de facto, era el alcalde en la sombra.

Es que somos funcionarios del Estado. Somos un órgano de control de los políticos. Tenemos independencia del político municipal y del insular. Mucha gente piensa que mandamos más que los políticos. Cada uno tiene su ámbito de competencia. Nunca podré decidir si hay que hacer un polideportivo nuevo o un nuevo cementerio. Lo que sí tengo que decir es cómo se hace todo eso. O si me plantean cómo hacerlo, decirles si se puede o no de esa manera. Y si no se puede, explicar de qué manera puede ser jurídicamente viable. Por eso a los secretarios nos selecciona y forma el Estado, y nos destina a Sant Antoni o al Consell o adonde sea. Tenemos una dependencia funcional del Consistorio, pero la orgánica es ministerial, de Administraciones y Función Pública. Esa independencia es la que nos da garantía para poder ejercer nuestras funciones reservadas por ley: control, asesoría legal, emisión de informes preceptivos… Es curioso que en Ibiza (mi primer destino fue Vila, aunque no llegué a trabajar allí) y en el Consell lleven tantos años sin secretario titular. Unos 24 años en la institución insular, hasta que yo consolidé el puesto en propiedad de libre designación.

¿Y por qué sucede eso?

Para venir funcionarios del Estado desde la Península a Balears, la dificultad no estriba sólo en las 70 millas de costa desde Denia. Está el idioma, está el sueldo y está el problema de la vivienda. Es muy complicado que policías, guardias civiles y todo lo relativo a la Justicia vengan. Quizás por esas razones, pero también porque aquí no hay una tradición opositora. En Sant Josep hay una compañera, que sí es secretaria titular, a la que no le quedará mucho para jubilarse. En Ibiza hay un letrado, no es funcionario del Estado, sino de Vila, que hace de sustituto perpetuo. Y en Santa Eulària hay una secretaria de tercera que está en comisión de servicios, tampoco es titular.

Como secretario general de un Ayuntamiento, ¿cuál fue su primera experiencia?

Mi primer destino (provisional) fue Pradoluengo (Burgos, en 2014), cerca de Santo Domingo de la Calzada. Estuve sólo unas cinco semanas. En esos pueblos del interior tienen mucha necesidad de secretarios. Aquí, en Ibiza, hay pocos, pero en Castilla y Extremadura aún menos. Hay numerosos pueblos con vacantes. Y quien controla a los alcaldes y a los políticos son los secretarios y los interventores. Nadie ejerce esas funciones allí, y de ahí que luego salten las noticias [sobre ilegalidades].

¿Pero porque no hay suficientes habilitados para esa función?

Porque no se convocan las plazas. Creo que hay más de 2.000 plazas vacantes en toda España, en la que hay 8.000 municipios. Y encima son plazas que no cuestan dinero, pues existe la obligación de que estén presupuestadas. Si quieres 500 inspectores de Hacienda más, tienes que pagarlos. Pero si se sacan esas 2.000 plazas vacantes de secretarios, no cuesta un céntimo, pues ya están dotadas. Y hay suficiente cuerpo de opositores. En Valencia, en el Centro de Estudios Financieros, teníamos unos 50 alumnos. Cuando aprobé para secretario de segunda, para 30 plazas nos presentamos 1.200. Hay, pero no convocan las plazas. El ministerio sabrá por qué. Y las que convocan prácticamente no cubren las bajas de cada año por jubilaciones.

Y de Burgos pasa a Córdoba.

A La Rambla (2014 a 2015). Allí estuve a gusto, fue una experiencia muy buena. Para mí, su alcalde fue como un padre. Era de Izquierda Unida.

Y luego a Puertollano (Ciudad Real, de 2015 a 2018). Allí es cuando se topa con un asunto turbio en el Consistorio que acabó con la pena de 7 años de inhabilitación para el exalcalde y el exsecretario de Puertollano por un delito de prevaricación administrativa en relación a la ejecución de las obras de la Plaza de Toros: se fraccionaron en 69 expedientes las obras para eludir el concurso público mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

Creo recordar que se pusieron en contacto conmigo desde el equipo de gobierno. No tenía secretario en propiedad desde hacía mucho tiempo. Hay ayuntamientos que no nos quieren, otros sí. Los inteligentes nos quieren. Somos una garantía en su funcionamiento.

A lo mejor esa es la razón por la que no les quieren, para poder hacer y deshacer a su antojo y sin control.

