Madrid suprime la ayuda balear a los contratistas por subidas de costes

La lista de agravios que el sector balear de la construcción mantiene con el Govern no deja de crecer. Tras la reciente protesta de todo el colectivo inmobiliario por las medidas de limitación del desarrollo urbanístico aprobadas por el Parlament, el nuevo punto de colisión se ha producido ahora al acordarse con el Gobierno central la desaparición de la compensación extraordinaria que se había creado en las islas para las empresas constructoras en los casos en los que los costes de las obras públicas registraran fuertes incrementos.

Las nuevas reglas de juego que Madrid ha impuesto a Balears, y que han sido aceptadas en la Comisión Bilateral de ambas Administraciones, suponen limitar las posibilidades de que los contratistas de las islas puedan elevar los ingresos que reciben por la ejecución de una obra pública si sus costes se encarecen de forma apreciable, con el objetivo de limitar sus pérdidas, según lamenta la gerente de la patronal del sector, Sandra Verger.

El origen del conflicto se encuentra en el hecho de que desde el Gobierno central se considera que el Ejecutivo de Francina Armengol invadió sus competencias cuando creó la citada compensación especial para Balears con el fin de ampliar el número de constructoras que podrían beneficiarse de la revisión de precios, y ha exigido que dé marcha atrás, para volver a regularse con la normativa estatal.

El problema es que esta última es más ‘tacaña’ a la hora de fijar esas causas de compensación, y mientras que la balear sí lo contemplaba, el Real Decreto Ley del Ejecutivo estatal deja fuera del cálculo del aumento de costes apartados tan importantes como el desembolso que se hace en el capítulo energético, junto a algunos materiales.

Esta marcha atrás se produce precisamente en el mes en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado de subvencionar con 20 céntimos el precio de los carburantes, algo que afecta a la maquinaria que utiliza las constructoras.

Este acuerdo entre los Ejecutivos autonómico y estatal ha aparecido publicado en el Boletín Oficial de Balears del pasado día 26, por lo que la desaparición de la compensación extraordinaria de las islas se producirá en breve.

La aceptación de esta exigencia se ha justificado desde el Govern alegando que Madrid ha ido mejorando durante los últimos meses las condiciones para poder acceder a esa ayuda por el aumento de los costes, pero desde la asociación de constructores se insiste en que la regulación que se había fijado desde la Administración de las islas era más beneficiosa y facilitaba el acceso a la misma para a los contratistas locales.

Medio centenar de empresas

Sandra Verger lamenta el duro golpe que este cambio va a suponer para el medio centenar de empresas constructoras dedicadas a la obra pública en el archipiélago, pero también para el conjunto de los ciudadanos de Balears.

Para empezar, al quedar mucho más restringida la posibilidad de que el aumento de los costes se vea compensado, los contratistas van a ser mucho más cautos a la hora de participar en las licitaciones de las obras, lo que aumenta el riesgo de que queden desiertas. Estas situaciones ya se han convertido en habituales durante los últimos meses.

Además, recuerda que algunos de los proyectos que pueden quedar desiertos cuentan con financiación de la Unión Europea, que puede perderse si no se ejecutan los trabajos en el plazo fijado.

Añade que el hecho de tener que convocar un nuevo concurso tras quedar desierto, para fijar un presupuesto superior, conlleva retrasar unas obras públicas que deben de beneficiar al conjunto de los baleares.

Finalmente, señala también el peligro de que se destruyan puestos de trabajo si se provoca un descenso en la actividad de las constructoras afectadas.

Casi 90 obras públicas que nadie quiere hacer en menos de un año

Los sistemas diseñados para compensar económicamente a las empresas constructoras que realizan obra pública por las subidas de costes no previstas han tenido un funcionamiento claramente deficiente, y desde la patronal del sector se lamenta tener solo constancia de algún caso en el que esta ayuda se ha hecho efectiva por parte del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).

En marzo del pasado año el Govern se adhirió al sistema de revisión de precios estatal y a finales de ese mes aprobó su propia fórmula de compensación autonómica. El día 8 de noviembre se acordó la obligatoriedad de esas revisiones para los municipios.

Pese a todo ello, entre marzo de 2022 y el presente mes de enero la asociación balear de constructores tiene constancia de que 87 proyectos de obra pública, por valor de 74,2 millones de euros, han quedado desiertos, al no haber ninguna empresa que quisiera ejecutarlos por el precio marcado por la Administración. De ellos, 20 son posteriores al mes de noviembre.

Los ayuntamientos de las islas son los que presentan el peor balance en esta materia, con 52 licitaciones desiertas en diez meses, con un valor de casi 28 millones de euros. En el caso del Govern, 19 concursos no encontraron a ninguna empresa dispuesta a participar, con obras por valor de 38,7 millones. Los Consells Insulars han registrado nueve de estos casos, por un valor de 5,5 millones de euros, mientras que la Administración estatal contabiliza siete obras desiertas, por un importe de dos millones.

El problema radica en que el sistema de compensación autonómico para paliar los sobrecostes que se puedan registrar va a desaparecer, quedando solo el estatal, lo que desincentiva a las empresas constructoras.

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