Infraestructuras en Ibiza. Condenan al Estado a pagar 1,8 millones más por la desaladora de Santa Eulària

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio para la Transición Ecológica a pagar 1,8 millones de euros a la constructora y antigua concesionaria de la desaladora de Santa Eulària, la Unión Temporal de Empresas (UTE) EDAM Santa Eulària, formada por Aqualia, Gestión Integral del Agua SA y Servicios y Procesos Ambientales SA, por los costes de conservación y mantenimiento de la planta entre diciembre de 2011, cuando acabaron las obras, y abril de 2016, tras la resolución del contrato. Esta cantidad se debe actualizar con el IPC de este período, más el interés general desde abril de 2016 hasta que la Administración liquide la deuda.

Inicialmente, la UTE reclamaba el pago de 2,8 millones de euros, pero el Estado se oponía a ello. En todo caso, inicialmente, la subdirección general de Infraestructuras y Tecnología de la dirección general del Agua reconoció el pago de 1,8 millones de euros, con un informe favorable de la Abogacía del Estado.

El Consejo de Estado también emitió un dictamen en el que concluía que procedía estimar parcialmente la reclamación de la UTE, pero posteriormente la subdirección apuntada hizo una nueva propuesta de acuerdo en el que reducía la indemnización a 104.500 euros. Finalmente, tras el informe de la Intervención General, el secretario de Estado de Medio Ambiente dictó la resolución impugnada por la UTE que fijaba la indemnización en 107.500 euros.

Sobrecoste de las obras

La sentencia recuerda que cuando la UTE finalizó las obras, en diciembre de 2011, la planta desalinizadora estaba en plena disposición para ser explotada, pero no se inició la actividad por «una causa absolutamente ajena [a la concesionaria], como es la pelea entre las administraciones públicas implicadas».

El sobrecoste de las obras encarecía sustancialmente el coste del agua desalada y el Govern se negaba que repercutiera en el bolsillo de los ciudadanos. Esto provocó una disputa entre ambas administraciones, aún no resuelta, y el bloqueo de la puesta en marcha de la planta.

En estas condiciones, la UTE afrontó los costes de mantenimiento de la nueva infraestructura a la espera de que el Ministerio y el Govern balear se pusieran de acuerdo. Pero no llegaba, y el diciembre de 2013 la concesionaria solicitó la resolución del contrato por «el impago de las facturas (la parte fija de la tarifa de explotación). Dos años después, en 2015, el secretario de Estado de Medio Ambiente declaró resuelta la concesión por «la imposibilidad de explotar las obra». El Estado sólo reconocía entonces el pago del valor de la inversión: 25,6 millones.

Posteriormente, tras recurrir la resolución de la concesión por parte del Ministerio, la Audiencia Nacional dio por válido el cálculo económico del Estado, pero aumentó la cuantía en algo más de medio millón de euros por el lucro cesante, la expectativa de negocio truncada por la resolución de la concesión. No fue objeto de este contencioso los costes de mantenimiento y conservación de la infraestructura desde la finalización de las obras.

Ahora, la Audiencia considera «procedente reconocer la indemnización solicitada», aunque en la cuantía que fijó, en un primer informe, a la subdirección general de Infraestructuras y Tecnología de la dirección general del Agua. La prueba del importe de los gastos se corresponde con la documentación aportada por la UTE: facturas que fueron «comprobadas y analizadas individualmente por el servicio instructor» y que no se cuestionaron.

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