Quien quiera ser kamikaze, allá él. A mis alcaldes, al presidente insular, a los consellers, siempre les digo lo mismo: yo duermo tranquilo por las noches. Firmo todos los días un montón de documentos. Y si tras firmarlos yo duermo tranquilo, ellos pueden dormir tranquilos. A mí me ha costado la vida llegar hasta aquí. Cuando preparé la oposición de secretario, que es muy dura, tenía cinco tomos de temario. En la parte de atrás hice columnas en las que fui escribiendo la fecha y las horas estudiadas. Cuando llegué a las 7.000 horas [casi 292 días] dejé de contar porque no quedaban más columnas. Estudié tres años para sacar esa oposición. Fui primero de promoción en secretaría de primera. Con esto te quiero decir que no me voy a jugar la carrera ni mi vida por hacer un informe no ajustado a derecho o intentar mirar a otro lado. Nuestro papel es fundamental en la parte jurídica.

Firmo todos los días un montón de documentos. Si yo duermo tranquilo, ellos pueden dormir tranquilos

Y eso debió de ser lo que falló en Puertollano.

En aquel momento, en ese pueblo había un interventor accidental, que no tuvo nada que ver en el asunto, y un secretario accidental, letrado de toda la vida de la casa, funcionario de carrera. Llegamos una interventora y yo. Y a la semana de estar allí llega la Guardia Civil y nos hace salir a todos de los despachos y empieza a llevarse documentos. Recabé toda la información del expediente y testifiqué en el juicio. Me fui de Puertollano en 2018 y aún no se había resuelto ese asunto[la primera sentencia fue en 2019].

Que acabó con sentencia por prevaricación administrativa.

Evidentemente, construir un coso polifuncional con 69 contratos menores… Recuerdo que había un contrato menor para el tendido cero; otro para el tendido uno… Puedo entender que compres la tierra de la plaza de toros o las sillas así, pero los tendidos… Es obvio que aquello no era jurídicamente correcto. Pero a veces la diferencia es muy tenue entre que un expediente sea nulo administrativamente y haya que revisarlo, pues todos nos podemos equivocar, y que implique una prevaricación. Por ejemplo, yo no he estudiado el expediente relacionado con Sonitec…

Ahora le iba a preguntar al respecto.

El concejal de El Pi [Joan Torres] pedía [en una moción con propuesta de acuerdo que el alcalde finalmente impidió que fuera a pleno, previo informe del secretario] que todos los expedientes se mandaran a la Fiscalía. Eso no se puede hacer así. En el Consell hemos tenido dos cuestiones, tanto el tema de Amadiba como el de ‘La vida islados’. En el caso de Amadiba, mi criterio es que hay indicios de delito. Lo entendemos así tanto yo como el jefe de la asesoría jurídica, el letrado jefe del Consell. Y sin embargo, en el caso de ‘La vida islados’, para mí, aunque puede ser nulo de pleno derecho, no existen indicios de prevaricación.

¿Lo puede razonar?

En el momento en el que el político tiene que decidir sobre una cuestión y hay informes contradictorios, uno que dice que se puede hacer algo y otro que dice que no se puede hacer, nunca jamás habrá prevaricación. Pero si todos (secretario, interventor…) dicen que no se puede y a pesar de eso el político lo hace, está comprando todas las papeletas para que sea prevaricación. Y eso es lo que sucedió con ‘La vida aislados’. La intervención, en su buen criterio, dijo que no se podía, por emergencia, contratar ese tema vinculado al turismo; pero hubo un informe en su momento de la jefa del servicio de Presidencia que dijo que sí era posible. Esta última es letrada, lleva aquí toda la vida y tiene experiencia. Y en el momento en que un presidente o un alcalde tiene informes dispares, tiene que tirar por algún camino. Nunca prevaricará si un funcionario le avala.

Y otra cosa es que alguien se enriquezca con ese contrato.

Sí, otra cosa sería que produjera un lucro económico para un tercero. Eso ya sería malversación de caudales públicos.

¿Y en el caso de ‘La vida islados’ se daba esto último?

No, para nada. Lo que se planteaba en ‘La vida islados’ es si se hizo bien o mal. La realidad es que se hizo, que hubo una campaña publicitaria y que la empresa cobró por su trabajo. No hubo enriquecimiento por ninguna parte.

Hay ayuntamientos que no nos quieren, otros sí. Los inteligentes nos quieren

¿Y el tema de Amadiba?

Lo de Amadiba tiene otros visos, pues hay una reclamación de dos millones de euros que no se ha pagado y para los que no existen contratos. Los funcionarios no validan facturas porque no hay contratos que sustenten el pago.

