Un PTI libre de imposiciones y basado en el consenso social

La modificación número 2 del Plan Territorial Insular (PTI), aprobada por el Consell de Ibiza a principios de este año, basa la gestión del suelo en los derechos de los propietarios de suelo rústico de Ibiza y pone freno a la especulación, además de dar apoyo a la producción artesanal. Así lo han acordado con el ejecutivo insular los colectivos que han participado en la tramitación de esta modificación. «Escuchamos y dialogamos para establecer una propuesta que dé seguridad jurídica y garantice la sostenibilidad de nuestra isla», explicó el presidente, Vicent Marí, que remarcó la importancia de priorizar la negociación por encima de imposiciones.

Por su parte, el conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, remarcó que gracias a haber alcanzado «un punto intermedio en aquellas cuestiones más sensibles» entre los sectores más conservadores y aquellos que apuestan por el desarrollo, la nueva norma será «perdurable».

Entre las principales características de esta modificación destaca la prohibición de nuevas licencias turísticas en suelo rústico, con el objetivo de poner freno a la especulación. Esta medida elimina la posibilidad de otorgar licencias turísticas a 11.000 casas de campo. La única excepción serán aquellas casas payesas que sean anteriores a 1956 y se encuentren en Área Natural de Especial Interés (ANEI). En ese caso, podrán alquilarse por habitaciones, hasta un máximo de tres, durante no más de 60 días al año y siempre que el propietario viva en ellas. De este modo se pretende estimular el mantenimiento del paisaje rural y etnográfico.

Lo que sí estará permitido es la transmisión de propiedades entre familiares para dar solución a la transmisión entre generaciones. «El texto actual generaba la situación tan rocambolesca de que sobrinos, nietos o hermanos no se podían transmitir las fincas familiares y la única opción que tenían era venderla a capital externo», explicó Juan.

Por su parte, los payeses profesionales podrán poner en marcha más fácilmente actividades agrarias complementarias para rentabilizar sus fincas.

En materia de sostenibilidad, para combatir la falta de agua, las nuevas viviendas y aquellas que se sometan a una gran rehabilitación tendrán que instalar sistemas de reutilización de agua. Además, será obligatoria la expedición de un certificado energético que garantice la sostenibilidad de la vivienda y el documento de final de obra no se entregará si en la finca hay plantas tropicales o que consuman mucha agua.

El aprovechamiento de los 900 metros cúbicos máximos por vivienda que permite el actual PTI también mejora con esta modificación. En este sentido, se tiene en cuenta la idiosincrasia de las construcciones payesas. Sus muros se computarán de manera especial y se permitirán los porches tradicionales.

También se facilita la implantación de aparcamientos disuasorios de uso público, una medida muy reclamada por los ayuntamientos, para dar servicio a playas y zonas de mucha afluencia.

Por último, este PTI será el primero que incluya una disposición para dar cobertura legal a una nueva normativa contra la contaminación lumínica que sufre la isla.