Sanidad en Ibiza: La jueza admite otra querella de Vilás contra el hospital de Jesús por un delito ambiental

El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilas, ha presentado otra querella para tratar de evitar la construcción del complejo sanitario que el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas proyecta junto al campo de fútbol de Jesús. Ahora, la enésima demanda de Vilás se dirige contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; la consellera de Benestar Social, Carolina Escandell; la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer y todos los miembros de su junta de gobierno por los supuestos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza admitió a trámite la querella el mes pasado. Todavía no ha citado a declarar a nadie, pero en un auto del pasado 31 de marzo requería tanto al Consell como al Ayuntamiento un enorme volumen de documentación sobre la concesión de la licencia de obras y actividad, la declaración de interés general y, entre otras, la resolución favorable al estudio de movilidad presentado por el promotor. También se reclama a la Comisión de Medio Ambiente de Balears que aporte una copia de la declaración de impacto ambiental y cualquier otro documento relacionado con el hospital.

La magistrada solicita todos estos papeles a raíz de la petición formulada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tras la presentación de un informe sobre los hechos denunciados por Vilás.

La querella de Vilás se basa fundamentalmente en el posible impacto del tráfico que generará este complejo hospitalario y su afectación al humedal protegido de ses Feixes de Talamanca. El propietario de la Policlínica ya ha advertido del posible impacto ambiental del hospital ante el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell y, ante la falta de respuesta, ha decidido recurrir al juzgado. Hasta la fecha, Vilás ha interpuesto numerosas querellas. La que presentó en el pasado mandato contra el que entonces era el alcalde de Santa Eulària (y ahora presidente del Consell), Vicent Marí, fue archivada, al igual que la que dirigió contra su sucesora, Carmen Ferrer. En este caso, la jueza decidió dar carpetazo a la demanda tras tomar declaración a Ferrer sin practicar más diligencias.

Vilás también se ha querellado contra la consellera insular de Benestar Social, Carolina Escandell, por firmar, en sustitución del vicepresidente primero, Mariano Juan, que se hallaba de viaje, un oficio para trasladar al Ayuntamiento de Santa Eulària un informe favorable sobre el estudio de movilidad del proyecto del hospital privado emitido por el departamento insular de Territorio.

Vilás sostiene que dicho informe se basa en datos «falsos» porque no se correspondía con la última versión del proyecto del complejo hospitalario.

También ha presentado una demanda en el juzgado contra el funcionario que se encargaba de la custodia del expediente, y otra contra el jefe del departamento de Evaluaciones Ambientales de la Comisión de Medio Ambiente de Balears, Gabriel Barceló, exconseller balear de Turismo, por la emisión del informe jurídico que salva al promotor del hospital de Jesús de empezar de nuevo la tramitación de la declaración de impacto ambiental del proyecto.

El estudio de movilidad

Además de denunciar reiteradamente el supuesto «trato de favor» de las instituciones al proyecto sanitario de Tur Viñas, que competiría directamente con su hospital, el único privado de la isla, Vilás sostiene que el estudio de movilidad que el promotor presentó se basaba en datos «falsos» porque no se correspondía con la última versión del proyecto. La querella sostiene que el informe del Consell favorable al estudio de movilidad vulnera la normativa medioambiental y el Plan especial de protección de ses Feixes de Talamanca.

Asimismo, sostiene que el informe elaborado por la consultora KPMG, por encargo de Vilás, señala que el proyecto cuenta con una serie de carencias con respecto al cumplimiento de las condiciones que exigía la Comisión de Medio Ambiente. También incide en que el Consell debería tramitar una nueva declaración de interés general debido al tiempo transcurrido desde su aprobación, en 2010, y las modificaciones sustanciales que se han incorporado al proyecto.

Sin embargo, el Consell ha hecho caso omiso a todo ello de forma «arbitraria» cometiendo «una injusticia», con «la aquiescencia», además, de la junta de gobierno de Santa Eulària, que debe «depurarse por la vía penal», según sostiene la defensa de Vilás.

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