No sé si ya estará al tanto del caso Sonitec. ¿Le ha echado un vistazo al asunto?

No porque nadie me ha dicho, ni el alcalde ni el pleno, nada. Un tercio de los concejales me podrían decir que, como secretario, mirara un tema en concreto, por ejemplo ese, y haga un informe. Los secretarios informamos cuando nos obliga o dice la ley, cuando el alcalde o el presidente nos lo pide o cuando un tercio de los ediles o consellers del pleno lo piden. A mí nadie me lo ha pedido de momento.

Es más que suficiente para saber si algo se está haciendo bien que un interventor te diga que no admite más facturas

El interventor de Sant Antoni se pasó 21 meses avisando al departamento de Fiestas de que incumplía continuamente la legislación de contratos: en los expedientes no constaban los documentos exigidos «a los contratos menores del Ayuntamiento» y, lo que era más grave, se adjudicaban trabajos sin mediar contratos. Llegó a advertir en sus informes que «la contratación verbal no está permitida en la Administración». Ya a inicios de año, en un informe señaló que «ante la reiteración de los gastos derivados de actuaciones de sonido y montaje de escenario sin contrato alguno […] no serán admitidas más facturas por este concepto». ¿Cómo puede pasar esto durante 21 meses sin que nadie intervenga y sin que el anterior secretario dijera nada?

Que se hagan las cosas jurídicamente correctas o no siguiendo el procedimiento establecido no quiere decir que no sea un delito.

No le digo que sea un delito, sino que llama la atención que no se impida ese proceder.

Yo sólo puedo advertir al presidente del Consell o al alcalde que no vaya por ahí, pero no puedo paralizar lo que cualquiera de ellos dos quiera seguir haciendo. Eso sí, es más que suficiente para saber si algo se está haciendo bien que un interventor te diga que no admite más facturas y que están haciendo contrataciones verbales. Las contrataciones verbales no es que estén prohibidas, es que son excepcionales, para casos de emergencia, por ejemplo debido a una catástrofe, como la rotura de una presa. ¿Lo licitamos, esperamos tres meses para adjudicar la obra, o actuamos inmediatamente?

En esos casos, eran contratos para fiestas patronales, que se repiten cada año en el mismo periodo. Nada excepcional.

Está claro que son cuestiones diferentes. Con las advertencias del interventor, alguien debía haberse planteado si lo que se estaba haciendo era correcto. No he visto el expediente y no me puedo pronunciar. A la vista de los informes del interventor, de los que sí soy consciente, es obvio que algo puede ser que no se hiciera bien. Pero una cosa es que todos nos podamos equivocar y no hacer todas las cosas ajustadas a derecho, y otra que eso sea constitutivo de delito, que puede serlo. Todos, funcionarios y cargos, tenemos la obligación de que si hay constancia de un ilícito penal debemos ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal. El secretario, más, por ser el garante de la legalidad, pero también el interventor, la tesorería, los técnicos y cualquier cargo político. Por eso le comenté al concejal de El Pi que si cree que algo es constitutivo de delito, que se lo lleve al fiscal.

No me voy a jugar la carrera ni mi vida por hacer un informe no ajustado a derecho

El Pi y Unidas Podemos presentaron dos mociones casi idénticas para que el Ayuntamiento llevara a la Fiscalía el Caso Sonitec. Pero una, la de El Pi, no pasó el cedazo del alcalde. La única diferencia que encuentro entre ambas es que en la de Unidas Podemos no aparece su nombre.

Al final son mociones de carácter político en las que yo soy súper flexible y nunca entro. Por ejemplo, en una que inste al gobierno de Moscú a que pare la guerra de Ucrania. No me meto en eso. La norma dice que cualquier moción que tenga un mínimo de contenido que pueda afectar al municipio puede ser llevada al pleno. Pero en el caso de la moción de El Pi, el pleno no era competente para ordenar, pues no hay jerarquía entre el pleno y el alcalde, ni entre el secretario y el alcalde. El alcalde no tiene por qué avenirse a lo que le diga el pleno. Les di otras soluciones: un pleno extraordinario, una interpelación, o una comisión informativa especial [en el Congreso se llama de investigación] para estudiar el tema y que acudan la empresa, el técnico y quien sea necesario para explicar lo que ha pasado, de lo que se elabora un dictamen que se eleva a pleno. Si lo que se busca es un debate político para que la ciudadanía conozca estas cuestiones, la forma no es la que se llevó a cabo [instar al alcalde a llevar a la Fiscalía el caso Sonitec]. Cuando se presentó la primera moción [de El Pi] yo asistí al alcalde en la formación del orden del día del pleno, y elaboré una pequeña diligencia en la que dije que esa no era competencia del pleno. Otra cosa: 21 meses con informes del interventor. ¿Por qué en una cuestión tan llamativa no entró la Fiscalía de oficio? ¿Por qué Anticorrupción no pidió información? Hasta donde llego, la Sindicatura de Comptes no tiene ningún requerimiento no contestado.

