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Una familia afronta el desalojo de un piso que le alquilaron ilegalmente en el puerto de Ibiza

Se trata de una pareja que vive con un niño de once años y que alquiló en 2021 una vivienda en Marina Botafoc | Denuncian coaccciones de su arrendador para pagar desde que descubrieron que no era el auténtico dueño

Los pisos están situados en plena zona portuaria, circunstancia que impide legalmente el uso habitacional de las casas. | J.A. RIERA

Una pareja a cargo de un niño de once años asegura haber descubierto que el piso de alquiler en el que viven y que arrendaron a un particular en la zona de Marina Botafoc del puerto de Vila en agosto de 2021 es en realidad propiedad de la Autoridad Portuaria de Balears (APB). Esta institución está desalojando los pisos del bloque, ya que la legislación prohíbe establecer viviendas en zona portuaria. Ahora, un juzgado de Palma les insta a abandonar la vivienda en un plazo de tres meses. Todo esto tras haber sufrido las presiones del falso propietario y su mujer para que paguen, denuncian.

Esta familia confirmó la sospecha de que residía en un piso que no era titularidad de quien afirmaba ser dueño de la vivienda y les cobraba el alquiler y el suministro eléctrico después de observar una serie de incongruencias en la factura de la luz, ya que les llegaban recibos con diferentes números de referencia, señalan. Detallan que los problemas (tres apagones y vigilancia del domicilio con fines intimidatorios) comenzaron en enero, después de avisar a su casero de que dejaban de abonar las rentas suscritas en el contrato, al descubrir que se trataba de un arrendamiento ilegal. «O me pagáis, o en marzo tenéis que iros», les amenazó, aseguran. El propietario afirmaba explotar las viviendas en régimen de concesión, cuentan. Sin embargo, ni está permitido el uso residencial en el puerto, ni hay ninguna concesión vigente en la actualidad. Las coacciones y la intimidación, precisan, cesaron a finales de febrero, y sospechan que su presunto autor está al corriente de haber sido denunciado.

Coacciones e intimidación

Denuncian tres cortes de luz y una vigilancia persistente del domicilio

Los afectados han denunciado ante la policía y la Justicia al arrendador y su pareja por dejarles sin luz tres veces y por rondar el primero la casa para intimidarles.


Tres meses para irse

Un juzgado de Palma insta a los inquilinos a que desalojen el piso en tres meses

El juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Palma da tres meses de margen para el desalojo.


Once pisos por desalojar

Hay 11 pisos de 24 por desalojar, según la APB

Aún vive gente en once pisos en proceso de desahucio, informa la APB, mientras que trece están vacíos.

La primera vez que se quedaron sin luz, el 28 de enero, no volvieron a recibir electricidad hasta varios días después y pasaron frío, señalan. Cuando contactaron con la compañía eléctrica descubrieron que el 24 de enero habían dado de baja el suministro, a nombre de la mujer del arrendador, recoge la denuncia que interpusieron.

Volvieron a tener luz después de conseguir poner el contrato a su nombre. Sin embargo, sufrieron un nuevo apagón el 9 de febrero y volvieron a denunciarlo. En esta ocasión, aseguran que la mujer del arrendador había llamado a la eléctrica y había contratado la potencia mínima, una minucia. Esta había asegurado a la empresa «ser la propietaria de la vivienda y deseaba poner un límite de consumo de 0,1 kw», figura en la denuncia. Pudieron restablecer el suministro al día siguiente, pero en el caso del último corte, el 23 de febrero, estuvieron sin luz aproximadamente una semana, explican.

En esta ocasión, cuentan que se hicieron pasar por ellos -el arrendador dispone de sus datos personales- para establecer de nuevo la potencia al mínimo. La pareja ya ha podido aclarar con la compañía eléctrica que ellos son los auténticos usuarios del suministro y que cualquier cambio en la provisión de servicios debe pasar por su autorización, previa consulta a su teléfono personal.

A todo esto se unió, indican, un comportamiento intimidatorio. El hombre merodeaba por el exterior del domicilio en su coche a diario, apuntan. Por su testimonio, la intimidación alcanzaba el acoso. La mujer indica haber sido seguida por el falso propietario en una ocasión en que salía de casa con su hijo. «Vio que yo salía en bicicleta con el niño para llevarlo a la parada del autobús y giró para venir a mirarme. Se paró, me miró, me sonrió y luego dio la vuelta para empezar a seguirme hasta un lugar». La persistencia de la vigilancia llegó al extremo en que, lamentan, su hijo de once años era consciente de la situación.

Denuncia ante Instrucción 1

Todo ello les llevó a denunciar al arrendador y su pareja ante el juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza. En concreto, solicitan una orden de protección que prohíba el acercamiento de los denunciados a menos de 200 metros de los afectados, mientras que también piden que declaren ante un juez por los hechos referidos.

Este frente judicial se une al del desalojo, si cabe más apremiante. Sobre todo, desde que la noche del jueves, su abogada, Marián García, firmara la recepción del auto por el que una magistrada del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma les da tres meses de margen para abandonar el inmueble, y así «la APB pueda ejecutar el acuerdo dictado en fecha 29/6/2021 que decreta el desahucio». En realidad, en este procedimiento kafkiano la autorización de desahucio no se dirige contra ellos, que no figuran como inquilinos del inmueble, sino contra una antigua arrendataria del piso.

La resolución, contra la que cabe recurso de apelación, ha dejado fríos a los inquilinos, que se preguntan retóricamente si de cara a junio -mes en que expira el margen de desalojo- van a poder encontrar una vivienda donde poder alojarse en la isla de Ibiza, e insisten en que firmaron el contrato de buena fe.

La APB explica por su parte que las 24 casas de la zona se enmarcan en una concesión que caducó en el año 2019, y afirmaron desconocer al citado arrendatario que explota de manera ilegal al menos la propiedad en la que vive la pareja. Sin embargo, no hay solo un inmueble ocupado y pendiente de desalojo después de que la APB haya retomado la gestión directa de la zona. La institución indica que, mientras trece de las viviendas están ahora vacías, las otras once permanecen aún ocupadas.

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