Urbanismo en Ibiza: Sant Josep rechaza por insuficiente el proyecto de derribo de la mansión de Platges de Comte

El Ayuntamiento de Sant Josep ha rechazado el proyecto de demolición presentado por la propiedad de la mansión del multimillonario ruso Vladislav Doronin, situada en la finca denominada Can Xuruiana (Cala Comte), por considerarlo insuficiente, como sucedió con el complejo Casa Lola el pasado año.

Desde el Consistorio explicaron que el proyecto de la propiedad "se queda corto", esto es, no incluye todos los metros cuadrados y construccones ilegales construidas en esta mansión desde que se concedió la licencia original. De hecho, la demolición que ha propuesto la propiedad, "no cumple con la situación urbanística" de la mansión y además "no restablece el solar a la realidad anterior" a la vulneración de la legalidad.

"Querían volver a la licencia original, a los metros de entonces, pero eso ya no es posible; se ha desvirtuado tanto [la construcción] que ya no pueden volver a la casilla de salida", indican las mismas fuentes.

Como en Casa Lola

Desde el equipo de gobierno apuntan que se mantiene, por lo tanto, la vía de la ejecución forzosa de las ilegalidades por parte del Ayuntamiento, unas obras presupuestadas en 176.000 euros.

Se repite así la situación de Casa Lola. El Consistorio debe fijar ahora el día y la hora de entrada de los técnicos municipales para que analicen la situación de la propiedad antes de proceder al derribo de las ilegalidades.

La demolición forzosa de la mansión (propiedad de Inversiones Rapa Nui 2012 SL) la adoptó el Ayuntamiento después de desestimar, el pasado mes de junio, el recurso de reposición que presentó el promotor ante la resolución del expediente de infracción.

Cabe recordar que las obras ejecutadas en la finca son consideradas una infracción urbanística «muy grave», por lo que se impone una sanción de 1,1 millones de euros a la propiedad y a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL), que suponen el 175% del valor de los trabajos.

Los antecedentes se remontan a marzo de 2014, cuando los servicios urbanísticos municipales detectaron obras realizadas en la vivienda que no cuentan con licencia.

Estas consistían en la modificación de las instalaciones, sustitución de la pavimentación, saneamiento de vigas y colocación de impermeabilizaciones y revestimientos en la totalidad de la construcción (excediendo la zona de la parte legal y autorizada) y derribo del porche existente.

Terraza, fosa séptica...

En cuanto al exterior de la vivienda, se realizaron movimientos de tierras en la zona de acceso, la anulación de la fosa séptica existente y la construcción de una terraza, porche y pasarela elevada y de madera. Según detalló el informe técnico realizado por el Ayuntamiento, se amplió la vivienda en una superficie aproximada de 225 metros cuadrados. La institución calculó que el presupuesto de ejecución material de las obras en proceso ascendía a 626.220 euros, lo que la llevó a incoar un expediente de protección de la legalidad urbanística.

Ante esta situación, la propiedad presentó una solicitud de legalización de las ampliaciones ejecutadas en la vivienda, pero en agosto de ese año la Junta de Gobierno las denegó.

Por ello, se inició un expediente administrativo sancionador que se notificó a ambas partes, también a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL), a finales del mes de enero de 2015. Apenas tres semanas después, la propiedad y la constructora presentaron alegaciones y ya en marzo se abrió el periodo de prueba del expediente aceptando una tasación contradictoria en relación con la valoración de las obras ejecutadas y, acto seguido, el propietario pidió que se suspendiera la tramitación del expediente sancionador tras presentar una licencia de legalización de las obras.

Cuatro años después, concretamente en diciembre de 2019, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma emitió una sentencia por la cual denegaba la legalización y ordenaba la reapertura del procedimiento administrativo suspendido.

Más obras

Por estas fechas (2019), los técnicos de Sant Josep constataron que «la promotora [propiedad] habían continuado ejecutando obras de tal manera que habían desvirtuado, totalmente, la vivienda existente. En consecuencia, en la parcela se ubica una vivienda de nueva construcción (con porche, pérgolas, piscina y terraza, entre otras)».

A todo ello se suma que no existe normativa urbanística que posibilite la legalización de las construcciones ejecutadas ya que están ubicadas en suelo rústico protegido inedificable.

Ya en enero de 2020, el Ayuntamiento dictó una propuesta de resolución del expediente sancionador ante la cual de nuevo el propietario presentó alegaciones y, además, solicitó «la necesaria suspensión de la tramitación del expediente», al haber presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia dictada por el Contencioso Administrativo 2 de Palma.

Se suspende la tramitación del expediente en marzo hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto ante el TSJ. Eso sucede ya a finales de diciembre de 2020, cuando Sant Josep recibe la sentencia firme que falla en favor del Ayuntamiento.

A partir de este punto, la ley estima que las actuaciones son constitutivas de una infracción considerada «muy grave», por lo que corresponde una multa del 100 al 250% del valor de la obra ejecutada (obras valoradas en 626.000 euros).

En febrero de 2021, el Consistorio resuelve el expediente contra el que un mes después la propiedad volvió a presentar un recurso de reposición. La Junta Local lo desestimó a finales de junio de este año y lo notificó a la propiedad de la mansión.