Los informes de la Sindicatura de Comptes llegan con tres años de retraso. En 2022 se conocieron los del año 2019. Y este asunto empezó en 2020.

Extraordinariamente, el Tribunal de Cuentas nos puede requerir en cualquier momento cualquier tipo de información.

«El PP no me ha traído a Sant Antoni»

He escuchado comentarios de gente que dice que el PP le llevó expresamente a Sant Antoni.

En las últimas elecciones no voté. No tengo afiliación política. Empecé mi carrera como secretario en un gobierno comunista, cuyo alcalde es como un padre para mí. Y mis últimos destinos han sido Rocafort, donde gobernaba el PSOE; Moncada, también PSOE; Alboraya, igual, PSOE, y Cheste (como acumulado), lo mismo. Es decir, eso son dimes y diretes.

¿Qué tal se lleva con Marcos Serra?

Bien, una relación profesional, como con el presidente del Consell y con los portavoces de la oposición. Lo primero que hice en Sant Antoni, igual que en el Consell, fue mandar un correo electrónico a todos los consellers y ediles contándoles que me incorporaba como nuevo secretario de la corporación, no del equipo de gobierno, ni del alcalde. De la corporación entera, y a disposición de todos. Tengo un a relación cordial con todos, como la que he tenido con el resto de mis alcaldes.

¿Por qué fue como secretario acumulado a Sant Antoni?

El anterior secretario se fue a Valencia por circunstancias personales. Sant Antoni pidió al Colegio de Secretarios de Balears cubrir la vacante de forma temporal y yo dije que no tenía inconveniente.

En el pasado pleno de Sant Antoni, de repente se detiene la sesión para tratar un asunto. Usted se levanta, hace unos aspavientos, dice que no entiende por qué se para y pregunta si hay un receso o no. «Esto parece un ayuntamiento tercermundista», dijo.

Alargar tanto los plenos no cala en la ciudadanía. Es cierto que la ley no dice cuánto tiene que tardar y que sólo dice que tiene que empezar y acabar en el día. Alguno he parado a las 12 de la noche. El mensaje tan denso no cala. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Su funcionamiento está totalmente regulado. No me imagino en el Congreso que vayan tres diputados a una mesa a mirar documentos sin que se pare la sesión. Se hace un receso de cinco minutos y luego seguimos. Hagamos lo que dice la norma. 

«Sí se puede empezar a licitar un contrato aunque no se tengan todos los terrenos en propiedad del Ayuntamiento para hacer esa obra», explicó a este diario al término de un pleno en referencia a las aceras de Can Bonet. Lo que debe tener el Consistorio es, dijo, «la disponibilidad de esos terrenos, es decir, saber qué trazado es y que la carretera [o acera en este caso] va a ir por ahí, y saber qué espacio se debe expropiar». El alcalde sigue diciendo que no. ¿En qué quedamos?

La regla general es que para hacer cualquier tipo de obra se debe tener la titularidad de los terrenos. En ese caso en concreto, que es una acera, una cuestión pequeña, hay que tenerla. La ley sí permite excepcionalmente hacer obras sin tener la totalidad de los terrenos, pero en obras grandes como una autovía.

Visto su currículo, usted es un nómada de la Administración. ¿Piensa ya en dar otro salto a otro destino?

Aquí estoy muy a gusto, me han acogido muy bien, tanto profesional como personalmente. Mi puesto principal es el Consell, mientras que lo de Sant Antoni es una cuestión temporal, hasta que, dios quiera que pronto, venga un secretario y coja sus riendas. Es el destino en el que me siento más realizado como profesional y en el que mejor me han acogido. Yo soy un secretario 3.0, de puerta abierta. Hablar con los secretarios de la vieja escuela es prácticamente imposible. Cuando tengo que decir blanco, lo digo, si es negro, lo digo también. Pero puedo hablar con los jefes de servicio, con los compañeros y con el conserje que tiene el problema de que no le dan un día de vacaciones que ha pedido y no sabe a quién acudir. Yo soy de esa tendencia. Por eso y por la facilidad que tengo para ir a visitar a mi familia a Valencia, no tengo intención de moverme de la isla.

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