Amadiba valora recurrir a la vía judicial para tratar de cobrar el dinero que le debe el Consell de Ibiza

El Consell de Ibiza ha puesto en conocimiento de los juzgados de Instrucción y de la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades cometidas durante la pasada legislatura en la contratación de la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Balears (Amadiba). Lo anunció ayer el vicepresidente primero de la institución, Mariano Juan, pero la decisión se adoptó la pasada semana en el Consell Executiu a la vista del dictamen emitido por sus servicios jurídicos en relación a los 2.230.000 euros que reclama Amadiba al Consell por los servicios prestados entre 2017 y 2019. Ese dictamen jurídico concluye que «en base al artículo 262 de la Ley de enjuiciamiento criminal procede parar el procedimiento administrativo y dar cuenta a la Fiscalía Anticorrupción y a los juzgados de Instrucción» de toda la documentación recabada durante el año y medio que ha durado la instrucción del expediente abierto por la conselleria de Bienestar Social para dar una respuesta a la reclamación realizada por la entidad sin ánimo de lucro.

En palabras de Mariano Juan, «los hechos analizados son de tal gravedad y descaro que desbordan claramente lo que es una irregularidad administrativa y llevan al ámbito penal». Es por ese motivo, argumentó, que el equipo de gobierno insular ha decidido suspender el procedimiento administrativo hasta que pueda haber alguna comparecencia judicial de los anteriores mandatarios en la que alguno reconozca haber encargado a Amadiba los servicios que esta asociación asegura haber prestado en el anterior mandato. En ese caso, afirmó Mariano Juan, «se podría abrir una puerta a la tramitación de las facturas que Amadiba reclama desde 2018» por el coste del servicio del centro del día de Santa Eulària, las viviendas supervisadas para menores y mayores de 18 años y el centro residencial de acción educativa especializada. «La voluntad de este equipo de gobierno hubiera sido pagar, pero cuando tenemos delante la posibilidad de que se hayan cometido uno o varios delitos lo que toca es suspender la tramitación administrativa», insistió.

Entre otras cosas, el dictamen jurídico del Consell recoge que, según las informaciones facilitadas por Amadiba, el gobierno insular del pasado mandato, formado por PSOE y Guanyem, «prescindió groseramente del procedimiento administrativo» y «contrató sus servicios de forma verbal, sin nigún tipo de procedimiento, ni ordinario ni extraordinario, y sin el aval de ningún técnico de la corporación».

El informe detalla que «Amadiba aportó dos contratos firmados por la exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, el 1 de enero de 2018 y el 23 de marzo de ese mismo año, respecto a los que no consta aprobación ni tramitación alguna». «El informe concluye que estos contratos se han fabricado fraudulentamente, lo que podría conllevar delitos de negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación y falsedad documental», señaló Mariano Juan.

Asimismo, el dictamen jurídico relata otros hechos de gravedad, como el de que «uno de los cargos implicados en la contratación de Amadiba, después de dejar su cargo político, trabajó en la entidad social, lo que podría constituir un posible incumplimiento de la Ley estatal de incompatibilidades y del código ético aprobado en el pleno del 30 de septiembre de 2016». En el expediente consta también un informe del 12 de enero de 2023 en el que una funcionaria afirma que, en nombre del entonces presidente, Vicent Torres, «se le instaba a dar facilidades de financiación a Amadiba y se le presionaba para conformar facturas de un contrato, el del 1 de enero de 2018, que el dictamen tacha de fraudulento».

El vicepresidente primero también quiso dejar claro que los servicios que hay contratados actualmente con Amadiba «se están prestando conforme a la ley y que se están tramitando y pagando puntualmente las facturas».

Por su parte, la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, recordó que en el inicio del actual mandato se puso orden en la contratación de Amadiba y que se han tramitado dos conciertos con la entidad. Quiso también lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias usuarias recordando que los servicios contratados con la asociación en el actual mandato se seguirán prestando con normalidad. Asimismo, aprovechó para anunciar que «en breve será una realidad la cartera de servicios de Bienestar Social, que es la fórmula adecuada para dar estabilidad al sector y hacerlo dentro de la legalidad y con seguridad jurídica».

"Las familias de Amadiba somos las víctimas"

La gerente de la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Balears (Amadiba), Jane King, lamentó ayer que su reclamación para tratar de cobrar algo más de 2,2 millones de euros por servicios prestados entre 2017 y 2019 «no se haya podido solucionar de una manera pacífica». «Hoy (por ayer) es un día triste, estamos desolados, teníamos la esperanza de que habría un acuerdo entre el actual gobierno insular y el del anterior mandato y que, después de tantos años, las cosas se solucionarían por la vía de la concordia», explicó. «Que lleven el tema a la Fiscalía Anticorrupción y a los juzgados de Instrucción a nosotros no nos soluciona nada, porque a corto plazo no podremos cobrar el dinero que nos deben», señaló.

«Nosotros, Amadiba y las familias que la componen, somos las víctimas por confiar en las administraciones», quiso dejar claro la gerente de esta entidad sin ánimo de lucro. King reconoció también que Amadiba fue «incauta e inocente» al firmar el pasado mandato dos contratos «sin expediente administrativo detrás».

«Esto es la gota que colma el vaso, nos parece todo muy injusto, confiamos, en el anterior mandato y en el actual, que el Consell iba a arreglar el tema, pero hemos perdido la esperanza y las familias están en medio endeudadas hasta las cejas», remarcó.

A la vista de los últimos acontecimientos, King explicó que la asociación está valorando «ir a los juzgados y poner un contencioso administrativo contra el Consell» para reclamar el dinero de los servicios prestados entre julio de 2017 y julio de 2019. «Hasta ahora no lo habíamos hecho porque teníamos la esperanza de que el tema se solucionaría», apuntó.

Asimismo, quiso aclarar que aunque la cantidad que reclama la asociación, algo más de 2,2 millones de euros, «suene a mucho dinero», lo único que Amadiba está solicitando «es el coste de la atención de las personas que en aquel periodo fueron atendidas en el centro de día de Santa Eulària y en las viviendas supervisadas gestionadas por la entidad».

La respuesta del PSOE

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) aseguró ayer a través de un comunicado que «la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción ya archivó la denuncia sobre» el asunto abordado ayer y aseguró que el anuncio realizado por Mariano Juan «no es más que una campaña propagandística antes de las elecciones para intentar esconder las denuncias de irregularidades y presuntas corruptelas que afectan a instituciones gobernadas por el Partido Popular». «El conflicto sobre los pagos pendientes con Amadiba debería haberse resuelto hace mucho tiempo por la vía administrativa, que es la que corresponde», remarcó el PSOE tras manifestar su apoyo «al trabajo de la asociación afectada, que es absolutamente ejemplar, a todas las familias que atiende» y al expresidente Vicent Torres. Asimismo, exigió al actual presidente de la institución, Vicent Marí, «que deje de utilizar la contratación de un servicio de atención a menores con necesidades especiales para atacar a los partidos progresistas».

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